Los atentados contra la Constitución y las leyes de Honduras que condujeron a la crisis política, que no institucional, en ese país, tenían una lógica más o menos entendible, aunque no la aprobemos, que era la búsqueda de los medios para perpetuarse el ex presidente Manuel Zelaya en el poder.
Luego de que fuera depuesto el domingo 28 de junio de 2009, sus declaraciones sólo tienen la lógica del terrorista de la democracia. Parece que dijera "hay que bombardear todo, intentar destruirlo, porque en río revuelto, ganancia de pescadores..."
Sin embargo, hay dos actuaciones que, para este observador, carecen de toda lógica: la primera, su encierro voluntario en una embajada. ¿Es que acaso se le ocurrió que el gobierno de transición (y no de facto como insiste en decir la prensa escrita y televisada) le iba a permitir movilizarse de ahí o desde donde está, ir de lugar en lugar llevando el caos? Ese encierro voluntario no tiene sentido, como no sea, como lo insinué hace algún tiempo, buscar su propia inmolación para pasar a la historia como un héroe, al estilo Salvador Allende, en lugar de ser un fracasado que fue echado de su país por la totalidad de instituciones, fuesen estas políticas, académicas o de la sociedad civil.
La segunda actuación a la que me refiero es la última: su petición, ahora aceptada por el gobierno de transición, de que no sea la Corte Suprema de Justicia, a la cual obviamente le teme, sino el Congreso Nacional, quien decida sobre su retorno o no a la Presidencia de la República.
Carece de lógica, según mi punto de vista, porque dicha Institución está compuesta por 128 diputados, me parece que de cinco partidos políticos; en la sesión del domingo 28 de junio en que fue depuesto y, en su lugar, electo Roberto Micheletti, como sucesor de conformidad con la Constitución de la República, votaron en favor de este último, es decir, en contra de que Manuel Zelaya se quedara ejerciéndola, 123 diputados. Sólo los 4 diputados del pequeño partido de extrema izquierda y una diputada de la Democracia Cristiana que, según entiendo, no estaba presente en la reunión, no apoyaron la medida que, hoy, casi todo el país respalda.
Luego, pensar que Manuel Zelaya se saldrá con el cometido de retornar a la Presidencia, se nos hace muy, pero muy, cuesta arriba. A estas altura de mi vida política he visto muchas cosas, pero un cambio repentino de las voluntades de los diputados hondureños, ante los ojos del mundo pero especialmente de la sociedad a quien se deben y representan, me es difícil imaginármelo.
Me parece, en conclusión, que ésta es la oportunidad para que la sociedad hondureña, expresada a través de sus representantes legítimos, le haga a esa malhadada "Comunidad Internacional" tragarse sus palabras.
La crisis política hondureña está por finalizar. Ése es mi pronóstico.
viernes, 30 de octubre de 2009
jueves, 29 de octubre de 2009
LA COORDINADORA SE FUE VIOLENTANDO NUEVAMENTE EL TRATADO
La confirmada Coordinadora de Debates del PARLACEN para el período 2008-2009, diputada Gloria Guadalupe Oquelí de Macoto, finalizó su controvertida gestión con su estilo propio: violando nuevamente el Tratado Constitutivo de la Institución.
Nosotros entendemos que alguien no versado en asuntos legales pueda tender a confundirse acerca de la jerarquía de las leyes, especialmente cuando hay textos contradictorios en cuerpos legales diferentes, pero que una persona que dice ser abogada no sepa diferenciar entre una Ley Constitutiva y un Reglamento Interno y, encima, lo utilice a su antojo para pretender continuar manipulando, es imperdonable, y ese fue su broche de oro, al pretender llevar a cabo y efectivamente haber celebrado una Asamblea Plenaria sin el quórum correspondiente.
¿Cómo quieren estos diputados que se le den facultades vinculantes al PARLACEN si no hay respeto por las formalidades legales y quien coordina los debates juega a su antojo con las mayorías requeridas hasta para constituir legalmente una sesión?
Si hoy, toda esta batalla por la legalidad que hemos emprendido es en un ambiente en donde se discute y se discute pero parece que nada sucediera fuera de la discusión, es preocupante que con este grado de irresponsbilidad se llegue al momento en que el parlamento de la región sí tenga facultades vinculantes y las ilegalidades que ahí se cometen comiencen a afectar el ámbito del Derecho Comunitario y, por ende, a los ciudadanos de Centroamérica.
Nosotros entendemos que alguien no versado en asuntos legales pueda tender a confundirse acerca de la jerarquía de las leyes, especialmente cuando hay textos contradictorios en cuerpos legales diferentes, pero que una persona que dice ser abogada no sepa diferenciar entre una Ley Constitutiva y un Reglamento Interno y, encima, lo utilice a su antojo para pretender continuar manipulando, es imperdonable, y ese fue su broche de oro, al pretender llevar a cabo y efectivamente haber celebrado una Asamblea Plenaria sin el quórum correspondiente.
¿Cómo quieren estos diputados que se le den facultades vinculantes al PARLACEN si no hay respeto por las formalidades legales y quien coordina los debates juega a su antojo con las mayorías requeridas hasta para constituir legalmente una sesión?
Si hoy, toda esta batalla por la legalidad que hemos emprendido es en un ambiente en donde se discute y se discute pero parece que nada sucediera fuera de la discusión, es preocupante que con este grado de irresponsbilidad se llegue al momento en que el parlamento de la región sí tenga facultades vinculantes y las ilegalidades que ahí se cometen comiencen a afectar el ámbito del Derecho Comunitario y, por ende, a los ciudadanos de Centroamérica.
miércoles, 28 de octubre de 2009
TRES DIFERENTES CRISIS, UNA SOLA LA CAUSA
En este blog he venido hablando de tres diferentes crisis: comencé explicando la crisis institucional en el Parlamento Centroamericano, que me llevaron, en primer lugar, a demandarlo ante la Corte Centroamericana de Justicia en noviembre de 2008 y luego, a pedirle la renuncia a la Junta Directiva espuria encabezada por la diputada Gloria Guadalupe Oquelí de Macoto (a veces lo ponen con doble T), en febrero del presente año.
En segundo lugar, le he dedicado varios artículos al análisis de la crisis política hondureña, que comenzó alrededor del cuarto trimestre de 2008, se agudizó el 28 de junio del presente año con el torpe Golpe de Estado que provocó la salida ilegal del expresidente Manuel Zelaya a Costa Rica, y que se ha venido prolongando hasta la presente fecha.
Por último, la crisis política nicaragüense, que arrancó con el fraude electoral municipal de noviembre de 2008 y se agudizó con la segunda fase del Golpe de Estado Técnico con el vergonzoso fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país, el 19 de octubre del presente año, cuando fueron intempestivamente reemplazados los Magistrados Titulares por los suplentes, lacayos del sandinismo, y en una sentencia insólita no declaran la inconstitucionalidad de alguna norma específica sino declaran la inaplicabilidad de varios artículos constitucionales, favoreciendo la reelección presidencial de Daniel Ortega y de alrededor de las dos terceras partes de los alcaldes del país, todos sandinistas.
Tres actores diferentes en estos tres escenarios, pero igual de megalómanos, igual de sociópatas, igual de irrespetuosos de la normativa jurídica del más alto nivel, la constitutiva.
Es la falta de respeto a la normativa jurídica la que tiene de cabeza a Honduras, al PARLACEN y a Nicaragua. Nada habría sucedido en niguno de los escenarios de que hablamos con el mínimo respeto a las normas básicas de convivencia contenidas, respectivamente, en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, en la Constitución hondureña y en la Constitución nicaragüense.
¿De qué sirve que estos tres personajes por demás pintorescos e históricos puedan acreditar varias décadas de experiencia política, si dicha vivencia no les ha servido más que para hacerse prepotentes, autoritarios e irrespetuosos de todos los demás al pasarle por encima a las leyes que son de todos?
¡Que Dios sane a estos pseudodirigentes de la cabeza y les dé el sentido común de que carecen!
En segundo lugar, le he dedicado varios artículos al análisis de la crisis política hondureña, que comenzó alrededor del cuarto trimestre de 2008, se agudizó el 28 de junio del presente año con el torpe Golpe de Estado que provocó la salida ilegal del expresidente Manuel Zelaya a Costa Rica, y que se ha venido prolongando hasta la presente fecha.
Por último, la crisis política nicaragüense, que arrancó con el fraude electoral municipal de noviembre de 2008 y se agudizó con la segunda fase del Golpe de Estado Técnico con el vergonzoso fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país, el 19 de octubre del presente año, cuando fueron intempestivamente reemplazados los Magistrados Titulares por los suplentes, lacayos del sandinismo, y en una sentencia insólita no declaran la inconstitucionalidad de alguna norma específica sino declaran la inaplicabilidad de varios artículos constitucionales, favoreciendo la reelección presidencial de Daniel Ortega y de alrededor de las dos terceras partes de los alcaldes del país, todos sandinistas.
Tres actores diferentes en estos tres escenarios, pero igual de megalómanos, igual de sociópatas, igual de irrespetuosos de la normativa jurídica del más alto nivel, la constitutiva.
Es la falta de respeto a la normativa jurídica la que tiene de cabeza a Honduras, al PARLACEN y a Nicaragua. Nada habría sucedido en niguno de los escenarios de que hablamos con el mínimo respeto a las normas básicas de convivencia contenidas, respectivamente, en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, en la Constitución hondureña y en la Constitución nicaragüense.
¿De qué sirve que estos tres personajes por demás pintorescos e históricos puedan acreditar varias décadas de experiencia política, si dicha vivencia no les ha servido más que para hacerse prepotentes, autoritarios e irrespetuosos de todos los demás al pasarle por encima a las leyes que son de todos?
¡Que Dios sane a estos pseudodirigentes de la cabeza y les dé el sentido común de que carecen!
lunes, 26 de octubre de 2009
LOS PELIGROS QUE ENFRENTA EL PROCESO ELECTORAL HONDUREÑO
Esta nota pensaba escribirla mañana, pero al ver las notas de prensa que destacan el asesinato a quemarropa de un coronel, en Honduras, algo totalmente inusual, así como del asesinato cobarde del joven Enzo Micheletti, sobrino del Presidente de Honduras, siento que es necesario expresar lo que me vengo temiendo desde hace algunos días, de lo cual estas dos notas tristes podrían ser sólo el comienzo.
Estoy bastante inquieto con el caso de la crisis política hondureña desde que salió una nota de prensa indicando que, en el oriente del ese país, había aparecido un avión de carga de fabricación polaca, con bandera venezolana, en una pista clandestina, ya vacío, sin saberse exactamente qué fue lo que bajaron en suelo hondureño, de dónde venía y quién está detrás del asunto. Lo que se sabe es que su capacidad de carga es mayor a diez toneladas, lo cual no es usual para el simple tráfico de drogas por vía aérea.
¿Qué llevaron a Honduras en este atípico avión?
Ahora que asesinaron a estas dos personas mis reflexiones me preocupan. Es obvio que, para los partidarios del regreso de Manuel Zelaya, comenzando por Hugo Chávez y Daniel Ortega, el tiempo opera en su contra. En la medida que pasan los días la crisis política hondureña tiende a desvanecerse. Los artículos de prensa escrita son más pequeños, en páginas menos destacadas. En la televisión, como no sea TeleSur, de Venezuela, Manuel Zelaya ya no es noticia. Luego, en su desesperación, algo tienen que hacer para mantener "vigente" una crisis que, si hubiese sido comprendida por la mal denominada "Comunidad Internacional", antes de dar su veredicto apresurado, ya no sería crisis política, por más que patalearan todos los camaradas ideologizados a quienes no les importa más que tener el poder y perpetuarse en él.
Pienso que no estaríamos viendo asesinatos de militares si no fuese porque se cuenta con un apoyo que antes no se tenía; y no me refiero al apoyo moral.
Sigo pensando que es muy posible que en los días que vengan y en la medida que se acerque el día del evento electoral, la violencia política podría desbordarse por el lado de los seguidores de Manuel Zelaya, posiblemente armados ya por obra y gracia de otros países que quieren seguir interfiriendo en los asuntos internos de los demás.
Como lo dije hace unos días en una entrevista de radio: el expresidente Manuel Zelaya es el político que más puentes ha tendido en la historia de Honduras; es un presidente pontificio, ya que logró lo que muchos han querido hacer y no han podido. Unió en una sola causa a los Partidos Políticos, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General, a los Colegios Profesionales, al Tribunal Nacional de Elecciones, a las Iglesias sin importar su denominación... a casi todos los sectores de la población... pero en su contra.
Veo una Honduras unida como nunca alrededor de sus líderes políticos y enfrascada en el proceso electoral a cargo del TNE, y deseo anticiparme señalando que el grado de asistencia a las urnas, en esta oportunidad, será histórico. Eso lo perciben también quienes quieren que no se lleve a cabo dicho proceso electoral, como si con eso pudiesen prolongarle el mandato a Manuel Zelaya. Ahora bien, lo peligroso es que pocas personas, pero bien armadas, hagan de las suyas el día de las elecciones.
No es buena la señal que estos dos asesinatos envían a todos lados. Veremos qué dice la denominada "Comunidad Internacional" al respecto o si se quedarán callados.
Por nuestra parte sentimos que la sangre derramada por estas dos personas sólo pone en perspectiva el esfuerzo institucional del Ejército en un conflicto que lleva ya varios meses y que, hasta donde hemos visto, ha sabido actuar disciplinadamente, aunque es dable, entre tantas personas que lo conforman, que haya quienes se salgan de la misma. Además, estos hechos sirven también para valorar el esfuerzo personal de quienes están dando la cara por todos los hondureños, especialmente el caso del señor Roberto Micheletti, porque de su peso cae que él no podría pensar siquiera en sostenerse sino porque representa, en estos momentos, el clamor popular y a todas las instituciones hondureñas.
Las sentidas muestras de pesar por las familias de estos dos hondureños y de las demás familias de las personas que también han sufrido la pérdida de algun ser querido por esta crisis que nunca debió existir si el presidente Zelaya hubiese tenido un poco de respeto por la Ley y de sentido común.
Estoy bastante inquieto con el caso de la crisis política hondureña desde que salió una nota de prensa indicando que, en el oriente del ese país, había aparecido un avión de carga de fabricación polaca, con bandera venezolana, en una pista clandestina, ya vacío, sin saberse exactamente qué fue lo que bajaron en suelo hondureño, de dónde venía y quién está detrás del asunto. Lo que se sabe es que su capacidad de carga es mayor a diez toneladas, lo cual no es usual para el simple tráfico de drogas por vía aérea.
¿Qué llevaron a Honduras en este atípico avión?
Ahora que asesinaron a estas dos personas mis reflexiones me preocupan. Es obvio que, para los partidarios del regreso de Manuel Zelaya, comenzando por Hugo Chávez y Daniel Ortega, el tiempo opera en su contra. En la medida que pasan los días la crisis política hondureña tiende a desvanecerse. Los artículos de prensa escrita son más pequeños, en páginas menos destacadas. En la televisión, como no sea TeleSur, de Venezuela, Manuel Zelaya ya no es noticia. Luego, en su desesperación, algo tienen que hacer para mantener "vigente" una crisis que, si hubiese sido comprendida por la mal denominada "Comunidad Internacional", antes de dar su veredicto apresurado, ya no sería crisis política, por más que patalearan todos los camaradas ideologizados a quienes no les importa más que tener el poder y perpetuarse en él.
Pienso que no estaríamos viendo asesinatos de militares si no fuese porque se cuenta con un apoyo que antes no se tenía; y no me refiero al apoyo moral.
Sigo pensando que es muy posible que en los días que vengan y en la medida que se acerque el día del evento electoral, la violencia política podría desbordarse por el lado de los seguidores de Manuel Zelaya, posiblemente armados ya por obra y gracia de otros países que quieren seguir interfiriendo en los asuntos internos de los demás.
Como lo dije hace unos días en una entrevista de radio: el expresidente Manuel Zelaya es el político que más puentes ha tendido en la historia de Honduras; es un presidente pontificio, ya que logró lo que muchos han querido hacer y no han podido. Unió en una sola causa a los Partidos Políticos, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General, a los Colegios Profesionales, al Tribunal Nacional de Elecciones, a las Iglesias sin importar su denominación... a casi todos los sectores de la población... pero en su contra.
Veo una Honduras unida como nunca alrededor de sus líderes políticos y enfrascada en el proceso electoral a cargo del TNE, y deseo anticiparme señalando que el grado de asistencia a las urnas, en esta oportunidad, será histórico. Eso lo perciben también quienes quieren que no se lleve a cabo dicho proceso electoral, como si con eso pudiesen prolongarle el mandato a Manuel Zelaya. Ahora bien, lo peligroso es que pocas personas, pero bien armadas, hagan de las suyas el día de las elecciones.
No es buena la señal que estos dos asesinatos envían a todos lados. Veremos qué dice la denominada "Comunidad Internacional" al respecto o si se quedarán callados.
Por nuestra parte sentimos que la sangre derramada por estas dos personas sólo pone en perspectiva el esfuerzo institucional del Ejército en un conflicto que lleva ya varios meses y que, hasta donde hemos visto, ha sabido actuar disciplinadamente, aunque es dable, entre tantas personas que lo conforman, que haya quienes se salgan de la misma. Además, estos hechos sirven también para valorar el esfuerzo personal de quienes están dando la cara por todos los hondureños, especialmente el caso del señor Roberto Micheletti, porque de su peso cae que él no podría pensar siquiera en sostenerse sino porque representa, en estos momentos, el clamor popular y a todas las instituciones hondureñas.
Las sentidas muestras de pesar por las familias de estos dos hondureños y de las demás familias de las personas que también han sufrido la pérdida de algun ser querido por esta crisis que nunca debió existir si el presidente Zelaya hubiese tenido un poco de respeto por la Ley y de sentido común.
A LAS PUERTAS DE LA GUERRA CIVIL EN NICARAGUA
La prepotencia es temeraria; cuando se le agregan dólares estadounidenses que debieran ser patrimonio exclusivo del pueblo venezolano y que ahora sirven para interferir en los asuntos internos de Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Honduras, Uruguay, Colombia, por nombrar algunos países, o la Organización de Estados Americanos, OEA, por nombrar alguna Institución, la prepotencia se vuelve estupidez.
Nicaragua ya tuvo su guerra constitucionalista en los albores del siglo XX; luego se dio la intervención funesta de Estados Unidos y la guerra heróica de Augusto C. Sandino, la cual finalizó hasta después de que Teodoro Roossevelt retirara las tropas estadounidenses de Nicaragua al amparo de su política del "New Deal" o un Nuevo Trato.
Fueron estas gestas del pasado las que inspiraron la conformación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en 1961, por figuras como Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge.
Luego, fue una lucha de todo un pueblo en contra de la odiosa dictadura de Anastasio Somoza García, de primero (asesinado por Rigoberto López a fines de los años 1950's), y de su hijo Anastasio Somoza Debayle, de último, la que llevó al gobierno revolucionario que duró de 1979 a 1990.
Daniel Ortega se encontraba en Costa Rica cuando triunfó la Revolución en 1979 en Nicaragua, pero de alguna manera se las ingenió para quedar en la Junta Revolucionaria, inicialmente, y para gobernar depués, con el apoyo de su hermano Humberto al frente del Ejército Sandinista, hasta que Violeta Barrios de Chamorro, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, periodista liberal asesinado años antes por los esbirros de Somoza, ganó la Presidencia.
Luego de los gobiernos de Barrios de Chamorro, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños, vistiéndose de rosado, cambiando el himno sandinista por el Himno a la Alegría (4to, movimiento de la 9a. Sinfonía de Ludwig van Beethoven) y soltando palomas en medio de sus discursos, el comandante revolucionario Daniel Ortega, amparado en la Constitución de Nicaragua, que permite la reelección si no son períodos seguidos, ganó por primera vez la Presidencia de la República mediante elecciones libres y democráticas.
La burla que Daniel Ortega ha hecho de la Democracia, burlándose de las reglas del juego sin que nadie le diga nada, lo ha envalentonado, estimulándolo los consejos no siempre buenos de su ahora amigo Hugo Chávez, el Neo Emperador Chamo.
Nadie se ha atrevido a decirle nada de la cooptación que ha hecho de los tribunales de justicia, de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, en donde los patéticos casos de Arnoldo Alemán Lacayo, expresidente de la República, y de Carlos Guerra Gallardo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, hoy magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, negociando ambos su impunidad a cambio de convertirse en lacayos del Presidente de la República, uno a través de sus huestes políticas, el otro a través de sus servicios en la CCJ, producen náuseas a las personas decentes y democráticas.
El Golpe de Estado en Nicaragua, del cual nadie de la mal denominada "Comunidad Internacional" ha dicho "esta boca es mía", ha sido una obra maestra de planeación, efectuada obviamente por personas dedicadas a tiempo completo a pensar cómo defraudar, de la manera que sea, a la Democracia, con tal de conseguir los fines del grupo; se está llevando a cabo desde hace algún tiempo, desde el demostrado fraude electoral municipal en noviembre de 2008 y, ante las legítimas protestas populares, Daniel Ortega se quejó ante la Asamblea General y el mismo José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, quien en lugar de utilizar toda la energía que le hemos visto desplegar contra el pueblo hondureño, no tenemos conocimiento de que haya movido un dedo en favor de la democracia nicaragüense.
El fraude electoral que sólo TeleSur, la televisión oficial de venezuela, defendió, fue la primera fase un plan bien orquestado y más ambicioso. Hoy, mediante este ardid, los alcaldes nicaragüenses del FSLN son más de las dos terceras partes del total de alcaldes del país. Si, además, agregamos que innumerables alcaldes participan del "churro legal" que pretenden hacernos tragar como válido, y ahora visualizan su reelección, entenderemos que es otra fase del Golpe de Estado Técnico que pretende asegurar el apoyo de los líderes del interior del país al hacerlos participar del mismo proyecto político antijurídico.
La última fase de este bien orquestado y diabólico Golpe de Estado, será, si se llega, el proceso eleccionario de 2012 en el cual Daniel Ortega y sus secuaces alcaldes tratarán de violentar el proceso democrático que establece la Constitución de Nicaragua y, si ya hicieron fraude electoral en 2008 y nada pasó, ¿qué les impide repetirlo nuevamente?
Sin embargo, el peligro que estamos viendo venir va en dos vías: la primera, el inevitable pleito interno dentro del FSLN, porque es obvio que, después de tantos años, habrá otros personajes dentro del partido con el interés de llegar a ser Presidente de la República, y esta jugada de Ortega pueda dar lugar a la ruputra definitiva. Lo mismo pasará en cada municipio con los Alcaldes que pretenden reelegirse.
Pero, por otro lado, es inevitable pensar que lo que ha prendido Ortega es la mecha de una nueva guerra civil en Nicaragua, porque quienes no son correligionarios del mismo pueden estar interpretando que este es un paso más hacia la odiosa dictadura que ya vivieron durante los años de los Somoza, la misma que Ortega Saavedra ayudó a eliminar, y es lógico suponer que habrá muchos nicaragüenses pensando que, si antes aguantaban los desmanes y ocurrencias porque había opción de derrotarlo en las urnas, ante tremendo descaro ya no están viendo una luz al final del tunel sino un período largo de nubarrones que hoy podrían quitarse de encima si reaccionan de alguna manera especial.
Con todo lo que he venido escribiendo sobre la crisis política hondureña, no he tenido realmente una preocupación seria de que la misma desemboque en guerra civil, porque los hondureños, en su gran mayoría, están unidos frente al expresidente Zelaya, quien fue el primero en violar la Constitución. Mis temores por el tema de Honduras los pondré en la próxima entrega.
Pero sobre el caso de Nicaragua sí tengo un tremendo temor de que esto termine mal, razón por la cual hago un llamado a todos, a la mal denominada "Comunidad Internacional", a la OEA, a la ONU, a los líderes políticos defensores de los derechos humanos y democráticos, para que, con la misma energía inusual utilizada en contra de Honduras, hoy se apersonen en Nicaragua para exigir el respeto a la Constitución, la separación de poderes y el irrestricto apego a la legalidad.
Es la "Comunidad Internacional" la que no ha dejado solo a un paria en Honduras, Manuel Zelaya. Hoy, pareciera que el pueblo nicaragüense está solo frente a la cooptación institucional y la sociopatía de Daniel Ortega, y desde esta humilde tribuna les pido que no los dejen solos, porque las batallas legales, de medios y posiblemente de otra naturaleza, están recién comenzando.
Nicaragua ya tuvo su guerra constitucionalista en los albores del siglo XX; luego se dio la intervención funesta de Estados Unidos y la guerra heróica de Augusto C. Sandino, la cual finalizó hasta después de que Teodoro Roossevelt retirara las tropas estadounidenses de Nicaragua al amparo de su política del "New Deal" o un Nuevo Trato.
Fueron estas gestas del pasado las que inspiraron la conformación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en 1961, por figuras como Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge.
Luego, fue una lucha de todo un pueblo en contra de la odiosa dictadura de Anastasio Somoza García, de primero (asesinado por Rigoberto López a fines de los años 1950's), y de su hijo Anastasio Somoza Debayle, de último, la que llevó al gobierno revolucionario que duró de 1979 a 1990.
Daniel Ortega se encontraba en Costa Rica cuando triunfó la Revolución en 1979 en Nicaragua, pero de alguna manera se las ingenió para quedar en la Junta Revolucionaria, inicialmente, y para gobernar depués, con el apoyo de su hermano Humberto al frente del Ejército Sandinista, hasta que Violeta Barrios de Chamorro, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, periodista liberal asesinado años antes por los esbirros de Somoza, ganó la Presidencia.
Luego de los gobiernos de Barrios de Chamorro, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños, vistiéndose de rosado, cambiando el himno sandinista por el Himno a la Alegría (4to, movimiento de la 9a. Sinfonía de Ludwig van Beethoven) y soltando palomas en medio de sus discursos, el comandante revolucionario Daniel Ortega, amparado en la Constitución de Nicaragua, que permite la reelección si no son períodos seguidos, ganó por primera vez la Presidencia de la República mediante elecciones libres y democráticas.
La burla que Daniel Ortega ha hecho de la Democracia, burlándose de las reglas del juego sin que nadie le diga nada, lo ha envalentonado, estimulándolo los consejos no siempre buenos de su ahora amigo Hugo Chávez, el Neo Emperador Chamo.
Nadie se ha atrevido a decirle nada de la cooptación que ha hecho de los tribunales de justicia, de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, en donde los patéticos casos de Arnoldo Alemán Lacayo, expresidente de la República, y de Carlos Guerra Gallardo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, hoy magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, negociando ambos su impunidad a cambio de convertirse en lacayos del Presidente de la República, uno a través de sus huestes políticas, el otro a través de sus servicios en la CCJ, producen náuseas a las personas decentes y democráticas.
El Golpe de Estado en Nicaragua, del cual nadie de la mal denominada "Comunidad Internacional" ha dicho "esta boca es mía", ha sido una obra maestra de planeación, efectuada obviamente por personas dedicadas a tiempo completo a pensar cómo defraudar, de la manera que sea, a la Democracia, con tal de conseguir los fines del grupo; se está llevando a cabo desde hace algún tiempo, desde el demostrado fraude electoral municipal en noviembre de 2008 y, ante las legítimas protestas populares, Daniel Ortega se quejó ante la Asamblea General y el mismo José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, quien en lugar de utilizar toda la energía que le hemos visto desplegar contra el pueblo hondureño, no tenemos conocimiento de que haya movido un dedo en favor de la democracia nicaragüense.
El fraude electoral que sólo TeleSur, la televisión oficial de venezuela, defendió, fue la primera fase un plan bien orquestado y más ambicioso. Hoy, mediante este ardid, los alcaldes nicaragüenses del FSLN son más de las dos terceras partes del total de alcaldes del país. Si, además, agregamos que innumerables alcaldes participan del "churro legal" que pretenden hacernos tragar como válido, y ahora visualizan su reelección, entenderemos que es otra fase del Golpe de Estado Técnico que pretende asegurar el apoyo de los líderes del interior del país al hacerlos participar del mismo proyecto político antijurídico.
La última fase de este bien orquestado y diabólico Golpe de Estado, será, si se llega, el proceso eleccionario de 2012 en el cual Daniel Ortega y sus secuaces alcaldes tratarán de violentar el proceso democrático que establece la Constitución de Nicaragua y, si ya hicieron fraude electoral en 2008 y nada pasó, ¿qué les impide repetirlo nuevamente?
Sin embargo, el peligro que estamos viendo venir va en dos vías: la primera, el inevitable pleito interno dentro del FSLN, porque es obvio que, después de tantos años, habrá otros personajes dentro del partido con el interés de llegar a ser Presidente de la República, y esta jugada de Ortega pueda dar lugar a la ruputra definitiva. Lo mismo pasará en cada municipio con los Alcaldes que pretenden reelegirse.
Pero, por otro lado, es inevitable pensar que lo que ha prendido Ortega es la mecha de una nueva guerra civil en Nicaragua, porque quienes no son correligionarios del mismo pueden estar interpretando que este es un paso más hacia la odiosa dictadura que ya vivieron durante los años de los Somoza, la misma que Ortega Saavedra ayudó a eliminar, y es lógico suponer que habrá muchos nicaragüenses pensando que, si antes aguantaban los desmanes y ocurrencias porque había opción de derrotarlo en las urnas, ante tremendo descaro ya no están viendo una luz al final del tunel sino un período largo de nubarrones que hoy podrían quitarse de encima si reaccionan de alguna manera especial.
Con todo lo que he venido escribiendo sobre la crisis política hondureña, no he tenido realmente una preocupación seria de que la misma desemboque en guerra civil, porque los hondureños, en su gran mayoría, están unidos frente al expresidente Zelaya, quien fue el primero en violar la Constitución. Mis temores por el tema de Honduras los pondré en la próxima entrega.
Pero sobre el caso de Nicaragua sí tengo un tremendo temor de que esto termine mal, razón por la cual hago un llamado a todos, a la mal denominada "Comunidad Internacional", a la OEA, a la ONU, a los líderes políticos defensores de los derechos humanos y democráticos, para que, con la misma energía inusual utilizada en contra de Honduras, hoy se apersonen en Nicaragua para exigir el respeto a la Constitución, la separación de poderes y el irrestricto apego a la legalidad.
Es la "Comunidad Internacional" la que no ha dejado solo a un paria en Honduras, Manuel Zelaya. Hoy, pareciera que el pueblo nicaragüense está solo frente a la cooptación institucional y la sociopatía de Daniel Ortega, y desde esta humilde tribuna les pido que no los dejen solos, porque las batallas legales, de medios y posiblemente de otra naturaleza, están recién comenzando.
sábado, 24 de octubre de 2009
LA JUSTICIA EN CENTROAMERICA PUEDE SER FORTALECIDA
El proceso de fortalecimiento del Sector Justicia en Guatemala, ha comenzado. Apenas da sus primeros pasos con la Ley de Comisiones de Postulación que impulsara la diputada Nineth Montenegro, que fuera engavetada por el oscurantismo y que, si no fuera por la sangre inocente derramada por Rodrigo Rosemberg y su legado póstumo de exigir Justicia, no habría pasado, jamás, de ser otro proyecto bien intencionado.
El Congreso de la República no soportó la presión de la Sociedad Civil en este tema, especialmente de la juventud que se organizó y comenzó a reunirse y a exigir con determinación. El proyecto se convirtió en ley y hoy, en Guatemala, podemos decir que ya tenemos la experiencia de un proceso diferente de elección que, si bien no es perfecto y puede con facilidad señalarse varios errores, también lo es que ha iniciado algo que es irreversible, que es susceptible de mejorarse y que seguramente se mejorará, que la Sociedad Civil no va a dejar de tener impulso en este necesario tema de la agenda nacional, y que hoy podemos sentirnos, todos quienes venimos apoyando este tema, con una sensación de satisfacción e insatisfacción.
Por nuestra parte, al recordarle a las más de 50,000 personas que nos congregamos en la Plaza Italia a pedir justicia por tantas muertes e independencia en la investigación de los asesinatos de dos empresarios y un profesional, en donde estaban señalados funcionarios de alto nivel del actual gobierno, comenzando con el Presidente de la República, que como parte importante de la independencia en la Administración de Justicia había que apoyar a la mencionada diputada Nineth Montenegro para que sacaran del archivo su proyecto de ley. El resultado de haber tenido una ley y un proceso de elección más transpartente que el anterior, nos hace sentirnos satisfechos.
Pero no lo estamos porque observamos que, en Guatemala, todavía hay mucho por hacer al respecto. Una de las principales tareas pendientes es la de vigilar la escogencia de los verdaderos operadores de la Justicia; me refiero a los Jueces de Primera Instancia y a los Magistrados de las Salas de Apelaciones, por un lado; a los Fiscales del Ministerio Público y a la Policía, por otros. Por supuesto que es sano tener magistrados sin tacha en la Corte Suprema de Justicia, lo cual no se logró totalmente, pero mi experiencia me dice que la CSJ tiene funciones bien limitadas en cuanto a la Administración de Justicia propiamente dicha. Lo bueno es que, según entiendo, se está trabajando en el tema y no se cejará hasta obtener, algún día, algo diferente a lo que hoy existe en el país.
Sin embargo, mi visión va más allá. Mi experiencia política regional me hace ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, soy de la creencia que Guatemala no puede avanzar sola en este tema. Es necesario que este proceso de transparencia en la elección de Magistrados y demás Operadores de Justicia se traslade al resto de países de la región.
Puedo poner el caso de Nicaragua como un ejemplo patético que necesita antención, revisarse y, finalmente, con el apoyo de toda la población, que será directamente la beneficiada, modificarse, transparentarse, dado que hoy, aunque se atenta frontalmente contra el sistema democrático sin que la OEA o la ONU o la denominada "Comunidad Internacional" digan absolutamente nada, el Presidente Daniel Ortega la ha convertido en un fundo de su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Tradicionalmente, los partidos políticos nicaragüenses se han "repartido" los puestos de la Corte Suprema de Justicia, pero Daniel Ortega se las ha ingeniado para poner magistrados vinculados directamente con él o con su partido, rompiendo con el principio de Independencia de Poderes, en donde hasta la autorización de cualquier franquicia no es un derecho del funcionario como en otros países sino algo previo para que pasen con el Presidente de la República para que se las autorice (por cierto, estoy en contra de ese tipo de privilegios).
Luego, que no nos extrañe que los magistrados de Daniel Ortega elijan como magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia a otros magistrados de Daniel Ortega, como he venido denunciando en entregas anteriores, de tal manera que la revisión del procedimiento de elección de magistrados de esta Corte también se hace necesaria, para modificarlo y, además, para que exista un mecanismo para que las tachas puedan ser hechas valer por los ciudadanos, de tal manera que las personas que integren las cortes tengan el perfil adecuado para el alto cargo al cual se les elije.
La revisión de los procedimientos internos de selección de Operadores de Justicia y el establecimiento con claridad de los requisitos para acceder al cargo, son dos cosas que no le pueden hacer daño a nadie, más que a las bandas organizadas de delincuentes, algunas de las cuales están enquistadas en el mismo lugar desde donde se ejerce el poder. Estas son cosas que todos los ciudadanos deberían apoyar.
El Congreso de la República no soportó la presión de la Sociedad Civil en este tema, especialmente de la juventud que se organizó y comenzó a reunirse y a exigir con determinación. El proyecto se convirtió en ley y hoy, en Guatemala, podemos decir que ya tenemos la experiencia de un proceso diferente de elección que, si bien no es perfecto y puede con facilidad señalarse varios errores, también lo es que ha iniciado algo que es irreversible, que es susceptible de mejorarse y que seguramente se mejorará, que la Sociedad Civil no va a dejar de tener impulso en este necesario tema de la agenda nacional, y que hoy podemos sentirnos, todos quienes venimos apoyando este tema, con una sensación de satisfacción e insatisfacción.
Por nuestra parte, al recordarle a las más de 50,000 personas que nos congregamos en la Plaza Italia a pedir justicia por tantas muertes e independencia en la investigación de los asesinatos de dos empresarios y un profesional, en donde estaban señalados funcionarios de alto nivel del actual gobierno, comenzando con el Presidente de la República, que como parte importante de la independencia en la Administración de Justicia había que apoyar a la mencionada diputada Nineth Montenegro para que sacaran del archivo su proyecto de ley. El resultado de haber tenido una ley y un proceso de elección más transpartente que el anterior, nos hace sentirnos satisfechos.
Pero no lo estamos porque observamos que, en Guatemala, todavía hay mucho por hacer al respecto. Una de las principales tareas pendientes es la de vigilar la escogencia de los verdaderos operadores de la Justicia; me refiero a los Jueces de Primera Instancia y a los Magistrados de las Salas de Apelaciones, por un lado; a los Fiscales del Ministerio Público y a la Policía, por otros. Por supuesto que es sano tener magistrados sin tacha en la Corte Suprema de Justicia, lo cual no se logró totalmente, pero mi experiencia me dice que la CSJ tiene funciones bien limitadas en cuanto a la Administración de Justicia propiamente dicha. Lo bueno es que, según entiendo, se está trabajando en el tema y no se cejará hasta obtener, algún día, algo diferente a lo que hoy existe en el país.
Sin embargo, mi visión va más allá. Mi experiencia política regional me hace ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, soy de la creencia que Guatemala no puede avanzar sola en este tema. Es necesario que este proceso de transparencia en la elección de Magistrados y demás Operadores de Justicia se traslade al resto de países de la región.
Puedo poner el caso de Nicaragua como un ejemplo patético que necesita antención, revisarse y, finalmente, con el apoyo de toda la población, que será directamente la beneficiada, modificarse, transparentarse, dado que hoy, aunque se atenta frontalmente contra el sistema democrático sin que la OEA o la ONU o la denominada "Comunidad Internacional" digan absolutamente nada, el Presidente Daniel Ortega la ha convertido en un fundo de su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Tradicionalmente, los partidos políticos nicaragüenses se han "repartido" los puestos de la Corte Suprema de Justicia, pero Daniel Ortega se las ha ingeniado para poner magistrados vinculados directamente con él o con su partido, rompiendo con el principio de Independencia de Poderes, en donde hasta la autorización de cualquier franquicia no es un derecho del funcionario como en otros países sino algo previo para que pasen con el Presidente de la República para que se las autorice (por cierto, estoy en contra de ese tipo de privilegios).
Luego, que no nos extrañe que los magistrados de Daniel Ortega elijan como magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia a otros magistrados de Daniel Ortega, como he venido denunciando en entregas anteriores, de tal manera que la revisión del procedimiento de elección de magistrados de esta Corte también se hace necesaria, para modificarlo y, además, para que exista un mecanismo para que las tachas puedan ser hechas valer por los ciudadanos, de tal manera que las personas que integren las cortes tengan el perfil adecuado para el alto cargo al cual se les elije.
La revisión de los procedimientos internos de selección de Operadores de Justicia y el establecimiento con claridad de los requisitos para acceder al cargo, son dos cosas que no le pueden hacer daño a nadie, más que a las bandas organizadas de delincuentes, algunas de las cuales están enquistadas en el mismo lugar desde donde se ejerce el poder. Estas son cosas que todos los ciudadanos deberían apoyar.
viernes, 23 de octubre de 2009
HABEMUS TERRIBILIS COORDINATORUM
La sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, en el expediente por la demanda que planteara en Contra del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, fue finalmente notificada el día miércoles 21 de octubre de 2009, al filo de las 15:30 horas. No es ésta la nota mediante la cual analizaremos el fallo, si es que vale la pena analizarlo a fondo; baste decir que la Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, razonó su voto en contra; que el magistrado Carlos Guerra Gallardo no firmó la sentencia aunque no razonó en contra, y que la misma indica, entre otras cosas, que la elección de Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto como Presidenta de la Junta Directiva, fue ilegal, lo cual confirma lo que he venido repitiéndole un año entero: sólo tiene categoría de Coordinadora de Debates.
Anteriormente había sido notificada, a los demandantes Camilo Brenes (Panamá) y Rodolfo Dougherty (Guatemala), la sentencia por la demanda interpuesta por ellos, en el mismo sentido. Esta demanda fue la que se inició antes de la elección del año pasado y en cuyo expediente se libró la medida cautelar ordenando que los Observadores de República Dominicana no debían aparecer en el padrón ni votar en la elección en que, desacatando la orden la la CCJ, sí lo hicieron. La sentencia, finalmente, señala que la elección fue ilegal.
Por último, después de habérseme notificado la sentencia de la manera indicada, se le notificó también al demandante Luis Adolfo García Esquivel (Nicaragua), la sentencia proferida en el expediente de la demanda que él también planteara en contra del PARLACEN. El fallo señala lo mismo: la elección fue ilegal.
La ahora confirmada y certificada Coordinadora de Debates, sabiendo lo que se le venía encima, tuvo esperando en la antesala del despacho que ha venido ocupando ilegítimamente, casi tres horas, al Secretario de la CCJ, doctor Orlando Guerrero, pero no tuvo más remedio que recibir, juntas, las notificaciones de las tres sentencias pronunciadas en su contra.
Al día siguiente, 22 de octubre, conforme al Tratado Constitutivo del PARLACEN, se llevó a cabo la elección de Junta Directiva para el período 2009-2010. Sobre la manipulación de la sesión de Asamblea Plenaria de ese día, llevada a cabo nuevamente por la terrible Coordinadora de Debates Oquelí de Macotto, elaboraré otra nota.
Baste decir de esta señora que ahora sale por la puerta trasera (aunque la CCJ, en una posición "gallo/gallina" convalida y le dá validez legal a todo lo actuado durante este año), que en todos los años que he servido a mis electores como diputado centroamericano, jamás ha salido un Presidente tan desgastado y desprestigiado pero, especialmente, jamás ha dejado alguien un escenario tan complicado en el PARLACEN ni le ha servido peor a los intereses de Centroamérica, que la Coordinadora de Debates.
"A superbia initium sumpsit omnis perditio", o lo que es lo mismo: "Toda perdición toma su principio de la soberbia".
Anteriormente había sido notificada, a los demandantes Camilo Brenes (Panamá) y Rodolfo Dougherty (Guatemala), la sentencia por la demanda interpuesta por ellos, en el mismo sentido. Esta demanda fue la que se inició antes de la elección del año pasado y en cuyo expediente se libró la medida cautelar ordenando que los Observadores de República Dominicana no debían aparecer en el padrón ni votar en la elección en que, desacatando la orden la la CCJ, sí lo hicieron. La sentencia, finalmente, señala que la elección fue ilegal.
Por último, después de habérseme notificado la sentencia de la manera indicada, se le notificó también al demandante Luis Adolfo García Esquivel (Nicaragua), la sentencia proferida en el expediente de la demanda que él también planteara en contra del PARLACEN. El fallo señala lo mismo: la elección fue ilegal.
La ahora confirmada y certificada Coordinadora de Debates, sabiendo lo que se le venía encima, tuvo esperando en la antesala del despacho que ha venido ocupando ilegítimamente, casi tres horas, al Secretario de la CCJ, doctor Orlando Guerrero, pero no tuvo más remedio que recibir, juntas, las notificaciones de las tres sentencias pronunciadas en su contra.
Al día siguiente, 22 de octubre, conforme al Tratado Constitutivo del PARLACEN, se llevó a cabo la elección de Junta Directiva para el período 2009-2010. Sobre la manipulación de la sesión de Asamblea Plenaria de ese día, llevada a cabo nuevamente por la terrible Coordinadora de Debates Oquelí de Macotto, elaboraré otra nota.
Baste decir de esta señora que ahora sale por la puerta trasera (aunque la CCJ, en una posición "gallo/gallina" convalida y le dá validez legal a todo lo actuado durante este año), que en todos los años que he servido a mis electores como diputado centroamericano, jamás ha salido un Presidente tan desgastado y desprestigiado pero, especialmente, jamás ha dejado alguien un escenario tan complicado en el PARLACEN ni le ha servido peor a los intereses de Centroamérica, que la Coordinadora de Debates.
"A superbia initium sumpsit omnis perditio", o lo que es lo mismo: "Toda perdición toma su principio de la soberbia".
sábado, 17 de octubre de 2009
VIDEO DEDICADO A LOS SEGUIDORES DE CASTRO, CHAVEZ, ORTEGA, ZELAYA, MORALES, KIRCHNER, CORREA, MUJICA, COLOM, ETC...
El comunismo no se impone de glope. Llega disfrazado de socialismo, como en Cuba, e inicia un proceso que incluye modificación a la Constitución para perpetuarse en el poder, cancelación de medios independientes de información, control absoluto sobre la educación de niños y jóvenes y confiscación de bienes.
Es obvio que el proceso en marcha en Venezuela es el más avanzado del continente, a excepción de Cuba, en donde Chávez ya se perpetuó en el poder, ya cerró muchos medios de información, ya tiene el control de la educación de niños y, no contento con expropiar empresas extranjeras, ahora ha iniciado, bajo el discutido nombre de "rescate de tierras", la confiscación de las parcelas que los sencillos campesinos han venido trabajando, en calidad de propietarios, durante décadas. El funcionario chavista que aparece en el video "imponiendo el orden" es el Gobernador del Estado. Su prepotencia contrasta con la paciencia y educación del matrimonio acosado.
Bien dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, debes poner las tuyas a remojar. En este vínculo el video. Les recomiendo escuchar el lamento que los pobres campesinos que se han quedado sin nada ese día, emiten al final, en forma de susurro. Al final del mismo, pregúntense si no tienen razón, los hondureños, de defender su patria, su futuro y sus instituciones. Ojalá despierten a tiempo los hermanos uruguayos, que tienen elección el 25 del presente mes, y puedan visualizar su futuro con lo que hoy pasa en Venezuela.
http://www.noticierodigital.com/?p=55067
Es obvio que el proceso en marcha en Venezuela es el más avanzado del continente, a excepción de Cuba, en donde Chávez ya se perpetuó en el poder, ya cerró muchos medios de información, ya tiene el control de la educación de niños y, no contento con expropiar empresas extranjeras, ahora ha iniciado, bajo el discutido nombre de "rescate de tierras", la confiscación de las parcelas que los sencillos campesinos han venido trabajando, en calidad de propietarios, durante décadas. El funcionario chavista que aparece en el video "imponiendo el orden" es el Gobernador del Estado. Su prepotencia contrasta con la paciencia y educación del matrimonio acosado.
Bien dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, debes poner las tuyas a remojar. En este vínculo el video. Les recomiendo escuchar el lamento que los pobres campesinos que se han quedado sin nada ese día, emiten al final, en forma de susurro. Al final del mismo, pregúntense si no tienen razón, los hondureños, de defender su patria, su futuro y sus instituciones. Ojalá despierten a tiempo los hermanos uruguayos, que tienen elección el 25 del presente mes, y puedan visualizar su futuro con lo que hoy pasa en Venezuela.
http://www.noticierodigital.com/?p=55067
jueves, 15 de octubre de 2009
LA TRISTE CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA EN LAS FAUCES DEL LOBO
Antes de que finalizara la primera quincena de noviembre de 2008 fue presentada a la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, con sede en Managua, Nicaragua, la demanda que contiene varias acciones de nulidad, una consulta y una acción de incumplimiento, incoada en contra del Parlamento Centroamericano, especialmente por la sucia elección de la Junta Directiva que encabeza la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto, la ya famosa "Coordinadora de Debates" porque no le puedo otorgar el rango de Presidenta, que con tal de llegar a este puesto de relativo poder, que por cierto le sirvió de plataforma para encabezar el listado de candidatos a diputado del Partido Liberal de Honduras, recurrió al voto ilegal e ilegítimo de los Observadores de República Dominicana, que son 22, violando y violentando, a pesar de decir que es abogada, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Todo lo anterior, a pesar de haber recibido el PARLACEN, y de haberse leído en la Asamblea Plenaria anterior a la elección que se llevó a cabo el 22 de octubre de 2008, una orden cautelar de la misma CCJ, en donde ordenaba expresamente excluir del padrón electoral a los Observadores.
El tiempo ha transcurrido y la CCJ, maliciosamente, influida en gran medida por los cuestionados Magistrados de Nicaragua, una militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN y hermana del poderoso exguerrillero y ahora Presidente del Banco Central de Nicaragua; el otro, proveniente de la oposición, pero "casualmente" absuelto de los tribunales ordinarios de Nicaragua, en manos de los sandinistas, por cargos de acoso sexual en contra de la ex jueza Juana Mariela Vargas Rocha, quien siendo la parte débil, fue obligada a renunciar; decimos "casualmente" absuelto porque fue casualidad que, de acusado de un delito de género, pasó, con el voto de los sandinistas, a ocupar el cargo de Magistrado de la CCJ. ¡Vaya bandeja de plata! La pregunta es: ¿gratis? ¿a quién sirve, hoy, este cuestionado magistrado? (la minúscula es a propósito).
Ahora bien, el 22 de octubre, dentro de 6 días, se llevará a cabo una nueva elección de Junta Directiva del PARLACEN, sólo que esta vez no le toca la Presidencia a Honduras, sino a Nicaragua, debido al orden alfabético que el Tratado Constitutivo contempla. El candidato del partido de gobierno de Nicaragua, el FSLN de Daniel Ortega (por si quieren saber de acoso sexual, sólo pongan en el buscador de Internet: Ortega y Zoilamérica), deviene, naturalmente, el Secretario de Relaciones Internacionales y diputado centroamericano, Jacinto Suárez, de modo que el partido de gobierno de Nicaragua tiene especial interés en que este proceso electoral que se avecina esté asegurado. ¡Y lo aseguran 22 votos totalmente ilegales que sólo vienen a seguir ensuciando al PARLACEN, a la Junta Directiva y a toda la clase política regional!
De ahí la ingerencia, todo este año, dentro del proceso de demanda que entablamos oportunamente, de los testaferros de Ortega Saavedra y del FSLN en la CCJ.
Ahora que la prensa independiente, tanto de Honduras como de República Dominicana, ha dado a conocer que existe un fallo que ordena limitar el voto a los diputados, señalando que los Observadores tienen derechos restringidos mientras tengan ese rango, por lo cual no deben votar ni ser electos en elecciones internas, resulta que la CCJ se niega a notificar a las partes dicha sentencia.
¿A quién creer? ¿Es la prensa independiente mentirosa? ¿Es el Secretario de la CCJ, Orlando Guerrero, quien falta a la verdad? Porque el miércoles 14 de octubre, en horas de la tarde, se apersonó el abogado y patriota nicaragüense, Adolfo García Esquivel, en calidad de abogado de quien escribe, a solicitar que se le notificara, y la respuesta del doctor Guerrero fue que no han firmado la sentencia.
La lectura que tenemos de lo que sucede es que los sandinistas ejercen demasiada presión sobre la CCJ. No extrañaría que, en lugar de fallar jurídicamente, es decir, conforme a Derecho, hayan pactado políticamente, asegurando la sucesión de un nuevo "Coordinador de Debates" afin a Daniel Ortega, y hayan recubierto de relativa legalidad el acuerdo político, dándole una apariencia de fallo correcto, pero que llega después de que se llevó a cabo la elección programada para el próximo 22 de octubre, permitiendo que ésta se realice con un procedimiento que, según se sabe del texto de la sentencia, establecieron que es ilegal.
El entorno territorial de una corte de esta naturaleza no debiera ser el de uno que es gobernado por personas cuestionadas, acostumbradas a violar las leyes, a comprar jueces, a pactar sobre todo lo que sea y después ver cómo se las arreglan con la Ley. Si a esto sumamos que la CCJ está, ahora, gracias a que el expresidente Manuel Zelaya enloqueció de poder y que los hondureños lo depusieron, en las fronteras territoriales del imperialismo chamo, ese que liderado por Hugo Chávez, invocando a Bolívar y con el apoyo de los petrodólares que paga Estados Unidos, disfraza de integración toda esa intervención en los asuntos internos de otros países de que hemos tenido noticia en los últimos tiempos, ya como maleta repleta de dólares, como en Argentina; ya como compra de libros, como en Uruguay, o venta subsidiada y apalancada de petróleo, como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, pero petróleo que no es otorgado a los Estados, sino a los líderes incondicionales en forma personal, quienes se dedican a limosnear y a agradecer al todopoderoso héroe de Oliver Stone, comparándolo con Jesucristo porque reparte la riqueza que pertenece a los venezolanos.
Sí, estos líderes incondicionales e ideologizados ahora tienen muchísimo poder, el que les da el dinero producto de la venta del petróleo que Hugo Chávez les está casi regalando, a costa del los venezolanos. Ese gran poder lo tiene Daniel Ortega, frente a una CCJ débil y condenada a seguir funcionando en Managua, su sede conforme al Estatuto que le dio vida. Tales situaciones lo ponen a uno, con los colmillos largos en política por los años de bregar en élla, a pensar. Y conste que fue un nicaragüense a quien le escuché, por vez primera, hace más de 12 años, el dicho aquél que dice: "Piensa mal y acertarás".
Ya que la llamada "Comunidad Internacional" está tan preocupada por el resguardo de la democracia en Centroamérica y de sus procesos democráticos, públicamente denuncio el nuevo fraude electoral que políticos mañosos como la "Coordinadora de Debates" y sus huestes quieren hacer. El Parlamento Centroamericano es el órgano político más importante del Sistema de la Integración de Centroamérica, al igual que la Corte Centroamericana de Justicia lo es en el ámbito de la Administración de Justicia, y los dos órganos están viciados por un tema que no debiera calentarles tanto la cabeza. ¿Presidir el Parlamento? ¿Quién se muere por presidir un Organismo a quien nadie voltea a ver, haga lo que haga?
Lo que se está dando en el PARLACEN es un Golpe de Estado Técnico, cantado de antemano por este servidor, con documentación que lo soporta, con personajes de carne y hueso y con nombres propios y apellidos que, con estas actitudes, traicionan, como Manuel Zelaya lo hizo, el voto de sus electores, ya que nadie ha sido electo para estos cargos con la finalidad de llegar a violar las leyes deliberadamente. Eso sucedió en Honduras y eso está sucediendo, actualmente, en el Parlamento Centroamericano. La Unión Europea que tanto ha apoyado el retorno a la democracia en nuestra región, tanto como al Parlamento Centroamericano; que tanto ha condenado a Honduras y le quiere seguir imponiendo condiciones. ¿Dónde está en estos momentos en que se está fraguando y llevando a cabo este fraude?
La pregunta final es la siguiente: ¿Qué papel está jugando, en todo esto, la Reunión de Presidentes, la que Oscar Arias calificó de inoperante?
Ya en el pasado señalé las ingerencias en este asunto, a principios de este año, del Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien sabemos se comunicó referente al problema en que estaban sus Observadores, con el entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue, al final de cuentas, quien se encargó de hablar, a su vez, con algunos Magistrados de la CCJ y con el Presidente nicaragüense Daniel Ortega; todavía no sabemos más allá.
Ese antecedente, cuando ya ha sido publicado en República Dominicana el revés político y jurídico del Presidente Leonel Fernández, no sería de extrañar que las llamadas ahora fuesen directamente a Daniel Ortega y Álvaro Colom, y que fuesen ellos mismos, totalmente afines ideológicamente, quienes estuvieran detrás del silencio de la CCJ. El caso de El Salvador es diferente, ya que los diputados centroamericanos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, están totalmente alineados con estas ilegalidades y con la causa de sus colegas hondureña y nicaragüense, así como con los Observadores, pero el Presidente de ese país, Mauricio Funes, todavía me inspira la confianza de ser un político limpio, franco, que podría no prestarse, a pesar de las presiones del partido que lo llevó al poder, a entrometerse en asuntos propios de la CCJ o del PARLACEN.
La pequeña porción de historia de nuestra región que aquí narro, se está escribiendo cada hora, cada minuto. No sabemos a ciencia cierta qué pasará. Seguimos atentos a los sucesos que nos atrevemos a compartir con Uds., nuestros electores, a quienes jamás dejamos de tener en mente porque tenemos un mandato, sobre el cual nos referiremos en próxima oportunidad.
El tiempo ha transcurrido y la CCJ, maliciosamente, influida en gran medida por los cuestionados Magistrados de Nicaragua, una militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN y hermana del poderoso exguerrillero y ahora Presidente del Banco Central de Nicaragua; el otro, proveniente de la oposición, pero "casualmente" absuelto de los tribunales ordinarios de Nicaragua, en manos de los sandinistas, por cargos de acoso sexual en contra de la ex jueza Juana Mariela Vargas Rocha, quien siendo la parte débil, fue obligada a renunciar; decimos "casualmente" absuelto porque fue casualidad que, de acusado de un delito de género, pasó, con el voto de los sandinistas, a ocupar el cargo de Magistrado de la CCJ. ¡Vaya bandeja de plata! La pregunta es: ¿gratis? ¿a quién sirve, hoy, este cuestionado magistrado? (la minúscula es a propósito).
Ahora bien, el 22 de octubre, dentro de 6 días, se llevará a cabo una nueva elección de Junta Directiva del PARLACEN, sólo que esta vez no le toca la Presidencia a Honduras, sino a Nicaragua, debido al orden alfabético que el Tratado Constitutivo contempla. El candidato del partido de gobierno de Nicaragua, el FSLN de Daniel Ortega (por si quieren saber de acoso sexual, sólo pongan en el buscador de Internet: Ortega y Zoilamérica), deviene, naturalmente, el Secretario de Relaciones Internacionales y diputado centroamericano, Jacinto Suárez, de modo que el partido de gobierno de Nicaragua tiene especial interés en que este proceso electoral que se avecina esté asegurado. ¡Y lo aseguran 22 votos totalmente ilegales que sólo vienen a seguir ensuciando al PARLACEN, a la Junta Directiva y a toda la clase política regional!
De ahí la ingerencia, todo este año, dentro del proceso de demanda que entablamos oportunamente, de los testaferros de Ortega Saavedra y del FSLN en la CCJ.
Ahora que la prensa independiente, tanto de Honduras como de República Dominicana, ha dado a conocer que existe un fallo que ordena limitar el voto a los diputados, señalando que los Observadores tienen derechos restringidos mientras tengan ese rango, por lo cual no deben votar ni ser electos en elecciones internas, resulta que la CCJ se niega a notificar a las partes dicha sentencia.
¿A quién creer? ¿Es la prensa independiente mentirosa? ¿Es el Secretario de la CCJ, Orlando Guerrero, quien falta a la verdad? Porque el miércoles 14 de octubre, en horas de la tarde, se apersonó el abogado y patriota nicaragüense, Adolfo García Esquivel, en calidad de abogado de quien escribe, a solicitar que se le notificara, y la respuesta del doctor Guerrero fue que no han firmado la sentencia.
La lectura que tenemos de lo que sucede es que los sandinistas ejercen demasiada presión sobre la CCJ. No extrañaría que, en lugar de fallar jurídicamente, es decir, conforme a Derecho, hayan pactado políticamente, asegurando la sucesión de un nuevo "Coordinador de Debates" afin a Daniel Ortega, y hayan recubierto de relativa legalidad el acuerdo político, dándole una apariencia de fallo correcto, pero que llega después de que se llevó a cabo la elección programada para el próximo 22 de octubre, permitiendo que ésta se realice con un procedimiento que, según se sabe del texto de la sentencia, establecieron que es ilegal.
El entorno territorial de una corte de esta naturaleza no debiera ser el de uno que es gobernado por personas cuestionadas, acostumbradas a violar las leyes, a comprar jueces, a pactar sobre todo lo que sea y después ver cómo se las arreglan con la Ley. Si a esto sumamos que la CCJ está, ahora, gracias a que el expresidente Manuel Zelaya enloqueció de poder y que los hondureños lo depusieron, en las fronteras territoriales del imperialismo chamo, ese que liderado por Hugo Chávez, invocando a Bolívar y con el apoyo de los petrodólares que paga Estados Unidos, disfraza de integración toda esa intervención en los asuntos internos de otros países de que hemos tenido noticia en los últimos tiempos, ya como maleta repleta de dólares, como en Argentina; ya como compra de libros, como en Uruguay, o venta subsidiada y apalancada de petróleo, como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, pero petróleo que no es otorgado a los Estados, sino a los líderes incondicionales en forma personal, quienes se dedican a limosnear y a agradecer al todopoderoso héroe de Oliver Stone, comparándolo con Jesucristo porque reparte la riqueza que pertenece a los venezolanos.
Sí, estos líderes incondicionales e ideologizados ahora tienen muchísimo poder, el que les da el dinero producto de la venta del petróleo que Hugo Chávez les está casi regalando, a costa del los venezolanos. Ese gran poder lo tiene Daniel Ortega, frente a una CCJ débil y condenada a seguir funcionando en Managua, su sede conforme al Estatuto que le dio vida. Tales situaciones lo ponen a uno, con los colmillos largos en política por los años de bregar en élla, a pensar. Y conste que fue un nicaragüense a quien le escuché, por vez primera, hace más de 12 años, el dicho aquél que dice: "Piensa mal y acertarás".
Ya que la llamada "Comunidad Internacional" está tan preocupada por el resguardo de la democracia en Centroamérica y de sus procesos democráticos, públicamente denuncio el nuevo fraude electoral que políticos mañosos como la "Coordinadora de Debates" y sus huestes quieren hacer. El Parlamento Centroamericano es el órgano político más importante del Sistema de la Integración de Centroamérica, al igual que la Corte Centroamericana de Justicia lo es en el ámbito de la Administración de Justicia, y los dos órganos están viciados por un tema que no debiera calentarles tanto la cabeza. ¿Presidir el Parlamento? ¿Quién se muere por presidir un Organismo a quien nadie voltea a ver, haga lo que haga?
Lo que se está dando en el PARLACEN es un Golpe de Estado Técnico, cantado de antemano por este servidor, con documentación que lo soporta, con personajes de carne y hueso y con nombres propios y apellidos que, con estas actitudes, traicionan, como Manuel Zelaya lo hizo, el voto de sus electores, ya que nadie ha sido electo para estos cargos con la finalidad de llegar a violar las leyes deliberadamente. Eso sucedió en Honduras y eso está sucediendo, actualmente, en el Parlamento Centroamericano. La Unión Europea que tanto ha apoyado el retorno a la democracia en nuestra región, tanto como al Parlamento Centroamericano; que tanto ha condenado a Honduras y le quiere seguir imponiendo condiciones. ¿Dónde está en estos momentos en que se está fraguando y llevando a cabo este fraude?
La pregunta final es la siguiente: ¿Qué papel está jugando, en todo esto, la Reunión de Presidentes, la que Oscar Arias calificó de inoperante?
Ya en el pasado señalé las ingerencias en este asunto, a principios de este año, del Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien sabemos se comunicó referente al problema en que estaban sus Observadores, con el entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue, al final de cuentas, quien se encargó de hablar, a su vez, con algunos Magistrados de la CCJ y con el Presidente nicaragüense Daniel Ortega; todavía no sabemos más allá.
Ese antecedente, cuando ya ha sido publicado en República Dominicana el revés político y jurídico del Presidente Leonel Fernández, no sería de extrañar que las llamadas ahora fuesen directamente a Daniel Ortega y Álvaro Colom, y que fuesen ellos mismos, totalmente afines ideológicamente, quienes estuvieran detrás del silencio de la CCJ. El caso de El Salvador es diferente, ya que los diputados centroamericanos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, están totalmente alineados con estas ilegalidades y con la causa de sus colegas hondureña y nicaragüense, así como con los Observadores, pero el Presidente de ese país, Mauricio Funes, todavía me inspira la confianza de ser un político limpio, franco, que podría no prestarse, a pesar de las presiones del partido que lo llevó al poder, a entrometerse en asuntos propios de la CCJ o del PARLACEN.
La pequeña porción de historia de nuestra región que aquí narro, se está escribiendo cada hora, cada minuto. No sabemos a ciencia cierta qué pasará. Seguimos atentos a los sucesos que nos atrevemos a compartir con Uds., nuestros electores, a quienes jamás dejamos de tener en mente porque tenemos un mandato, sobre el cual nos referiremos en próxima oportunidad.
miércoles, 14 de octubre de 2009
¿HACIA DÓNDE LLEVA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A AMÉRICA LATINA?
Existe tremendo contrasentido, para el futuro democrático de América Latina, con el triste papel que está jugando la denominada "Comunidad Internacional", que en lugar de entenderse por el conjunto de ciudadanos que conformamos el mundo, el término se lo han atribuido los líderes del mundo, muchos de ellos totalmente desgastados en sus propios países.
Esa "Comunidad Internacional", en su doble moral, por lo que percibimos, viene actuando precisamente en contra del sentir de la gran mayoría de los gobernados de sus respectivos países, y lo que es peor, esa mayoría de opositores a esa política, viene creciendo en la medida que cada día que pasa entendemos mejor que nuestros supuestos líderes van en el sentido equivocado de lo que la razón dicta, distanciándonos cada vez más de ellos.
Aunque no todos ejerzamos la política o participemos en élla, todos tenemos ese olfato, ese sentido político de lo que es correcto, de lo que es moral, de lo que es ético, de lo que debiera hacerse. De ahí que comentemos, opinemos y terminemos estando en contra o a favor de algo. Eso sucede siempre. No necesitamos ser activistas políticos sino sólo encontrarnos a alguien en el supermercado, ir al banco; interactuar con las personas.
Las poblaciones de nuestros países poco a poco vamos entendiendo las barbaridades que tratan de hacer con el pueblo hondureño, que son súbditos de una constitución legítima y soberana, la entienden mejor que ninguno que provenga de afuera, y están mayoritariamente entendidos y unidos en que el Golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya fue la conclusión de un proceso de crisis constitucional y de valores que él mismo inició meses antes.
Cuando uno observa en un país que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, el Defensor de los Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal, la Congregación de Iglesias Evangélicas, las Universidades, el Sector Privado Organizado, los Partidos Políticos, los Colegios Profesionales y la mayoría de medios de comunicación social y de ciudadanos, están de acuerdo en algo, es porque tienen elementos suficientes para sustentar las razones que justifican esa unidad de criterio. ¡Ya quiero ver yo este grado de unidad frente a cualquier causa en cualquier país que se considere el más civilizado del mundo! De veras: reto a cualquiera que me haga el favor de ilustrarme por si existe algún caso semejante que no conozca.
¿Hubo ilegalidad con sacar al Presidente Zelaya del país? Sí. ¿Le conviene a Honduras restituir a un Presidente que ha sido declarado traidor a la patria conforme al artículo 239 de su Constitución? No. No le conviene, ni puede, ya que conforme esa norma constitucional no sólo perdió el cargo, es considerado un traidor a la patria y, además, tiene impedimento cons-ti-tu-cio-nal para ocupar cargos públicos durante dos lustros.
No fue un Golpe de Estado efectuado por los militares para derogar la Constitución y gobernar. Los militares, hasta donde entiendo, fueron el instrumento final que debieron capturar al Presidente y consignarlo a los Tribunales de Justicia, después de un largo proceso en donde hubo resoluciones de varias instituciones declarando las ilegalidades del entonces Presidente Zelaya; luego de que hubiera órdenes expresas emanadas de las cortes hondureñas, las cuales desobedeció el Presidente de ese entonces, cometiendo el delito de desacato porque, aún siendo el Presidente de la República, nadie es superior a la ley.
El problema se suscita porque las violaciones legales del sociópata Zelaya no sólo son de carácter constitucional, sino que fueron acciones deliberadas cometidas directamente en contra de los artículos que los legisladores constituyentes hondureños dejaron protegidos para que nadie los tocara, declarando a quien se atreviera, de una vez, traidor a la patria.
Eso tiene también su razón de ser, y no por eso el mediador impuesto por esa "Comunidad Internacional", el Presidente Oscar Arias, con uno de los porcentajes de popularidad más bajos del mundo en su propio país, tiene derecho a decir que esa constitución es un adefesio o que es lo peor que ha visto, sólo porque no la estudio antes de hacer su propuesta, de tal manera que el Acuerdo de San José es inconstitucional.
La razón de ser de esa norma es, precisamente, una larga serie de Golpes de Estado que se dieron en Honduras en décadas pasadas, que sí llevaron a dictaduras que hoy no hay. Es la manera que encontraron esos legisladores constitucionales de proteger a su país de nuevos dictadores. ¿Tanto le cuesta a la "Comunidad Internacional" entender cuáles eran las verdaderas intenciones del instrumento denominado Manuel Zelaya, dentro del contexto político del eje formado por La Habana-Caracas? ¿O sólo tienen ojos para ver a Honduras pero no ven cómo ese eje ha influido para hacer fraude electoral en Nicaragua e influir con dólares que son de los venezolanos en los procesos políticos de Bolivia, Ecuador, El Salvador y Argentina, y están influyendo ya en el actual proceso político uruguayo al "comprarle" varias decenas de millones de dólares en libros a una editorial de un pariente del candidato charrúa de Hugo Chávez?
Lo mismo esperamos que pueda pasar en Guatemala, donde el actual gobierno ha demostrado querer hacer todo lo que dicten en La Habana y en Caracas, por más que Fidel Castro no le haya recibido la Orden del Quetzal al Presidente Álvaro Colom, poniendo en ridículo a todos los guatemaltecos.
Condenar a Honduras por defender sus propias instituciones y su propio sistema jurídico y democrático, el cual está montado en el andamiaje de su propia historia, es inmoral. Pero doblemente inmoral es permanecer callado ante las evidencias que el mundo maneja, a través de la información que todos conocemos, acerca del acoso permanente que Hugo Chávez viene haciendo, con los dólares que los estadounidenses le pagan por el petróleo que extraen en suelo venezolano, a las democracias del resto de países de América Hispana.
Lamento decirles por este medio a todos los amigos políticos europeos que durante años he conocido, que hoy todavía están activos, que lo están haciendo mal; que es inmoral lo que hacen con Honduras, que no tienen derecho de decidir si el ganador de las próximas elecciones será legítimo o no (función que le corresponde, con EXCLUSIVIDAD, a los hondureños), y mucho menos pueden andar por el mundo castigando, de cualquier manera que se les ocurra, a quienes han venido defendiendo su Constitución, sus instituciones, su libertad, su patria.
¿Por qué Estados Unidos de América le quitó las visas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras? Si la actuación de jueces y magistrados debe ser independiente, si esa independencia está consagrada no sólo en la normativa legal interna sino en la doctrina general aceptada por todos en el mundo y, además, su fallo en contra del Presidente Zelaya fue unánime y enmarcado dentro de su propio régimen legal, ¿a cuenta de qué se constituyen, de esa manera, en juzgadores de los asuntos internos de otro país? Eso definitivamente NO ES MORAL, NI ÉTICO. Estados Unidos, hasta hoy, algún ejemplo ha dado al mundo del sentido de Justicia que hoy le falta a esas decisiones punitivas.
¿Dónde estaba esa denominada "Comunidad Internacional" cuando Manuel Zelaya violaba, reiteradamente, diferentes leyes de su país? ¿Qué dijeron cuando Zelaya organizó una turba y, contra la orden de un tribunal, rompió el cerco militar que resguardaba la papelería y las urnas que habían llegado de Venezuela y se las llevó? Recordemos que los eventos en Honduras no comenzaron el 28 de junio, sino culminaron en esa fecha. ¿Es que son tan ciegos que no vieron venir la estampida, aún oyéndose pisadas de animal grande durante meses?
Luego, la "Comunidad Internacional", a través de Estados Unidos, "designa" a Oscar Arias como su instrumento mediador, confiando en que fue laureado con el Premio Nóbel de la Paz hace 22 años, pero desconociendo que el Comité Noruego para el Premio Nóbel de la Paz, integrado en su totalidad por políticos que se confunden como todo ser humano, pudo haberse equivocado en aquella oportunidad, como queda demostrado que, al escogerlo, también se equivocaron, porque un mediador no puede descalificar, como lo ha hecho Oscar Arias, la Ley Suprema del país donde, supuestamente, tiene que mediar. ¿Cómo le iría al Presidente Arias con tal sólo visitar Honduras, hoy?
El hecho es que Oscar Arias es un antiguo conocido de los estadounidenses; hasta ahí encuentro el mérito de tan delicado encargo. Con Guatemala gobernada por una mujer sin mandato, a través de su pareja el Presidente, pero coqueteando con Castro y con Chávez; con El Salvador recién estrenándose con un gobierno del FMLN, la antigua guerrilla salvadoreña; con Daniel Ortega, de larga y discutida trayectoria en Nicaragua.... pues Arias... y pusieron a mediar a alguien que no sabe hacerlo y que, desde un principio, se inclinó por un solo bando, sin intentar comprender, siquiera, la historia, el problema social, el político, el jurídico, el conjunto.
La insistencia de entorpecer el proceso eleccionario de Honduras es contradictoria y es consecuencia de la falta de capacidad de mediación. ¿Cómo piensan, algún día, encausar el proceso democrático en Corea del Norte, o en Myanmar (la antigua Birmania)? ¿Cuál es la situación actual y la relación de Estados Unidos con Viet Nam? ¿Fue ilegítimo el gobierno de Oliver Cromwell al derrocar y después decapitar al Rey Carlos I? Porque, hasta donde sé, no sólo utilizó el título de Lord Protector sino es considerado por los británicos, en 10mo. lugar, uno de los 100 personajes más importantes de la historia (http://en.wikipedia.org/wiki/100_Greatest_Britons), y eso es lo que pasará a la historia con quienes hoy son sancionados por la "Comunidad Internacional" pero elevados a la categoría de héroes en Honduras, cuando no lo son; simplemente hicieron lo que su Constitución y sus leyes dictan.
La "Comunidad Internacional" no sólo está siendo liderada por Hugo Chavez sino que estamos asistiendo, por vez primera, a un escenario donde Estados Unidos, jugando un papel poco claro, por un lado quiere quedar bien con sus tradicionales enemigos, pero por otro lado incrementa el número de tropas que envía a Afganistán, pero sin darse cuenta que, al mejor estilo de la época de Jimmy Carter, en los años 1970's, las hegemonías ideológicas mundiales vuelven a utilizar suelo centroamericano para dirimir sus controversias. Geopolíticamente, Estados Unidos no se ubica; Venezuela y sus satélites ganan terreno.
Pensamos que la Guerra Fría era parte del pasado, pero no es así. Lo que he visto en el Parlamento Centroamericano, el foro parlamentario con el espectro político más amplio que existe en el mundo, es que los tradicionales grupos de derecha se disolvieron, ya no existen porque cayó el muro de Berlín, porque los países de atrás de la Cortina de Hierro ahora son democráticos, porque la misma Rusia aparenta tener un sistema democrático, porque China ha dado muestras evidentes de ser menos comunista que pragmática y tiene el mayor número de millonarios del mundo, porque se han vuelto haraganes, qué se yo. Mientras tanto, los grupos de izquierda se consolidan; todo se ha dado a raíz de la disponibilidad de dinero y otros medios como aviones, asesores de tiempo completo, petróleo que se traduce en más dinero sin control estatal, a veces hasta de armas, como en el caso de la guerrilla colombiana, que Hugo Chávez ha puesto a disposición de todas las organizaciones ideológicas que le son afines.
La Guerra Fría se ha modificado. Ya no es bipolar. Se ha transformado en un enorme juego de "Monopoly Socialista", en donde el Banco es de Venezuela y los Estados Unidos parecieran estar permanentemente en la cárcel, sin posibilidad de tirar los dados y avanzar, mientras los demás jugadores vamos poco a poco perdiendo nuestras instituciones, nuestros valores, nuestra identidad, por otras que son foráneas, que son diseñados para lavarle el cerebro a nuestros niños y juventudes; por otra que nos es agena y que nos están obligando, poco a poco, a tragar. El Banco se está quedando con todo.
¿No entiende la "Comunidad Internacional" que la entrada de Chávez a Honduras no se pospuso sino se arruinó para siempre? ¿Es que no ven que los hondureños, aunque tienen ahora en su seno unas cuantas personas afines a Chávez, en su inmensa mayoría quedaron vacunados? ¿Creen de veras que van a permitir que el instrumento de Chávez, traidor a su patria porque lo dice la Constitución, mande alguna vez porque ellos lo dicen? La apariencia que dan, hoy, las noticias, es que Honduras está polarizada. Yo no lo veo así. Los veo cada vez más unidos por algo que no quieren: Chavez y su sistema (que, por cierto, ayer se tragó en esa vorágine a un hotel y una marina de la cadena estadounidense Hilton sin que, hasta hoy, sepamos qué dirá o si no dirá nada Estados Unidos y, en su caso, qué dirá la "Comunidad Internacional").
Señores miembros de esa "Comunidad Internacional": Dense cuenta que sin ingerencia extranjera, Manuel Zelaya no habría enloquecido de poder; caigan en cuenta que Honduras se ha defendido de una agresión extranjera que, con muchos billetes, tenía de testaferro al mismo Presidente de la República; comprendan que Honduras no es un país de salvajes que no tienen leyes y tomen en cuenta que tienen las instituciones políticas más antiguas y profesionales de la región centroamericana; abran los ojos con lo que pasa en Venezuela, ya que es demasiada casualidad que este tipo ande armando conflictos por todos lados, como si fuera parte de su estrategia para hacerlos ver por donde él no anda, dejándole libre el paso por donde Uds. debieran tener los ojos puestos.
Si la "Comunidad Internacional" hubiese aceptado, desde un principio, que Manuel Zelaya violó la Constitución de su país, hubiesen estudiado el caso antes de precipitarse a condenar y se hubiesen tomado la molestia de darse cuenta que no es el ejército el que gobierna y que todas las Insitituciones vienen funcionando normalmente, en Honduras ya no habría conflicto. Estarían todos, como siempre, enfrascados en el proceso electoral.
La única salida de la crisis hondureña es que su pueblo elija a sus nuevas autoridades. Si las elecciones son legítimas internamente, la "Comunidad Intenacional" no tiene por qué objetarlas. Mucho menos a priori.
Si la "Comunidad Internacional" insiste en desacreditar un proceso que ha estado totalmente separado del Organismo Ejecutivo, lo que hará será condenar a Honduras a una crisis política permanente y, con ello, estará arriesgando la estabilidad de todo el istmo centroamericano.
La "Comunidad Internacional" no tiene necesidad de crear un conflicto donde verdaderamente no lo hay. Lo que hay es una salida a una crisis política que no han querido aceptar.
Yo hago personal, política y económicamente responsable a los líderes que hoy integran la denominada "Comunidad Internacional", así como a los países e instituciones que representan, de las consecuencias que directamente, por su obcecación en este caso, se causen a Honduras, a sus países vecinos y a Centroamérica, tanto en pérdidas humanas, de infraestructura, de niveles de desarrollo, de volúmenes comerciales, de daños morales, institucionales y de cualquier naturaleza que, con su estulticia, nos ocasionen.
martes, 13 de octubre de 2009
TEXTO DE LA DEMANDA PLANTEADA EN CONTRA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
Aunque es algo larga y, obviamente, contiene elementos especializados del Derecho a los cuales no todos estamos acostumbrados, a continuación transcribo el texto de la demanda planteada en contra del Parlamento Centroamericano, de la cual hay noticias de que ya ha sido resuelta sin que tengamos conocimiento oficial al respecto, para quien desee formarse su propio juicio lo haga en el ámbito de libertad que nosotros impulsamos. El texto dice así:
"SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de cincuenta y dos años, casado, guatemalteco, abogado y notario, con domicilio en el departamento de Guatemala y residencia en xxx de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; comparecemos ante ustedes con el debido respeto con la finalidad de plantear varias acciones y una consulta, como estableceremos.
DEL OBJETO DE NUESTRA COMPARECENCIA: El objeto de nuestra comparecencia, en esta oportunidad, es el planteamiento de las siguientes acciones en contra del Parlamento Centroamericano:
1.1. ACCIONES DE NULIDAD: Planteamos acción de nulidad en contra:
1.1.1. DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, QUE PRELIMINARMENTE SE IDENTIFICA COMO AP/204-2008, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA PLENARIA, DE ESA MISMA FECHA, IDENTIFICADAS BAJO NÚMEROS AP DIAGONAL CINCO GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO, AP DIAGONAL SEIS GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO Y AP DIAGONAL SIETE GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO (AP/5-204/2008, AP/6-204/2008 y AP/7-204/2008), ASÍ COMO EL PUNTO OCHO DE LA MISMA, CONTENIDO EN FOLIOS DIEZ Y ONCE, QUE SE REFIERE AL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL;
1.1.2. DE LA RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO DE FECHA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, DE LA CUAL NO CONOCEMOS EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRETENDIÓ INCORPORAR A LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA AL PADRÓN ELECTORAL CON PLENOS DERECHOS PARA ELEGIR Y SER ELECTO CON RELACIÓN A LOS CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA;
1.1.3. DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO DE ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LLEVADO A CABO DE FORMA POR DEMÁS ANÓMALA LOS DÍAS VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO Y DOCUMENTADO MEDIANTE ACTA APE DIAGONAL CERO UNO GUIÓN DOS MIL OCHO (APE/01-2008); y,
1.1.4. DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, el cual fue aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos, y que consta en el acta identificada como AP diagonal ciento cuarenta y uno guión dos mil dos (AP/141-2002);
1.2. ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.
Además, deviene necesario que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia dilucide los alcances que los legisladores constitutivos determinaron al normar lo relativo al quórum y las votaciones de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, en virtud de lo cual planteamos:
1.3. CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS.
DEL INTERÉS EN EL PRESENTE ASUNTO: Actuamos en nuestra calidad de diputado titular del Parlamento Centroamericano, electo por el Estado de Guatemala y, por ende, en representación de los intereses de los ciudadanos centroamericanos, así como en nuestra calidad de persona particular con interés en la preservación de la seguridad jurídica y de la legalidad de las actuaciones de los Órganos del Sistema de la Integración Centroamericana; en esta oportunidad, específicamente, de los actos emanados de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, en el primer caso bajo la dirección del ahora ex presidente Julio Guillermo González Gamarra; en el segundo, bajo la dirección de la Comisión Electoral, y por último, también por acciones ilegales de la Junta Directiva y de la delegación de Observadores Permanentes de República Dominicana; lo anterior en virtud de que el Parlamento Centroamericano está contemplado, conforme el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), como parte del mencionado Sistema de la Integración Centroamericana.
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: Comparecemos ante la Honorable Corte Centroamericana de Justicia bajo nuestra propia Dirección y Procuración, en nuestra calidad de abogado colegiado activo, inscrito como tal en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala bajo número tres mil seiscientos nueve (3609).
DEL LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Señalamos primordialmente para recibir notificaciones las oficinas del Parlamento Centroamericano situadas en la ciudad de Guatemala, situadas en doce avenida treinta y tres guión cero cuatro de la zona cinco, segundo nivel, oficina de la Comisión Política y de Asuntos Partidarios. Aún cuando no compartimos la exigencia contenida en el artículo dieciocho de la Ordenanza de Procedimientos de esa Honorable Corte Centroamericana de Justicia, como ya lo establecimos en memorial inicial de demanda de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno presentado ante esa Honorable Corte, en demanda planteada, también, en contra del Parlamento Centroamericano, porque el trato a los abogados de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana debe ser igual y no discriminatorio, y la Honorable Corte tiene a su alcance todos los medios para notificar los acuerdos y resoluciones que emite, cumplimos con el requisito de designar al abogado Luis Adolfo García Esquivel, con oficina en Colonia Centroamérica G guión cuatrocientos treinta y tres (G-433), en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, facultándolo para recibir cualquier notificación.
5. DE LA PARTE DEMANDADA: Las acciones de nulidad que enumeramos en el numeral primero del presente libelo las planteamos en contra del Parlamento Centroamericano, entidad jurídica enmarcada dentro de lo que establece su Tratado Constitutivo y su respectivo Reglamento Interno, cuya sede es en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, y puede ser emplazada en la doce avenida treinta y tres guión cero cuatro de la zona cinco.
6. INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: Comparecemos ante la Corte Centroamericana de Justicia en virtud de que no hay instancia superior ante la cual recurrir en el Parlamento Centroamericano, y por ser el Órgano Judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, llamado a garantizar el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y de sus instrumentos complementarios “… o actos derivados del mismo…” (arto.2 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia), “… y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, Órganos y organizaciones que formen parte o participen en el ‘Sistema de la Integración Centroamericana’…” (arto.3 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia), lo que en un sentido lato puede entenderse que comprende, además de los valores que integran la nacionalidad, el sentido de lo que es justo dentro de tal nación. Por último, porque el artículo 22 del mencionado Estatuto establece que la competencia de La Corte será: “…b) conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana…c) Conocer… acerca de las disposiciones legales… dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana…e) Actuar como órgano de Consulta…en la interpretación y aplicación del ‘Protocolo de Tegucigalpa…’ y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos”. En el caso específico de la nulidad planteada en contra del proceso electoral interno, recurrimos a esta Honorable Corte Centroamericana, a pesar del texto del artículo 122 del Reglamento Interno, por considerar que la Comisión Electoral, de la manera que se integró y que relataremos más adelante, estaba totalmente viciada no solamente para llevar a cabo el proceso electoral mismo, su razón de ser, sino para conocer, con imparcialidad, de cualquier impugnación, como quedará demostrado.
7. HECHOS:
7.1. DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, CUYA NULIDAD PLANTEAMOS EN FORMA PARCIAL POR NO HABERSE CONTADO, AL FINAL DE LA MISMA, CON EL QUÓRUM QUE ESTABLECE LA NORMATIVA LEGAL:
7.1.1. La Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, que es el órgano supremo de tal organismo deliberativo, llevó a cabo sesión ordinaria en la ciudad de Quetzaltenango, República de Guatemala, el día domingo catorce de septiembre de dos mil ocho, habiéndose levantado, para los efectos legales, el acta identificada como AP diagonal doscientos cuatro guión dos mil ocho (AP/204-2008), acta que tuvo que haberse aprobado en la siguiente sesión ordinaria, pero ni siquiera fue sometido el tema a consideración;
7.1.2. La sesión se desarrolló dentro de la normalidad hasta finalizar el punto diecisiete en que se aprobó la resolución de Asamblea Plenaria AP guión cuatro guión doscientos cuatro guión dos mil ocho (sic.) (AP-4-204-2008), referente a la donación de equipo que desea efectuar la Asociación de Bomberos de San Francisco, California, el cual finaliza en la página veintiocho del proyecto de acta que se nos distribuyó;
7.1.3. Al finalizar el punto al cual nos referimos en la literal anterior, el diputado Juan Francisco Reyes Wyld, al observar que en el recinto no habíamos más que unos cuantos diputados, pidió un recuento del quórum, moción que, al percatarnos que nos encontrábamos reunidos solamente unos veinticinco diputados, secundamos, por lo cual la Junta Directiva, a través de alguno de sus secretarios (inciso 1 artículo 36 del Reglamento Interno), debió confirmar el mismo;
7.1.4. Lejos de proceder conforme la legalidad y la moralidad señalaban, en forma atropellada la Junta Directiva pretendió dar por aprobados los temas pendientes en la orden del día, dándoles lectura a las iniciativas el secretario Enrique Martín Gasteazoro con la venia de todos los demás integrantes de dicha Junta Directiva, haciendo caso omiso de la petición expresa y debidamente secundada por quien suscribe, a tal grado, que ni siquiera hacen constar tal extremo en el texto del proyecto de acta, razón que motivó a varios diputados más, que defendemos el régimen de legalidad, a abandonar la sesión, de tal manera que la “reunión” se convirtió en una de unos dieciocho o veinte diputados;
7.1.5. Las resoluciones que se impugnan comienzan en la página veintiocho del proyecto de acta que hasta ahora se tiene, y les han asignado los números “AP/5-204/2008, AP/6-204/2008 y AP/7-204/2008” y finalizan en la página veintinueve.
7.1.6. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL QUÓRUM:
7.1.6.1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS DOCTRINARIOS: La frase latina “quórum” significa “los que”, la cual, luego de ser paulatinamente incorporada a la práctica política, lo fue, posteriormente, al derecho positivo; se utiliza “para indicar el número de miembros que son precisos para que una Asamblea pueda actuar válidamente” (página 1505, tomo 48, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1922). La actuación válida de una Asamblea ofrece dos aspectos fundamentales:
7.1.6.1.1. Para constituirse u organizarse; fundamentalmente, porque cuando la asamblea es numerosa, no debe esperarse que todas las personas que la integran estén presentes para poder iniciar las deliberaciones; es por esa razón que el término quórum se utiliza para designar el número que, racionalmente, sea representativo del conjunto para que una eventual dilación no perjudique ni a la totalidad de miembros de dicho conjunto, ni la agenda de trabajo de la Asamblea de que se trate;
7.1.6.1.2. Para desenvolverse. Este aspecto fundamental, a su vez, puede entenderse desde dos ángulos diferentes:
7.1.6.1.2.1. El quórum necesario para poder deliberar; y,
7.1.6.1.2.2. El quórum indispensable e imprescindible para tomar acuerdos o resoluciones, el cual puede variar dependiendo de su finalidad, pues no puede ser lo mismo, verbigracia, tomar un acuerdo de trámite (acordado por mayoría simple), que una resolución importante, la cual, normalmente, nuestras regulaciones positivas hacen acompañar del requisito de votación por mayoría calificada, es decir, de un mayor quórum o del acuerdo de voluntades de más integrantes de la asamblea.
7.1.7. REGULACIÓN DEL QUÓRUM EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO:
7.1.7.1. El artículo doce del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, denominado Votaciones, cuya interpretación por este medio solicitamos, establece: “La Asamblea Plenaria adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados, salvo los casos especiales que se contemplen en este Tratado o se establezcan en el Reglamento Interno. El quórum se integra con 64 diputados”. Esta es la norma que rige por tratarse de una Asamblea Plenaria de cinco Estados miembros de pleno derecho;
7.1.7.2. Por su parte, el artículo sesenta y uno del Reglamento Interno establece que “La Asamblea Plenaria se considera válidamente instalada, con la presencia de la mayoría absoluta, la cual se constituye con más de la mitad de todos los diputados y diputadas integrantes del Parlamento Centroamericano”, lo cual contradice el Tratado Constitutivo, razón por la cual estamos solicitando la nulidad del primer párrafo del mismo, todo explicado en el apartado 7.4.2.6. de este memorial;
7.1.8. RELACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS DOCTRINARIOS DE LA FIGURA DEL QUÓRUM, SU REGULACIÓN EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, Y LOS HECHOS SUSCITADOS:
7.1.8.1. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas no desarrolla la figura del quórum pero lo establece en sesenta y cuatro diputados, e indica que, salvo casos especiales, adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados. En buen español, lo que quiere decir es que la Asamblea Plenaria puede instalarse, deliberar y tomar algunas decisiones, siempre y cuando cuente con un mínimo de sesenta y cuatro diputados. Se entiende, pues, que se habla de un mínimo, de tal manera que, por arriba de sesenta y cuatro diputados presentes, siempre podrá instalarse, siempre podrá deliberar pero no siempre podrá tomar resoluciones. A contrario sensu, se entiende que, por debajo de ese número mínimo de diputados que la ley constitutiva ha establecido en sesenta y cuatro, no puede instalarse; si la asamblea ha estado instalada y el número de diputados baja de sesenta y cuatro diputados presentes, obligadamente tiene que desintegrarse, no pudiendo, por debajo de ese número de diputados presentes, que no es antojadizo sino está tajantemente señalado en la ley, deliberarse ni, mucho menos, tomar acuerdos o adoptar resoluciones;
7.1.8.2. Por su parte, el nuevo Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, como señalamos anteriormente, ya trae desarrollada la figura del quórum, señalando las diferencias que existen entre las diferentes clases que hay, a las cuales denomina “mayorías”, lo cual ya es un avance con relación al artículo treinta y nueve del Reglamento Interno anterior, que se limitaba a repetir lo que dice el Tratado Constitutivo, aunque los diputados que lo aprobaron no hayan tomado en cuenta la contradicción del primer párrafo que señalamos;
7.1.8.3. EL QUÓRUM EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO: Los Principios Generales del Derecho establecen que los pasajes obscuros de una ley podrán aclararse, en su orden, conforme al espíritu de la misma, conforme a la historia fidedigna de la institución, conforme a las disposiciones de otras leyes sobre casos análogos y, por último, conforme parezca más conforme a la equidad y al conjunto de los principios generales del derecho. Se traen estos principios a colación para darle fuerza a nuestros argumentos y para conocimiento de todos los diputados y diputadas que hoy integramos el Parlamento Centroamericano y, especialmente, en beneficio de aquellos que habrán de incorporarse en el futuro, en esta etapa previa al inicio del ejercicio de las facultades vinculantes, en donde el órgano del cual emane la normativa comunitaria centroamericana tiene que verse por quienes lo integramos, y manejarse por los diputados y diputadas que la mayoría elija para dirigir los debates, con mayor pulcritud, y así evitarle a la ciudadanía de la región, al órgano deliberativo y a esa Honorable Corte, trabajos innecesarios por tan sólo invocar la legalidad de las actuaciones, razón por la cual nos permitimos explicar lo siguiente:
7.1.8.3.1. El quórum conforme al Espíritu del Tratado Constitutivo y su Reglamento Interno: El espíritu del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas lo podemos encontrar en su correspondiente “Exposición de Motivos”, la cual, en su parte conducente, dice: “…el establecimiento del Parlamento Centroamericano permitirá que los países del área Centroamericana (sic) discutan y decidan los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales que les afecten, dentro de un espíritu de comprensión y solidaridad que posibilite alcanzar los más altos niveles de cooperación en la región centroamericana, en el marco de los principios que informan las Cartas de Naciones Unidas y de las Organización de los Estados Americanos…”, lo cual repite, con alguna diferencia, en el párrafo cuarto del Preámbulo. Ninguna de las dos instituciones mencionadas, Señores Magistrados, toma a la ligera el tema del quórum, ya que los discursos y deliberaciones simplemente no continúan si no se tiene el mínimo de representantes presentes, mucho menos emanan resoluciones que pueden afectar al mundo, en el caso de la ONU, o al hemisferio americano, en el de la OEA, sin contar con el requisito fundamental para revestir de validez a cualquier actuación de esos cuerpos colegiados como lo constituye la minoría mínima (aunque suene redundante o cacofónico) para sesionar y resolver. Agrega dicha exposición de motivos: “…Se norma lo relativo al quórum y al número necesario de votos para tomar decisiones…”, lo cual, necesariamente, tiene que referirse a los artículos doce, trece (que se refiere a la mayoría calificada requerida para aprobar y reformar el Reglamento Interno) y catorce (referente a las decisiones de Junta Directiva) del Tratado Constitutivo, de donde se colige que el mínimo de votos para tomar decisiones de Asamblea Plenaria es de sesenta y cuatro, dentro de los cuales podrá haber hasta treinta y un votos en contra o abstenciones, y un mínimo de treinta y tres votos a favor, pero siempre un número de votos (que incluyen todos, a favor, en contra y abstenciones) que no puede ser menor, mientras no se reforme el Tratado Constitutivo, de sesenta y cuatro.
7.1.8.3.2. Conforme a la Historia Fidedigna de la Institución del Quórum: Como quedó establecido en el punto 7.1.6.1., hay toda una historia de esta Institución que sustenta total y completamente nuestros argumentos, en detrimento de cualquier otra consideración, los cuales son, junto con la normativa invocada, el sustento de la acción planteada.
7.1.8.3.3. Conforme Disposiciones de Otras Leyes sobre Casos Análogos: No creemos que sea de aplicación la analogía en el presente caso, ya que la redacción del artículo doce del Tratado Constitutivo, denominado Votaciones, por lo menos establece claramente que el quórum es de sesenta y cuatro diputados; sin embargo, además de los casos de la ONU y la OEA ya mencionados, citamos, además, para ilustración de aquellos diputados y diputadas a quienes les cueste entender razones debidamente sustentadas, las respectivas normativas utilizadas por los Congresos Nacionales, Asambleas Legislativas o Cámaras de Diputados de cualquiera de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en donde simplemente no se continúa deliberando cuando no se tiene reunido el mínimo de diputados, y el “rompimiento del quórum” constituye una práctica parlamentaria corriente. Caso especial es el del Parlamento Europeo, el cual desarrolla toda una normativa al respecto, permitiendo, porque así está reglamentado, las deliberaciones, aprobar el orden del día y el acta de las sesiones, sea cual fuere el número de diputados presentes, pero estableciendo que “…Habrá quórum cuando se encuentre reunida en el salón de sesiones la tercera parte de los miembros que integran el Parlamento…” (inciso 2, artículo 126 del Reglamento del Parlamento Europeo). Establece esa normativa, además, que toda votación será válida, sea cual fuere el número de votantes, “…a no ser que con ocasión de la misma el Presidente comprobare, previa solicitud de treinta y dos diputados como mínimo, que no existe quórum…”; es decir, aunque la Asamblea Parlamentaria Europea permite dentro de su normativa (lo que no permite el Parlamento Centroamericano) que continúen los debates sin importar el número de diputados presentes, es sumamente cuidadoso al establecer que la formalización de un acuerdo o resolución debe contar con el quórum indispensable.
7.1.8.3.4. Conforme a la Equidad y a los Principios Generales del Derecho: Equidad, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “Igualdad de ánimo… propensión de dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia…” (página 572, tomo I, opus cit.). En el caso de estudio el sentido común que la equidad implica (y que tanta falta hace, por lo visto), nos confirma que una Asamblea Parlamentaria, salvo que tenga una normativa explícita en contrario, debe tener un mínimo de representantes legítimos presentes para poder conformarse, iniciar sus sesiones, continuar sus deliberaciones y llegar a acuerdos o resoluciones; que no puede permitirse, en aras de la seguridad y certeza jurídica indispensables en cada uno de sus actos (que el artículo 4º., literal “g” del Protocolo de Tegucigalpa establece como uno de los principios fundamentales mediante los cuales deben proceder los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana), que exista un quórum para iniciar una sesión y no lo exista para deliberar y, lo que es peor, que tampoco exista uno para tomar acuerdos, relajando de tal manera la normativa y volviendo tan vulnerables las resoluciones que de Asamblea Plenaria emanen, como para que en un futuro cualquier ciudadano de los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana, al sentirse afectado por el fondo de alguna resolución, tenga abiertas las puertas para dejarla sin efecto atacando la forma, lo que redundaría en el fracaso de cualquier esfuerzo por avanzar en el proceso de la integración, no habría razón para que nuestros pueblos siguieran soportando con los impuestos que los ciudadanos pagan la carga de mantener todo el andamiaje institucional de la integración y sería mejor, para todos, cerrar el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y demás órganos, y dar por clausuradas las Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno.
7.1.8.4. Necesario pronunciamiento de la Corte Centroamericana de Justicia con relación al Quórum y la legalidad de las actuaciones de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano: Finalmente, se hace necesario que esa ilustrada Corte, para beneficio de los diputados y diputadas no versados en temas jurídicos y, por añadidura, en temas parlamentarios, especialmente quienes integran las Juntas Directivas, en beneficio de la estricta legalidad que deberá revestir toda actuación de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, señale taxativamente:
7.1.8.4.1. Que los Observadores Permanentes no forman parte del quórum, ni votan;
7.1.8.4.2. Que la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano se desintegra, legal y automáticamente, al estar presentes en el recinto en que se lleva a cabo la sesión de que se trate, un quórum menor al que establece el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas;
7.1.8.4.3. Que si la Asamblea Plenaria se desintegra legal y automáticamente al no contar con el quórum correspondiente, está imposibilitada para continuar deliberando y, por ende, está en total incapacidad de tomar acuerdos o resoluciones, debiendo el acta que documenta dicha asamblea finalizarse en la parte donde se establece la falta del mismo;
7.1.8.4.4. Que, por tratarse la falta de quórum de un vicio que atañe directamente a la legalidad o falta de legalidad de cualquier actuación, la solicitud de un solo diputado para establecer el mismo durante un debate es esencial y, como tal, tiene prioridad sobre todas las actuaciones pendientes, de tal manera que debe interrumpirse el orden de los oradores para establecer la legalidad de la sesión por este concepto, en primer lugar y sin excusas;
7.1.8.4.5. Que siempre, sin excepción alguna, tiene preeminencia el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano sobre el Reglamento Interno o cualquier otro tipo de disposición legal que desee invocarse
7.2. DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO CON RELACIÓN AL TEMA DEL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL:
7.2.1. En dicha sesión de Asamblea Plenaria, aunque no le corresponde juramentar, ya que es una de las funciones que el ordenamiento jurídico del Parlamento Centroamericano le otorga a la Junta Directiva, se procedió a juramentar y a dar posesión de sus cargos a los miembros de la Comisión Electoral, incluyéndose en la misma al Observador Permanente, que en el texto del acta aparece como Parlamentario Designado, señor Rafael Gamundi Cordero, de República Dominicana;
7.2.2. De tal manera, Señores Magistrados, que la Comisión Electoral, desde sus orígenes, viene viciada, en virtud que la Comisión Electoral, conforme al ordenamiento jurídico que ya señalamos anteriormente, debe estar integrada, únicamente, por diputados y diputadas centroamericanos, por lo cual es procedente declarar la nulidad del punto ocho que contiene el proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho, y todos los actos derivados de la instalación anómala de dicha Comisión Electoral;
7.2.3. Además, la Comisión Electoral jamás debió integrarse con observadores permanentes, situación que tampoco puede hacerse simplemente porque nuestra normativa jurídica interna no lo permite, ya que el segundo párrafo del artículo 115 del Reglamento Interno, que se refieren a la integración de la Comisión Electoral, claramente indica: “Los diputados y diputadas de cada Estado procederán a nombrar a sus delegados inmediatamente después de la convocatoria que para tal efecto realice la Presidencia y lo comunicarán por escrito inmediatamente a la Junta Directiva…”, de tal manera que la única manera que República Dominicana tenía de tener representantes en la Comisión Electoral era incorporándose de pleno derecho al Parlamento Centroamericano, con diputados y diputadas electos democrática, libre y popularmente, no a través de observadores permanentes, por mucho que todos queramos acelerar el proceso de integración.
7.3. DE LA SESIÓN DE FECHA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO:
7.3.1. La sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, inició con la novedad que la Corte Centroamericana de Justicia, en la víspera, es decir, en la tarde del día martes veintiuno de octubre del corriente año, según se nos informó verbalmente por el Presidente al iniciarse la Asamblea Plenaria, había notificado al Parlamento Centroamericano una medida precautoria dictada dentro de la demanda planteada en contra del Parlamento Centroamericano por los diputados José Rodolfo Dougherty Liekens y Camilo Agustín Brenes Pérez, en el sentido, entendemos, de dejar en suspenso la aplicación de lo contenido en resolución AP/5-CXCII-2007 de Asamblea Plenaria, de fecha uno de julio de dos mil siete, mediante la cual se pretendió facultar a los Observadores Permanentes de República Dominicana, entre otras cosas, para poder votar en las elecciones de Junta Directiva;
7.3.2. El debate fue muy vivo y, en la ignorancia de la mayoría, o por conveniencia porque tenían meses de venir cabildeando los puestos de la Junta Directiva (lo cual es peor, ya que lo primero tiende a eximirlos pero lo segundo constituye una traición al electorado, al juramento que hicieron al tomar posesión de sus cargos y, finalmente, a sí mismos), se argumentó, por un lado, que tres magistrados de una corte no pueden pasar por encima de las decisiones del Parlamento Centroamericano, que la Asamblea Plenaria es soberana y puede decidir cualquier cosa que así desee, etcétera; mientras que una minoría, sin intereses en perjudicar a nadie pero firmes en defender la legalidad y, además, teniendo claro cuáles son las atribuciones de cada institución de la integración, cuál es el marco jurídico que nos rige y nos limita y, especialmente, teniendo muy claros nuestros principios y valores fundamentales, defendimos que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano está por encima de una supuesta soberanía de la Asamblea Plenaria, que así como el Parlamento Centroamericano es el órgano de discusión y recomendación de los asuntos políticos, culturales, económicos y de la integración de Centroamérica, la Corte Centroamericana de Justicia no tiene sólo la facultad sino el deber de conocer de nuestras diferencias, media vez han sido sometidas a su conocimiento y, especialmente, tratamos de hacerle ver a la delegación dominicana de observadores el error en que se incurre en tratar de forzar las cosas y de ir a contrapelo de la juridicidad, pero las pasiones pudieron más que la legalidad en ese momento;
7.3.3. No hubo punto de agenda que estuviera en votación, ya que el tema para el cual fuimos convocados ese día era la elección de Junta Directiva, pero luego de horas de discusión, repentinamente el Presidente de Junta Directiva, Julio Guillermo González Gamarra, preguntó a la Asamblea si estaban de acuerdo con que se incluyeran a los observadores permanentes de República Dominicana, a quienes denominó parlamentarios designados, en el padrón electoral que se utilizaría en las votaciones de Junta Directiva del día siguiente, es decir, del miércoles veintidós de octubre próximo pasado, y sobre eso versó la votación de ese día;
7.3.4. Tratamos de llamar al orden nuevamente a la Asamblea Plenaria y a la Junta Directiva porque no puede someterse a votación algo que no sólo va en contra del espíritu del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano sino que está expresamente prohibido por el Reglamento Interno de la Institución, además que no estaba contemplada votación alguna para ese día, pero no se nos permitió hablar siquiera;
7.3.5. Mientras tanto, los Observadores Permanentes de República Dominicana estaban votando todos, a mano alzada, por la inclusión de ellos mismos en el padrón electoral, circunstancia ya de por sí irregular porque el Presidente de la Junta Directiva no tuvo siquiera la inteligencia de solicitar a los observadores, no ya que abandonaran el salón para que el tema fuera debatido en privado y decidido por los demás, sino que tampoco les pidió que se abstuvieran de interferir en una votación, no sólo porque no tienen derecho a votar en Asamblea Plenaria sino que sólo a ellos beneficiaba y, finalmente, lo que es el colmo, el encargado de hacer el recuento de los votos fue el denominado Secretario Adjunto de la Junta Directiva, el dominicano Miguel Oviedo, señalando de viva voz que había ochenta y cuatro votos y, por ende, mayoría, situación que, quienes nos apegamos a la legalidad, protestamos nuevamente, especialmente porque a quienes les corresponde realizar el escrutinio de las votaciones, conforme el artículo treinta y seis del Reglamento Interno, es a los Secretarios de la Junta Directiva, la cual, conforme el artículo 14 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y 31 del Reglamento Interno, se constituye por un Presidente, cuatro Vicepresidentes y Cinco Secretarios, es decir, todos diputados centroamericanos electos por las respectivas poblaciones de los cinco Estados que hoy conforman, de pleno derecho, el Parlamento Centroamericano, ya que una posición adjunta a la Junta Directiva (reglamentada en el capítulo XIV, “DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS, ABROGATORIA Y VIGENCIA” (sic), les ha venido permitiendo, como observadores que son, enterarse de todo lo que se discute, pero no les otorga facultades más allá de la simple observación, es decir, un recuento de votos efectuado por persona distinta de los cinco Secretarios de Junta Directiva electos por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, es tan válida como el recuento que pudo haber sido efectuado por cualquier otra persona que anduviese por ahí, pero a nivel anecdótico o periodístico, pero jamás con carácter legal;
7.3.6. De lo anteriormente consignado no se cuenta, en la fecha en que suscribimos la presente demanda, con un proyecto de acta que podamos citar adecuadamente, porque no ha sido elaborado por el personal a cargo.
7.4. DEL PROCESO ELECTORAL INTERNO CONVOCADO PARA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, Y QUE FINALIZÓ EL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO:
7.4.1. Como consecuencia de la inclusión, a todas luces ilegal, de los Observadores Permanentes de República Dominicana en el padrón electoral, varios de los miembros originarios de varios Estados, electos por sus respectivas bancadas nacionales para conformar la Comisión Electoral que, conforme la reglamentación del Parlamento Centroamericano, le corresponde “Organizar el proceso electoral y velar por su transparencia y legalidad” (artículo 116, inciso 2 del Reglamento Interno), renunciaron, situación que obligó a iniciar el proceso de elección de los diputados que habrían de sustituirlos;
7.4.2. Desconocemos qué pasó en el seno de las demás bancadas nacionales, pero en el caso del Estado de Guatemala, los dos integrantes originarios que habían sido nombrados por la bancada guatemalteca conforme el artículo 115 del Reglamento Interno, Saúl Enrique Padilla Muñoz y Alfredo Skinner-Klee Arenales, fueron de los que renunciaron, y la mayoría de la bancada de Guatemala, ante el atropello que se hacía en todo sentido, optó por el camino de no nombrar sustituto alguno, tal como se le aclaró por el suscrito al Presidente de la Junta Directiva cuando llamó y pretendió juramentar para dichos cargos, a la diputada Laura Franco y al diputado Juan Francisco Reyes Wyld;
7.4.3. Las demás representaciones de los Estados procedieron a nombrar, asumimos, a los nuevos integrantes de la Comisión Electoral; luego, el Presidente de la Junta Directiva, procedió a juramentarlos;
7.4.4. Ya iniciado el acto de juramentación, el diputado Juan Francisco Reyes Wyld se incorporó al grupo de diputados que estaban siendo juramentados y, sin tener la representación de la mayoría de diputados guatemaltecos, simplemente se incorporó a las “alegres labores” de elección de Junta Directiva, resultando electo, en un proceso de elección interno de dicha comisión, como Vicepresidente de la Comisión Electoral, de tal manera que si el proceso ya venía totalmente contaminado con la inclusión de observadores que no tienen calidad para votar en este caso, ahora era la misma Comisión Electoral la que estaba totalmente viciada.
7.4.5. Invocamos, para el presente caso, los mismos argumentos que ya expusimos en el punto 7.2.3.;
7.4.6. Al instalarse la Comisión Electoral de la manera que quedó señalada, pedimos, de viva voz, que se nos explicara en qué calidad estaba, junto a los demás miembros de dicha comisión, el diputado Juan Francisco Reyes Wyld, pero la presidenta de tal comisión, diputada Ana Cristina Avilés Bernal, en una demostración de ignorancia de la ley, de indiferencia hacia el sistema democrático y prepotencia, se limitó a indicar que no daría la palabra a nadie y que solamente se concretarían a sacar adelante el proceso de elección;
7.4.7. Esta circunstancia fue suficiente para el presentado para tomar la decisión de abandonar la sesión en señal de protesta, y así lo consignamos de viva voz aunque no se nos diese la palabra, en virtud de no querer avalar, con nuestra presencia, un procedimiento viciado por todos lados, completamente ilegal y arbitrario, por lo que permanecimos en las instalaciones del Parlamento Centroamericano pero en otro recinto, desligados totalmente del proceso;
7.4.8. Sin embargo, como relataremos más adelante en el apartado que se refiere a la acción de incumplimiento de la delegación de Observadores Permanentes de República Dominicana, el señor Alfredo Cruz Polanco, quien resultó integrando la Comisión Electoral ilegal, ni siquiera tiene la calidad de Observador Permanente, ya que no ha sido nombrado por el Presidente de la República, y la Cámara de Diputados y el Senado de su país, hasta donde sabemos, no han ratificado ni aprobado su nombramiento, de tal manera que un simple particular vició, una vez más, el proceso interno de elección;
7.4.9. Al día siguiente, jueves veintitrés de octubre de dos mil ocho, cuando fuimos llamados por nuestro nombre para efectos de establecer el quórum para reiniciar la sesión, nuevamente dejamos establecido que estábamos presentes pero que abandonábamos el recinto en señal de protesta por las ilegalidades que se estaban cometiendo, permaneciendo nuevamente en las instalaciones;
7.4.10. Del proceso electoral, la Comisión Electoral, si así se le puede llamar a este ente ilegal, levantó un acta, que se identifica como APE diagonal cero uno guión dos mil ocho (APE/01-2008), que inicia el veintidós de octubre y finaliza el veintitrés de octubre, ambas de dos mil ocho, en donde pretenden hacer constar que manejaron el proceso transparente y legalmente, lo cual no es cierto, ya que se nos negó hasta el derecho de expresarnos, de tal manera que no dieron lugar a que se pudiese impugnar siquiera.
7.4.11. El mencionado proceso de elección de miembros de Junta Directiva, que viene viciado, como indicamos, desde el catorce de septiembre del corriente año, pretendió culminar con la instalación de la nueva Junta Directiva en sesión solemne llevada a cabo en la ciudad de Guatemala el veintiocho de octubre de dos mil ocho, pero siendo el nombramiento de Observadores Permanentes como miembros de la Comisión Electoral, la integración de la misma con diputados que no fueron nombrados por sus correspondientes bancadas nacionales y con un padrón electoral totalmente irregular e ilegal, es procedente que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia proceda, también, a declarar la nulidad de dicha sesión solemne y, consecuentemente, sin validez jurídica la toma de posesión de cargos efectuada en esa ocasión.
7.5. CON RELACIÓN A LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61, INCISO 3 DEL ARTÍCULO 102, 122 Y 129 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO:
7.5.1. Al plantear la presente acción de nulidad, lo hacemos partiendo de los siguientes Principios del Derecho:
7.5.1.1. Las normas administrativas que tienen el carácter de reglamentarias, sean de orden general o de orden interno, jamás pueden vulnerar la Constitución, lo que equivale decir, en el caso de estudio, a la ley constitutiva del Parlamento Centroamericano, su Tratado Constitutivo;
7.5.1.2. Ninguna norma administrativa puede violar los preceptos de otra de rango superior; en el caso de estudio, si bien el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas no es la Constitución de un Estado sino la ley fundamental de una Institución, lo que no está en discusión es que aquél, al tratarse de un Tratado Internacional, tiene preponderancia total sobre cualquier reglamento o disposición emanada de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano;
7.5.1.3. El reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general, tiene subordinación a la Ley, a la que complementa;
7.5.1.4. El reglamento, como norma jurídica interna de colaboración, debe distinguirse de la normativa básica de las cuestiones fundamentales, denominada “con reserva de ley” y que siempre corresponde a la Ley, de aquellas normas secundarias pero necesarias para complementar el ordenamiento jurídico;
7.5.1.5. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes, y siendo que el artículo 13 del Tratado Constitutivo que invocamos establece con claridad que “El Reglamento Interno… regulará lo relativo a las sesiones, procedimiento parlamentario, atribuciones de la Junta Directiva, comisiones de trabajo, sistemas de votación, convocatorias, grupos parlamentarios y todo lo concerniente a su funcionamiento…”, la consecuencia lógica es que el mencionado Reglamento Interno se limite a desarrollar los temas que los legisladores originarios demarcaron específicamente, de tal manera que la Asamblea Plenaria jamás pudo, reglamentariamente o de cualquier otra manera, tener capacidad de crear otro tipo de categorías que el Tratado mismo contempla, pero que no están incluidas en el ámbito señalado para reglamentarse;
7.5.1.6. Son nulos de pleno derecho los preceptos reglamentarios que regulen materias reservadas a la Ley, salvo autorización expresa de la misma;
7.5.1.7. Los tribunales o los jueces no aplicarán normas reglamentarias o cualquier otra disposición emanada legalmente, que sea contraria a la Constitución, a las demás leyes de rango constitucional o de carácter ordinario o al principio de jerarquía normativa, lo cual equivale a decir, en el caso de estudio, que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia no debe aplicar norma reglamentaria alguna que sea contraria a lo que preceptúa el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, de la Carta de Organización de los Estados Centroamericanos y sus Protocolos, al Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y sus Protocolos, y que cualquier resolución de Asamblea Plenaria, aunque no se trate de normas administrativas pero que contravengan al Tratado Constitutivo o cualquiera de los demás tratados mencionados que provienen de la misma fuente, también debe declararse inaplicable en todos los casos.
7.5.1.8. Los tribunales ejercen el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican;
7.5.1.9. El recurso directo contra disposiciones reglamentarias es un medio enérgico de control jurisdiccional que mira, fundamentalmente, al interés de la legalidad y seguridad jurídica de la totalidad de las actuaciones;
7.5.1.10. El recurso directo contra disposiciones reglamentarias obliga al órgano jurisdiccional a poner las normas cuya validez se cuestionan, en perspectiva con la Constitución, con la ley superior, con el resto del ordenamiento jurídico positivo, con los Principios Generales del Derecho y con la Doctrina Jurisprudencial;
7.5.2. La acción de nulidad la interponemos en contra de los artículos ya citados del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano por los siguientes argumentos:
7.5.2.1. Acerca del artículo 42: El artículo segundo del Segundo Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas es claro al establecer, con la mayor jerarquía legal, una calidad de observadores, a los que denomina Observadores Permanentes, facultad que le otorga únicamente a los países suscriptores del Tratado y sus Protocolos, y el artículo trece del Tratado Constitutivo demarca el ámbito dentro del cual debió redactarse el Reglamento Interno, dejando abierta cualquier posibilidad pero únicamente en “…todo lo concerniente a su funcionamiento…”, es decir, no hay facultad, expresa o tácita, para reglamentar la creación de otras categorías no contempladas por los legisladores constituyentes. El artículo reglamentario objeto de estudio no sólo pretende ampliar la capacidad de nombrar observadores no sólo a los países, como manda la Ley, sino a los parlamentos nacionales, creando la posibilidad de que existan, en el Parlamento Centroamericano, dos delegaciones de observadores, una del país (o del Estado, como establece el artículo impugnado), y otra del parlamento nacional; luego, amplía tal categoría, establecida únicamente por Ley a los países suscriptores del Tratado Constitutivo y sus Protocolos, a parlamentos regionales y organismos internacionales que así lo soliciten, razones suficientes para que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia declare la nulidad del mismo;
7.5.2.2. Acerca del artículo 43: Este artículo hace la clasificación de los observadores en tres categorías que no contempla la Ley, de tal manera que, no habiendo margen para desarrollar, reglamentariamente, el tema específico de observadores, también debe declararse nulo;
7.5.2.3. Acerca del artículo 44: Este artículo pretende reglamentar lo relativo a una categoría de observadores que la Ley Constitutiva, o sea el Tratado Constitutivo, no contempla originariamente, de tal manera que, no teniéndose facultades para reglamentar este tema, también deviene procedente la declaración de nulidad;
7.5.2.4. Acerca del artículo 45: Además de la falta de facultades para reglamentar el tema de observadores, la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, al aprobar el Reglamento Interno, establece la categoría creada por la Ley para los países suscriptores del Tratado Constitutivo y sus Protocolos, mientras no hayan celebrado elección de diputados, para “…los Parlamentos de otros Estados extrarregionales, así como otros organismos internacionales…”, demostrando su falta de consideración para con la Ley superior, de tal manera que también es procedente declarar la nulidad del mismo;
7.5.2.5. Acerca del artículo 46: Si bien es cierto el reconocimiento que compartimos por el apoyo que el Parlamento Centroamericano ha recibido de las instituciones que este artículo menciona, especialmente del Parlamento Europeo, debemos privilegiar nuestro andamiaje legal, y nuestra Ley Constitutiva no contempla ni la categoría de Observadores Originarios, ni el otorgamiento del carácter de observador más que a los países suscriptores del Tratado Constitutivo y sus Protocolos, mientras se celebran elecciones de diputados, ni contempla, repetimos, la posibilidad de reglamentar en un ámbito que no señala la Ley, cuando expresa y tajantemente indica en qué se puede reglamentar;
7.5.2.6. Acerca del primer párrafo del artículo 61: Este artículo se refiere al quórum, ámbito, estimamos, comprendido dentro de la categoría “…y todo lo concerniente a su funcionamiento…” que menciona el artículo 13 del Tratado Constitutivo, de tal manera que sí cae en el ámbito de funciones de Asamblea Plenaria hacer tal reglamentación, pero estimamos que el primer párrafo del artículo sesenta y uno del Reglamento Interno no cumple con la normativa superior, ya que pretende establecer el quórum “…con la presencia de la mayoría absoluta, la cual se constituye con más de la mitad de todos los diputados y diputadas integrantes del Parlamento Centroamericano.”, lo cual no es congruente con el artículo doce del Tratado Constitutivo, que establece que el mismo se integra con sesenta y cuatro diputados. Siendo que el Parlamento Centroamericano está, hoy, integrado por los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, de pleno derecho, con ciento cuatro (104) diputados y diputadas ejerciendo, la mayoría absoluta que establece el reglamento interno sería de cincuenta y tres (53) diputados, lo cual constituye un número menor de diputados y diputadas presentes requeridos, por la Ley Constitutiva, para que pueda constituirse la Asamblea Plenaria; a nuestro criterio, la mayoría absoluta no tiene ámbito de aplicación ni para constituir la Asamblea Plenaria ni para tomar decisiones, ya que es lógico pensar que si se requiere un mayor número de integrantes del Parlamento Centroamericano, sesenta y cuatro, para que la Asamblea Plenaria pueda funcionar, la misma es incapaz de tomar acuerdos y resoluciones con una mayoría menor que la que establece la ley constitutiva, razón por la cual solicitamos la nulidad del párrafo primero (y no lo hacemos en contra del segundo párrafo del mismo artículo en virtud de considerar que, en el caso del Parlamento Centroamericano, la generalidad de decisiones tendrán que tomarse por acuerdo de la mitad más uno de los diputados presentes, siempre y cuando esta sea mayor de sesenta y cuatro, de tal manera que la mayoría simple, por mandato de la ley constitutiva, siempre será mayor que una teórica mayoría absoluta, aunque en este tema algo agregaremos en la consulta que planteamos más adelante);
7.5.2.7. Acerca del inciso 3 del artículo 102: Este artículo, aunque se refiere a observadores, más se refiere a las condiciones de participación de los mismos, de tal manera que podemos considerar la reglamentación como parte de las atribuciones de Asamblea Plenaria porque se trata de aspectos de funcionamiento, a excepción del inciso tres que impugnamos, en primer lugar porque se refiere a una categoría de observadores que la Ley Constitutiva no creó, y eso sí está fuera del ámbito de reglamentación de la Institución, pero, además, porque, reglamentariamente, se les otorgan derechos (y ninguna obligación, como la de resultar electo) que los equiparan con los diputados y diputadas, es decir, no desarrolla cosa alguna en el ámbito del funcionamiento mismo de la Institución sino pretende constituirse en fuente de derechos que la ley superior no contempla y que la lógica jurídica y el sentido común nos señalan su ilegalidad, además que el artículo tres del Tratado Constitutivo establece que “Para ser Diputado al Parlamento Centroamericano…, debe cumplirse con los mismos requisitos que para ser diputado o representante exige la legislación de los Estados miembros”, es decir, son calidades y categorías totalmente distintas que la Ley Constitutiva contempla, las cuales una Asamblea Plenaria no tiene potestad alguna para equiparar, razones por las cuales solicitamos la declaración de nulidad;
7.5.2.8. Acerca del inciso 9 del artículo 116: El artículo de estudio reglamenta las atribuciones de la Comisión Electoral, la cual funciona con el objeto de llevar a cabo el proceso de elecciones de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano; sin embargo, el inciso nueve establece que las disposiciones relativas a impugnaciones que emita dicha Comisión Electoral, no admiten recurso alguno, lo cual es incongruente con el sistema democrático que todos los Tratados y Convenios que tienen que ver con el ámbito de la integración de la región se han firmado en los últimos sesenta años, y siendo la Comisión Electoral, como la palabra lo indica, una simple comisión que ni siquiera contempla el Tratado Constitutivo, que sólo establece, como órganos del Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Plenaria, a la Junta Directiva y Un Secretariado (artículo ocho), de tal manera que es imposible que la reglamentación pretenda dejar indefensos a los representantes de los ciudadanos de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, de tal manera que tal disposición afecta directamente nuestros derechos fundamentales de disentir y de recurrir, especialmente tomando en cuenta que no se trata del órgano superior de la Institución; por otro lado, la redacción del artículo reglamentario no señala si se refiere a recursos administrativos internos o a la facultad que tenemos de recurrir, de tal manera que planteamos la nulidad del mencionado inciso en el legítimo ejercicio de recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia, quien, al tenor del principio enunciado en el apartado 7.4.1.6., ut supra, tiene el derecho y el deber de recibir este tipo de requerimientos, recursos y reclamos;
7.5.2.9. Acerca del artículo 122: Este artículo, al igual que el inciso del artículo mencionado en el párrafo anterior, lo señalamos de nulidad ipso iure, además, porque contempla la interposición de impugnaciones “…por escrito razonado…”, contradiciendo el inciso dos del artículo diez del Reglamento Interno, que contempla las atribuciones de los diputados, al vedar la de “2.- Ejercer su derecho de voz y voto…” que, además, no constituye tan sólo una reglamentación interna sino todo un principio inherente a la calidad de diputado electo libre, democrática y popularmente por los electores conforme a la normativa interna de los Estados; además, la Honorable Corte Centroamericana, al declarar la nulidad de este artículo por las razones expresadas en el párrafo anterior y en el presente, debe también considerar que la Comisión Electoral, por lo menos en esta oportunidad, no dejó margen a que los diputados nos expresáramos de viva voz; que una de las bases fundamentales para poder impugnar acto alguno es la documentación que registra tales actos; que la Comisión Electoral, una vez suscrita el acta correspondiente, la cual elabora a puerta cerrada en uno de los recintos del Parlamento Centroamericano donde no hay acceso más que a los miembros de la misma, se disuelve; que es hasta que la Comisión Electoral está disuelta que todos los demás integrantes de Asamblea Plenaria tenemos acceso a dicha documentación, de tal manera que ya no existe Comisión Electoral ante quién plantear una inconformidad, ni siquiera una solicitud de aclaración, no digamos una impugnación acerca de alguna cuestión de fondo, de tal manera que, yendo además en contrapelo de los Principios Generales del Derecho, se hace necesario que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia declare la nulidad de dicho artículo;
7.5.2.10. Acerca del artículo 129: El presente artículo, además de ser totalmente anti técnico porque un Reglamento Interno no puede legislarse casuísticamente, está plagado de irregularidades, a saber:
7.5.2.10.1. Les otorga a los observadores de República Dominicana la categoría de Observadores Especiales, la cual no contempla el Tratado Constitutivo;
7.5.2.10.2. Les confiere la calidad de Parlamentarios Designados, lo cual ya no es reglamentar el funcionamiento del Parlamento Centroamericano sino crear calidades que la Ley Constitutiva, el Tratado y sus Protocolos, no contemplan;
7.5.2.10.3. Falta a la verdad al establecer que dichos observadores han sido electos por el Congreso Nacional de República Dominicana, cuando en realidad son nombrados por el Presidente de la República, sometiéndose dichos nombramientos a la ratificación de la Cámara de Diputados y, posteriormente, a la aprobación del Senado (el artículo 16 de la Constitución de República Dominicana establece que el Congreso Nacional está integrado por la Cámara de Diputados y el Senado), como estableceré más adelante, faltándose, al ser nombrados directamente por una persona, a la naturaleza misma del Parlamento Centroamericano contemplada en el artículo primero de su Tratado Constitutivo, cuando establece como los más elevados valores del mismo “…que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional.”
7.5.2.10.4. Señala que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los diputados y diputadas, estableciendo ciertas excepciones (dentro de las cuales, por cierto, la de elegir y ser electo a cargos de la Junta Directiva), lo cual es incongruente con el artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, ya que los legisladores constitutivos crearon y establecieron la calidad de Observador Permanente con otro tipo de características, a saber:
7.5.2.10.4.1. La temporalidad, ya que los diputados y diputadas somos electos por un período determinado, mientras que los Observadores Permanentes son intemporales, no existe, siquiera, necesidad de ratificarlos, y su calidad termina el día en que el país de que se trate celebre elecciones de diputados centroamericanos indistintamente de la declaración de ganadores o de la toma posterior de posesión de estos últimos, por mandato de la Ley;
7.5.2.10.4.2. Los Observadores Permanentes tienen esta calidad desde que cumplen con todos los requisitos de la ley interna de su país y toman posesión como tales, mientras que los Diputados Centroamericanos tienen un mandato otorgado por sus electores;
7.5.2.10.4.3. Los Observadores Permanentes se equiparan a unos embajadores de buena voluntad, que llegan a enterarse de todo lo que se trabaja en las Comisiones de Trabajo y de lo que se discute en Asamblea Plenaria, pero no forman quórum, no tienen capacidad de ser parte en la toma de acuerdos y resoluciones ni cumplen con los requisitos para ser parte de la Junta Directiva, mientras que los Diputados Centroamericanos son quienes integran el quórum, con su acuerdo de voluntades hacen la mayoría necesaria para, valga la redundancia, tomar acuerdos y resoluciones, tienen la capacidad de elegir y de ser electos para los cargos de Junta Directiva y ejercen las atribuciones que señala el Tratado Constitutivo y el Reglamento Interno;
7.5.2.10.5. Le otorga facultad a los observadores de un Estado que todavía no está integrado de pleno derecho sino se encuentra en la fase de cumplir con todos los requisitos que establece el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y sus Protocolos adicionales, para integrar el quórum, de tal manera que contradice la Ley Constitutiva, ya que el artículo doce del Tratado establece que el mismo se integra con diputados, no con observadores;
En virtud de las razones y consideraciones anteriores, deviene procedente, también, la declaratoria de nulidad del mencionado artículo.
7.6. CON RELACIÓN A LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA:
7.6.1. Las relaciones oficiales entre República Dominicana y el Parlamento Centroamericano, hasta donde conocemos, tuvieron un renovado impulso a raíz de una solicitud fechada en Santo Domingo, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por el Presidente de la Cámara de Diputados de dicho país, mediante la cual, entre otras cosas, manifiesta: “…solicito al Plenario del Parlamento Centroamericano le sea conferido el status de Observador Permanente a la Cámara de Diputados de la República Dominicana… …tenemos justificado interés en contribuir a crear la atmósfera para que en un futuro, que espero no lejano, nuestro país pueda integrarse de pleno derecho a ese honorable cónclave legislativo…”; dicha comunicación obra a folios ciento treinta y ocho (138) y ciento treinta y nueve (139) del acta “AP/83-97/98 SESION DE ASAMBLEA PLENARIA 29 DE NOVIEMBRE – 2,3,4 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 20, 21 Y 22 DE ENERO DE 1998…” (sic.), la cual documenta la sesión correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de mil novecientos noventa y siete (tomo 83 “a” de Actas de Asamblea Plenaria, periodo 1997-1998);
7.6.2. A los pocos días, en la sesión de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se leyó la iniciativa denominada “SOBRE LAS RELACIONES DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA” (sic.), la cual obra a folios ciento treinta y cinco, ciento treinta y seis y ciento treinta y siete del acta que documenta la sesión, ya individualizada anteriormente;
7.6.3. La lectura de la iniciativa y los debates están contenidos del folio ciento veinticinco al folio ciento treinta y uno, inclusive, de la mencionada acta, para luego llegar a la resolución AP/1-LXXXIII-97, que la Asamblea Plenaria finalmente denominó “SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA CALIDAD DE OBSERVADOR PERMANENTE A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA” (sic.), y está contenida entre los folios ciento treinta y dos al ciento treinta y cuatro del acta ya mencionada;
7.6.4. Existe, además, un “Acuerdo Marco de Cooperación entre el Parlamento Centroamericano y la Cámara de Diputados de la República Dominicana”, suscrito por los Presidentes de ambas instituciones, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete;
7.6.5. Por alguna razón interna de República Dominicana, que nosotros desconocemos pero respetamos, la delegación de Observadores Permanentes debe ser nombrada por el Presidente de la República, ratificada por la Cámara de Diputados y, luego, aprobada por el Senado, es decir, hasta donde entendemos, no basta, para que el país nombre sus Observadores Permanentes, como lo contempla el artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, que la Cámara de Diputados lo haga, ya que requiere, conforme a la Constitución de ese país, que exista previamente un nombramiento de parte del Organismo Ejecutivo, y el nombramiento mediante decreto que hace el Presidente de la República, carece de validez por sí mismo, la cual adquiere hasta que los nombramientos son ratificados por la Cámara de Diputados y aprobados por el Senado; es decir, para que un Observador Permanente de República Dominicana pueda solicitar acreditar esa calidad, legal y válidamente, se requiere que sea nombrado a ocupar dicho cargo por el Presidente de la República, y que su nombramiento sea ratificado por la Cámara de Diputados y aprobado por el Senado;
7.6.6. Adicionalmente, no basta con que un Observador Permanente esté nombrado por su país, ya que ese nombramiento, luego, tiene que ser acreditado debidamente en el Parlamento Centroamericano; en el caso de estudio de la delegación de República Dominicana, luego de ser nombrados los Observadores Permanentes por el Presidente de la República, de ser ratificado dicho nombramiento por la Cámara de Diputados, y de ser aprobada la ratificación de dicho nombramiento por el Senado, el Estado Dominicano, por conducto de sus canales oficiales, debe presentar al Parlamento Centroamericano la documentación oficial que señale la finalización del proceso interno de nombramiento para efectos de acreditación en el foro regional;
7.6.7. En el presente momento en que nos dirigimos a la Honorable Corte, hasta donde sabemos, el Presidente Leonel Fernández emitió el Decreto mil cuarenta y dos guión dos mil cuatro (1042-2004) el veintiocho de agosto de dos mil cuatro, mediante el cual, en lugar de nombrar veinte observadores permanentes, designa a veintiuna personas en la misma calidad; posteriormente, el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, el Presidente Leonel Fernández emite el Decreto un mil doscientos veinticuatro guión cero cuatro (1224-04), mediante el cual designa a una persona más al Parlamento Centroamericano en calidad de Observador Permanente, pretendiendo llevar el número de Observadores Permanentes a veintidós;
7.6.8. Luego, el siete de septiembre de dos mil seis emite el Decreto trescientos ochenta y ocho guión cero seis (388-06) y el diecisiete de octubre de dos mil seis emite el Decreto quinientos siete guión cero seis (507-06), decretos mediante los cuales “queda designado”, en cada caso, un Observador Permanente diferente en sustitución de otro designado anteriormente;
7.6.9. Posteriormente, el dieciocho de octubre de dos mil seis, es decir, más de dos años después de haber sido simplemente designados pero no nombrados los Observadores Permanentes por el Presidentes de la República, la Cámara de Diputados de República Dominicana ratificó las designaciones hechas por el Poder Ejecutivo, de tal manera que dicha cámara se limitó a ratificar una designación contenida en un decreto del Presidente, mas nunca ratificó nombramiento alguno efectuado dentro del ámbito de atribuciones que el inciso primero del artículo cincuenta y cinco de la Constitución de República Dominicana le confiere al Presidente de la República;
7.6.10. Finalmente, el Senado de República Dominicana resuelve “APROBAR los nombramientos expedidos por el Poder Ejecutivo” en la sesión de fecha nueve de enero de dos mil siete, es decir, se comete el error de dar por aprobados nombramientos que no existen conforme a la Constitución de la República, ya que, si bien es cierto la designación es un acto de voluntad, por mucho que provenga indubitablemente del Poder Ejecutivo y se le revista de algún carácter legal, no debe ser considerado equivalente al acto de nombrar, que es diferente y es el que consigna la Constitución de República Dominicana, de tal manera que si la aprobación del Senado se hace sobre una base inexistente, no debe tener valor legal ni producir efectos jurídicos en el ámbito del derecho comunitario;
7.6.11. Además, el mencionado artículo segundo del Segundo Protocolo también señala que los países suscriptores “…tendrán derecho a acreditar Observadores Permanentes”, es decir, no basta, desde nuestro punto de vista, el nombramiento, la ratificación y la aprobación, sino el acto posterior de acreditación, que en términos diplomáticos es “El acto por el cual un gobierno confirma á una potencia la autenticidad de los poderes que dio á su representante cerca de ella… y el embajador, ministro plenipotenciario ó residente, enviado extraordinario, etc., no toma el carácter oficial hasta tanto no ha cumplido con el requisito de la acreditación.” (sic.) (Enciclopedia Universal ilustrada Europeo Americana, Editorial Espasa-Calpe, tomo 2, página 434); es decir, la única manera de entrar en funciones un Observador Permanente, de conformidad con la Ley Constitutiva y las normas del Derecho Internacional, es mediante el cumplimiento de los requisitos internos de su país y la correspondiente acreditación ante el Parlamento Centroamericano;
7.6.12. No existen registros en el Parlamento Centroamericano de que República Dominicana haya cumplido, luego de finalizar, supuestamente, los trámites conforme a su ley interna para que el país nombrara hasta veinte Observadores Permanentes, de haberlos acreditado debidamente;
7.6.13. Desconocemos de qué manera la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano procedió a calificar credenciales, si es que alguna vez las hubo, y de qué manera, también, se procedió a dar por válidos supuestos nombramientos por encima del límite que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano claramente establece;
7.6.14. Pero ahí no terminan las ilegalidades que hacemos de conocimiento por este medio ante la Honorable Corte Centroamericana de Justicia, ya que tenemos conocimiento, por comunicación recibida en el Parlamento Centroamericano el trece de marzo de dos mil siete, de un Decreto posterior, el ochenta y nueve guión cero siete (89-07), de fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, mediante el cual el Presidente Leonel Fernández “designa” al señor Alfredo Cruz Polanco, en calidad de Observador Permanente en el Parlamento Centroamericano, en sustitución de la persona que ahí denomina, es decir, que tampoco ha sido “nombrado”, por la Presidencia de su país, que es la facultad que contempla el inciso 1 del artículo 55 de la Constitución de República Dominicana; además, no tenemos conocimiento ni hay registros de la ratificación efectuada por la Cámara de Diputados ni de la Resolución Aprobatoria del Senado de República Dominicana, de tal manera que, hasta donde nos consta, esta persona no tiene ni nombramiento, ni el mismo ha sido ratificado por la Cámara de Diputados ni aprobado por el Senado de su país, por lo cual consideramos que también ha estado fungiendo ilegalmente y que no sólo sus actuaciones son nulas sino que, a su vez, ha contaminado de nulidad todos aquellos temas y actuaciones en donde, por ignorancia de la Ley Constitutiva y del incumplimiento de los requisitos legales, se ha involucrado voluntariamente, lo han involucrado sus compañeros observadores, como es el caso de haberlo “distinguido” para ser parte de la Comisión Electoral, o ha sido llamado por algunos diputados y diputadas a ejercer, ilegalmente, recalcamos, algún cargo, especialmente la Junta Directiva a cuyo cargo estuvo la calificación de sus credenciales;
7.6.15. El origen de la figura de los Observadores Permanentes, Señores Magistrados, se encuentra, como señalamos, en el artículo segundo del Segundo Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, que fuera suscrito en San Salvador, El Salvador, el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y uno, pero, si bien es cierto que deja al libre albedrío de los países suscriptores de dicho Tratado y sus Protocolos el número de observadores permanentes que pueden acreditar, lo cierto es que lo limita a veinte, de tal manera que República Dominicana puede tener de uno hasta veinte observadores permanentes, pero no más de ese número porque así lo manda nuestra normativa legal sin lugar a errores;
7.6.16. Los Observadores Permanentes deben cumplir con todos los requisitos de su ley interna antes de poder incorporarse a sus labores como tales en el Parlamento Centroamericano; hipotéticamente, porque no es el caso, no es válido, desde cualquier punto de vista que se mire, que cualquier persona, contando únicamente con el trámite inicial, que en este caso sería la obtención del Decreto Presidencial de nombramiento (que en los casos de estudio nunca se ha dado, y por eso señalamos que no es este el caso), se incorpore a unas labores remuneradas si no cuenta con el aval necesario, que, de la papelería consultada, colegimos que, en República Dominicana, se trata no únicamente de un nombramiento por Decreto sino se requiere la validez que le dan los actos separados de dos órganos colegiados, la Cámara de Diputados y el Senado, ambos de República Dominicana;
7.6.17. La actuación de cualquier persona que no cumpla con los requisitos legales que la normativa interna de los Estados exige, tanto para incorporarse en calidad de diputado centroamericano como de observador permanente, no puede llegar más allá que la de un particular cuya visita se recibe, pero está limitado en el ejercicio de aquellas facultades que el Tratado Constitutivo y el Reglamento Interno, respectivamente, les otorgan a quienes sí cumplen con todos los requisitos de las leyes internas y comunitarias;
7.6.18. Por otro lado, las actuaciones de la delegación de Observadores Permanentes dominicanos en un bloque mayor de veinte, que es el límite permitido, devienen, en su conjunto, totalmente ilegales;
7.6.19. Finalmente, las representaciones de los Estados también están atadas al aporte económico de los mismos y a los gastos equitativos entre las delegaciones, pero dicha situación es totalmente irregular en el presente caso, de tal manera que se hace imprescindible que la Corte Centroamericana de Justicia también se pronuncie sobre la devolución de sueldos y dietas de los Observadores Permanentes que han venido funcionando, fuera del máximo permitido por la ley, es decir, arriba de los veinte legalmente autorizados y, en el mismo sentido, la devolución de sueldos y dietas de los Observadores Permanentes que hayan cobrado por dichos conceptos, al Parlamento Centroamericano, sin contar con la investidura legal completa que contempla su legislación constitucional y ordinaria interna, así como de los gastos de viaje y viáticos en que hubieren incurrido al ser nombrados para acudir, en nombre del Parlamento Centroamericano, a evento alguno con utilización de su patrimonio;
7.6.20. Sobre el punto anterior, la Corte Centroamericana de Justicia debe establecer, además, que los Observadores Permanentes a que se refiere el apartado anterior, deberán devolver los suelos, las dietas, los gastos de viaje y viáticos que hubieren recibido, más los intereses correspondientes, calculados a una tasa que deberá fijar esa Honorable Corte Centroamericana de Justicia;
7.6.21. El artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, al crear la calidad de Observadores Permanentes, también señala que la decisión del país será comunicada a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, para los efectos correspondientes; estos efectos correspondientes son, entre otros, el mismo artículo lo menciona, la acreditación que ya mencionamos, porque esta tiene dos vías, la obligación de afirmar, de certificar o de dar prueba de que, conforme la normativa interna del Estado de que se trate, se ha procedido a cumplir todos los trámites, y por el lado de quien recibe esta acreditación, que tiene el deber de calificar los documentos que recibe y, desde el momento en que acepta el involucramiento de personas que no han cumplido con acreditar debidamente su calidad de observador de un país, son, frente al Parlamento Centroamericano, directamente responsables por su falta de acuciosidad y liviandad en la aplicación de la normativa jurídica que han jurado cumplir y hacer cumplir, de tal manera que los miembros de estas Juntas Directivas también deben ser declarados responsables de restituir los recursos económicos mal empleados por este concepto, estimamos, de la siguiente manera:
7.6.21.1. Solidariamente mancomunada, la totalidad de integrantes de diversas Juntas Directivas que han mal acreditado Observadores Permanentes, en el caso de haberse pagado sueldos y viáticos a personas particulares que no cumplen con los requisitos legales para serlo;
7.6.21.2. Solidariamente mancomunada, la totalidad de integrantes de diversas Juntas Directivas que, aunque no les correspondió acreditar Observadores Permanentes en su momento, sí fueron parte de la misma en el periodo en que se hubiese pagado sueldos y viáticos a personas particulares que no cumplen con los requisitos legales para serlo; y,
7.6.21.3. En forma personal y subsidiaria, aquellos miembros de Junta Directiva que hayan autorizado viaje alguno a una persona particular, es decir, que no cumple con los requisitos legales para ser Observador Permanente conforme al ordenamiento jurídico interno del país y del Parlamento Centroamericano, con obligación de restituir, tanto los gastos que representaron los pasajes como los viáticos que se hayan entregado;
7.6.21.4. Todo lo anterior, con inclusión de los intereses a una tasa que deberá fijar, para efectos de cálculo, la Honorable Corte Centroamericana de Justicia.
8. CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS: El mencionado artículo, denominado “VOTACIONES”, reza: “La Asamblea Plenaria adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados, salvo los casos especiales que se contemplen en este Tratado o se establezcan en el Reglamento Interno. El quórum se integra con 64 diputados”, el cual se hace necesario que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia, en el ámbito de sus atribuciones, interprete, porque da lugar a dudas que es imprescindible aclarar en aras de la certeza jurídica, por lo cual partimos por señalar:
8.1. Comparecemos ante la Honorable Corte Centroamericana de Justicia a solicitar la interpretación, fundamentados en el inciso “e” del artículo 22 del Convenio de Estatuto de la mencionada Corte, bajo el siguiente razonamiento:
8.1.1. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas debe considerarse un instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, aun cuando el primero es anterior al segundo, ya que el mismo es la carta de nacimiento a la vida jurídica del Parlamento Centroamericano, de la Reunión de Presidentes y de la Reunión de Vicepresidentes, todos parte del Sistema de la Integración Centroamericana que nace a la vida jurídica, precisamente, a raíz del segundo tratado aquí mencionado; y,
8.1.2. Siendo el Parlamento Centroamericano el órgano de donde ha de emanar la legislación comunitaria, sus actuaciones y resoluciones deben considerarse actos derivados del mencionado Protocolo de Tegucigalpa;
8.2. El artículo confunde dos temas:
8.2.1. el del quórum indispensable para que Asamblea Plenaria pueda constituirse válidamente y poder deliberar; y,
8.2.2. el de la toma de acuerdos o resoluciones, lo cual requiere que haya una votación y que el artículo denomina adoptar decisiones;
8.3. Al mencionar el artículo indicado que las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados, sin establecerse que se trata de los diputados presentes por arriba del quórum indispensable para poder instalarse, deliberar y, consecuentemente, tomar acuerdos, da lugar a que se interprete que basta con establecer el quórum y, sin importar que en la reunión haya menos de sesenta y cuatro diputados, que es el caso legislado actualmente, se pueden tomar decisiones con la simple mayoría de quienes estén presentes, situación que llevaría al absurdo jurídico de que, una vez instalado el quórum e iniciada la sesión, no importa que haya veinte, diez o cinco diputados para tomar las decisiones en nombre de la Asamblea Plenaria;
8.4. El artículo objeto de este estudio jurídico pertenece a la redacción original del Tratado Constitutivo, cuando se pensaba que los cinco Estados que suscribieron el mismo se integrarían simultáneamente; como el derrotero para la instalación del Parlamento Centroamericano fue distinto a como fue previsto originalmente, cuando se suscribió el Protocolo al mencionado Tratado Constitutivo, el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, se contemplaron diversas posibilidades de quórum, dependiendo si el Parlamento estaba constituido por tres (38 diputados) o por cuatro (51 diputados) Estados (inciso 4 del artículo 4), de tal manera que, estando actualmente constituido por cinco Estados, a partir de la incorporación del Estado de Panamá como miembro de pleno derecho, la modificación temporal del Protocolo, ya mencionada, perdió vigencia, de tal manera que el quórum a considerarse, actualmente, es de sesenta y cuatro diputados.
8.5. Nosotros consideramos que el espíritu de la norma, lo que los legisladores constituyentes quisieron definir, es:
8.5.1. Que la Asamblea Plenaria, en un Parlamento Centroamericano constituido por cinco Estados miembros, puede instalarse válidamente y deliberar cuando se cuenta con un quórum integrado por un mínimo de sesenta y cuatro diputados;
8.5.2. Que la Asamblea Plenaria puede deliberar y tomar acuerdos o adoptar decisiones cuando se encuentran presentes no menos de los diputados con que se constituye el quórum que manda el Tratado Constitutivo;
8.5.3. Que la mayoría que establece el artículo de estudio, de la mitad más uno, no puede interpretarse como la mitad más uno de los diputados que integran el Parlamento Centroamericano, ya que el mínimo de diputados que se requiere para establecerse, para deliberar y para tomar decisiones es mayor que aquélla;
8.5.4. Que al establecer indubitablemente que las votaciones son de diputados y que el quórum se integra con diputados, eso excluye cualquier otra categoría de personas que no tengan dicha calidad.
9. FUNDAMENTO DE DERECHO: Establece el artículo doce del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos, que “Para la realización de los fines del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA se establecen los siguientes Organos: (sic.) …Forman parte de este Sistema: …el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) como Organo (sic.) de Planteamiento, Análisis y Recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su Tratado Constitutivo y Protocolos vigentes. …La Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará el respeto del derecho, en la Interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo…”. Por su parte, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia establece que La Corte “es el Órgano Judicial principal y permanente del ‘Sistema de la Integración Centroamericana’, cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio.…” (artículo 1), así como que “La Corte garantizará el respeto al derecho… (artículo 2), …tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad de juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el ‘Sistema de la Integración Centroamericana’…” (artículo 3). Además, “La Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana…” (artículo 6). “Las competencias de La Corte serán: …b) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana… c) Conocer… acerca de las disposiciones legales… dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana (sic.)…Actuar como órgano de consulta de los órganos u organismo del Sistema de la Integración Centroamericana…” (artículo 22). Por otro lado, “La Corte podrá dictar las medidas prejudiciales o cautelares que considere convenientes para resguardar los derechos de cada una de las partes, desde el momento en que se admita alguna reclamación contra uno o más Estados, Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, hasta que se falle definitivamente. En ese sentido podrá fijar la situación en que deban permanecer las partes contendientes a solicitud de cualquiera de ellas (sic.), a fin de no agravar el mal y de que las cosas se conserven en el mismo estado mientras se pronuncia la resolución correspondiente.” (artículo 31). Además, invocamos el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, especialmente los artículos que han sido citados en el cuerpo de este libelo, así como sus correspondientes Protocolos, con especialidad el Segundo, el cual en su artículo segundo indica: “Mientras se celebran las elecciones previstas en el Artículo Primero, los países suscriptores del Tratado y sus Protocolos, tendrán derecho a acreditar Observadores Permanentes ante el Parlamento Centroamericano, hasta en número de veinte. La decisión del país será comunicada a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, para los efectos correspondientes”
10. DECLARACIÓN DE PERJUICIO: La Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia, en su artículo sesenta inciso “b” establece que el actor, en las demandas de nulidad y de incumplimiento, si es una persona natural, debe ofrecer prueba de que la decisión o la resolución impugnada le causa perjuicio. Comparecemos en nuestra doble calidad, pero no como la contempla la ordenanza; comparecemos, decimos, en nuestra calidad de persona individual pero, además, revestidos, por nuestro carácter de diputado titular al Parlamento Centroamericano, de la representación de una enorme mayoría de ciudadanos, a saber:
10.1. COMO PERSONA NATURAL: Las resoluciones impugnadas nos perjudican en los siguientes cuatro sentidos:
10.1.1. Porque nuestra formación profesional nos hace tener muy en alto los valores mediante los cuales se realiza el Derecho, y al perderse la certeza jurídica que todos los actos susceptibles de producir efectos legales deben tener, especialmente los emanados de órganos colegiados, se atenta en contra del Estado de Derecho, perjudicando grandemente la esfera de actividades en la que toda persona respetable desea desarrollarse;
10.1.2. Porque nuestra escala da valores y los altos principios que nos inspiran, no sólo en nuestras actuaciones públicas sino en todos los órdenes de la vida, no nos permiten apañar maniobras burdas y triquiñuelas revestidas de aparente legalidad de unos cuantos, así sean mayoría en el órgano colegiado, cuando nuestra inteligencia y sentido común nos señalan lo mal que se pretenden hacer algunas cosas;
10.1.3. Porque hay un evidente afán económico detrás de los puestos de Junta Directiva de una Institución como el Parlamento Centroamericano, en donde la historia ha sido de repartir viajes y viáticos y descuidar totalmente las áreas de discusión y análisis, en perjuicio del patrimonio de la Institución, y como ciudadano que paga impuestos estoy interesado en que haya pesos y contrapesos hasta en las juntas directivas de las instituciones, de tal manera que los integrantes de la misma, siendo minoría, no puedan dilapidar el patrimonio de las instituciones sin mayor problema; como persona individual que paga sus impuestos, estaremos siempre perjudicados por unos pocos malos políticos que se les ha olvidado cuál es su objetivo en la Institución, a quiénes representan y cuál es su finalidad en esta vida.
10.1.4. Además, porque tenemos más de medio siglo de tener un prestigio personal que no estamos dispuestos a perder por las malas decisiones de unos pocos, y desde el momento en que, físicamente, nos vemos obligados a convivir en un ambiente de discusión, lo menos que se espera es que ese prestigio no se vea manchado por los desatinos de unos cuantos que, tarde o temprano, habrán de ser de conocimiento de la opinión pública.
10.2. COMO DIPUTADO CENTROAMERICANO: También nos perjudican las decisiones y actuaciones impugnadas en tres sentidos:
10.2.1. Como representante de los ciudadanos centroamericanos: porque en todas nuestras actuaciones siempre hemos tenido en mente a las personas que tuvieron a bien confiar en nosotros al emitir su sufragio, y sentimos que hay un enorme porcentaje de ese electorado, al cual creemos representar con dignidad, que ya están cansados, hartos, de la ilegalidad, sentimiento que adquiere mayores proporciones cuando ésta es cometida por supuestos líderes, y todos los casos planteado en esta oportunidad a la Honorable Corte Centroamericana de Justicia revisten tales características; lo anterior no es solamente una declaración de requisito para que la Honorable Corte Centroamericana le de trámite a las acciones por este medio planteadas; nuestra actuación como diputado centroamericano jamás, recalco, jamás ha sido desarrollada haciendo caso omiso u olvidando a los electores a quienes represento, y hemos tenido varias oportunidades de probarlo, como cuando con nuestra única oposición no se autorizó el pago de dietas a un diputado que estuvo preso en Estados Unidos de América por contrabando de armas, o la demanda que con fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno planteara ante esa Honorable Corte para evitar que otra mayoría dilapidara descaradamente los recursos del Parlamento Centroamericano.
10.2.2. Por nuestra obligación de preservar la Institucionalidad: Si el Parlamento Centroamericano está llamado a convertirse en el Órgano de Supervisión y Control de la mayoría de entidades que conforman el Sistema de la Integración de la región y pretende llevar a la práctica, algún día, la facultad de nombrar al funcionario de más alto rango de tales entidades comunitarias, todo diputado, toda diputada, especialmente quienes poseen una formación de carácter legal, tienen la obligación de velar por la preservación de la legalidad, de los procedimientos establecidos en las normas que lo constituyen y que lo rigen, corriendo el riesgo, si no lo hace, de ser tildado de laxo, o de que ni siquiera por su formación profesional entiende lo que la normativa positiva establece, equiparándolo con un ignorante, por lo menos en estos temas; además, es de carácter imperativo que quienes conformamos el Parlamento Centroamericano, en lo individual y como grupo colegiado, entendamos lo importante que es que el ente de donde habrá, finalmente, de emanar el Derecho Comunitario de la región, sea el primero no sólo en respetar la institucionalidad de todas las demás organizaciones comunitarias, dando el ejemplo de respetarse a lo interno, a sí misma, de tal manera que la declaración de nulidad de las resoluciones y del proceso de elecciones internas viciado y la consecuente orden de que se repita el mismo bajo el imperio del andamiaje legal que rige estos temas, adquiere mayores proporciones para quienes visualizamos el futuro de la región.
10.2.3. En nuestra dignidad y escala de valores y principios que nos rigen: Porque, siendo fundadores del Parlamento Centroamericano, somos de los diputados que hemos llegado a trabajar, a darle forma, a sufrir y a querer una Institución que, hace años, visualizábamos como más duradera que sus integrantes en lo individual, circunstancia que podría cambiar por la necedad y estulticia de algunos integrantes de pleno derecho que, aprovechándose de las ansias de un grupo de observadores que tampoco miden sus límites, hacen cada día más difícil la aceptación de una Institución regional, con sus bochornosas actuaciones, dentro del electorado que conforma la opinión pública, y nosotros no hemos llegado a un puesto de representación popular como el que tenemos a dejarnos manchar en nuestra dignidad y en nuestros principios, envolviéndonos en una vorágine que sólo se entiende por la tonta ambición de un relativo poder, el de decidir el tema de los viajes y de los viáticos, ya que ninguno de los candidatos a ocupar esos puestos, que no son más que una comisión más que elige la Asamblea Plenaria para dirigir, en nombre de ésta, algunos aspectos durante un año, que sepamos, presentó plan de trabajo alguno que contemple una agenda seria relativa a los temas de la integración.
11. PRUEBAS: Ofrecemos probar nuestras aseveraciones con los siguientes medios de convicción:
11.1. DECLARACIÓN DE PARTE: No solicitamos la presente prueba porque estimamos que, quien la debería rendir, es el Presidente del Parlamento Centroamericano, pero nosotros consideramos el proceso último de elección, totalmente nulo, por las razones apuntadas, y el mandato del anterior Presidente feneció, de manera que la institución demandada la consideramos, en estos momentos, sin representación legal;
11.2. PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE ACOMPAÑA:
11.2.1. Copia legalizada notarialmente, de los folios uno, dos, y del ciento veinticinco al ciento treinta y nueve, inclusive, del acta número AP diagonal ochenta y tres guión noventa y siete diagonal noventa y ocho (AP/83-97/98) de Asamblea Plenaria, que documenta parte de la sesión del dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al tomo ochenta y tres “a” (83 “a”);
11.2.2. Copia legalizada notarialmente de varios decretos dictados por el Presidente de la República Dominicana, obtenidos a través de Internet, así como copias que obran en el Parlamento Centroamericano de documentación oficial relacionada con la incorporación de Observadores Permanentes de República Dominicana a esa Institución y el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Parlamento Centroamericano y la Cámara de Diputados de ese país;
11.2.3. Copia legalizada notarialmente, del proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho, identificada con el número AP diagonal doscientos cuatro guión dos mil ocho (AP/204-2008);
11.2.4. Copia legalizada notarialmente, de la convocatoria número diez diagonal dos mil siete guión dos mil ocho (10/2007-2008), de fecha dieciocho de octubre de dos mil ocho; y,
11.2.5. Copia legalizada notarialmente, del acta número APE diagonal cero uno guión dos mil ocho (APE/01-2008), suscrita por la Comisión Electoral que se eligiera anómalamente, como señalo en el apartado respectivo, que documenta el proceso electoral de miembros de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano los días veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho;
11.3. INFORME RENDIDO A SOLICITUD DEL TRIBUNAL: En virtud de que el proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho no ha sido aprobado por Asamblea Plenaria, no se tuvo la oportunidad de solicitar la certificación del acta a uno de los Secretarios de Junta Directiva que entregaron el cargo el pasado veintiocho de octubre; además, todavía no existe un proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha veintidós y veintitrés de octubre próximo pasado, y, además, nosotros somos de la opinión que, en este momento, no existe en el Parlamento Centroamericano una Junta Directiva válidamente electa, de tal manera que consideramos que no existe funcionario alguno con la capacidad válida suficiente para certificar documento alguno; además, es de conocimiento público la intención que tenemos de impugnar el proceso de elección de Junta Directiva, de tal manera, tratando de evitar más fricciones, acudimos a la Honorable Corte Centroamericana de Justicia para que, por sus medios, recabe la información que considere necesario para esclarecer los asuntos por este medio hechos de su conocimiento, especialmente relacionados con:
11.3.1. Proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, identificada preliminarmente como “AP/204-2008”, llevada a cabo en la ciudad de Quetzaltenango, República de Guatemala, el catorce de septiembre de dos mil ocho;
11.3.2. Proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria que se llevara a cabo en la sede del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala, el día veintidós de octubre de dos mil ocho, de la cual desconocemos con qué número habrá de identificarse;
11.3.3. Proyecto de acta de la sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala, el día martes veintiocho de octubre de dos mil ocho, mediante la cual se documenta los actos de juramentación y toma de posesión de la Junta Directiva electa con todas las anomalías legales señaladas durante las jornadas de los días veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho;
11.3.4. Acerca de los votos razonados y el contenido de esas razones, que se emitieran con posterioridad y con motivo del manejo totalmente irregular de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano llevada a cabo el día veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.3.5. Acerca de los votos razonados y el contenido de esas razones, que se emitieran con posterioridad y con motivo del manejo totalmente irregular del proceso de elección de Junta Directiva que estuvo a cargo de la Comisión Electoral;
11.3.6. Informe que deberán rendir las bancadas nacionales de diputados y diputadas centroamericanos, acerca del proceso interno de elección y nombramiento de delegados para conformar la Comisión Electoral y, en caso de renuncia de uno o todos los delegados, acerca del proceso interno de elección y nombramiento de delegados a la Comisión Electoral, en sustitución de quienes hubiesen renunciado;
11.3.7. Informe de toda la documentación que el Parlamento Centroamericano pueda aportar, con relación al proceso de acreditación de Observadores Permanentes de República Dominicana;
11.3.8. Informe relativo al proceso de nombramiento de los actuales Observadores Permanentes, y en qué han consistido los actos que, en su orden, ha ejecutado para dichos fines la Presidencia de la República, tanto al inicio del mismo del proceso como para efectos de acreditación, la Cámara de Diputados y el Senado de República Dominicana, que deberán solicitarse al Presidente de la República y a los respectivos Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de ese país;
11.3.9. Informe que habrá de solicitarse a la cancillería de República Dominicana, acerca de las razones por las cuales ha habido varios procesos electorales generales en ese país sin que se lleve a cabo la elección correspondiente a los diputados centroamericanos;
11.3.10. Informe que contenga el Diario de Debates de las sesiones de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano:
11.3.10.1. De fecha catorce de septiembre de dos mil ocho; y,
11.3.10.2. De fecha veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.3.11. Informe que contenga el Diario de Debates de la sesión, a cargo de la Comisión Electoral, de fechas veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho, que documenta el proceso de elección de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano;
11.3.12. Informe que deberá rendir la Dirección de Sistemas del Parlamento Centroamericano, con relación al Padrón Electoral dos mil ocho que se imprimiera el día veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.4. DECLARACIÓN TESTIMONIAL: La cual deberán prestar personalmente y no por medio de apoderado, las siguientes personas:
11.4.1. Julio Guillermo González Gamarra, en su calidad de ex presidente del Parlamento Centroamericano, porque presidió las sesiones de Asamblea Plenaria de fechas catorce de septiembre y veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.4.2. Enrique Martín Gasteazoro, ex secretario de Junta Directiva, porque es el Secretario que, a sabiendas de que se solicitaba el recuento de diputados y diputadas presentes para establecer el quórum en la sesión de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho, es quien continuó leyendo las iniciativas pendientes en la orden de ese día;
11.4.3. Miguel Oviedo, para que explique con qué fundamento legal procedió, en nombre de algún otro de los cinco secretarios de Junta Directiva, a hacer recuento de votos y a declarar mayoría en una votación de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, el veintidós de octubre de dos mil ocho, y para que explique cuál es el fundamento legal que le asiste para haberse hecho pasar por secretario de la Junta Directiva;
11.4.4. Manuel Pichardo, quien vino fungiendo como “Vicepresidente Adjunto” de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano hasta el veintiocho de octubre último, para que explique qué normativa legal le asiste para haberse hecho pasar por “Vicepresidente Adjunto” y, de paso, para que explique el procedimiento de acreditación de Observadores Permanentes que ha llevado a cabo la delegación de los mismos de República Dominicana, con inclusión de actos y fechas en que se llevaron a cabo los mismos;
11.5. INFORME DE EXPERTOS:
11.5.1. Acerca del contenido de las grabaciones de sonido de las Asambleas Plenarias de fechas catorce de septiembre y veintidós de octubre de dos mil ocho, y de la sesión a cargo de la Comisión Electoral, que inició el veintidós y finalizó el veintitrés de octubre de dos mil ocho, todo en el Parlamento Centroamericano;
11.5.2. Acerca del pago de salarios, dietas, pasajes aéreos o terrestres y viáticos que se hayan efectuado a Observadores, desde mil novecientos noventa y siete hasta la fecha, bajo cualquier categoría que aparezcan (Permanentes, Especiales o Parlamentarios Designados);
11.6. INSPECCIÓN OCULAR: Que podrán realizar los Señores Magistrados sobre los tomos de actas de Asamblea Plenaria, sobre los proyectos de acta pendientes de aprobarse, sobre los proyectos de acta pendientes de repartirse, de los Diarios de Debates, especialmente los de fechas catorce de septiembre, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho, sobre el acta original que levantara la Comisión Electoral con fechas veintidós y veintitrés de octubre del presente año, sobre la documentación de respaldo que sirvió para acreditar a los delegados nombrados por las respectivas bancadas nacionales para integrar la Comisión Electoral, las notas de renuncia que se hubieren recibido y, especialmente, las notas con las cuales se acreditaron los correspondientes sustitutos, así como la papelería que corresponde al padrón electoral que sirvió para llevar a cabo el último proceso; sobre la contabilidad del Parlamento Centroamericano, especialmente lo relacionado con el pago de salarios, dietas, pasajes aéreos o terrestres y viáticos a los Observadores, bajo cualquier categoría que aparezcan; sobre la papelería legal que ha servido para la acreditación de Observadores en el Parlamento Centroamericano; sobre la totalidad de actas, tanto de Asamblea Plenaria, con la finalidad de establecer desde qué fecha han estado presentes en dichas sesiones los Observadores de República Dominicana, como de las sesiones de Junta Directiva, a fin de establecer en que fecha se dieron por aceptadas las acreditaciones de los observadores de República Dominicana y a quiénes, de ellos, se les ha autorizado viajar con gastos pagados por el Parlamento Centroamericano, y en qué fechas.
11.7. PRUEBAS EN PODER DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
11.7.1. Constituciones, Constituciones Políticas o Cartas Fundamentales de todos los países que conforman el Sistema de la Integración de Centroamérica;
11.7.2. Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos;
11.7.3. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, sus correspondientes Protocolos y el Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano;
11.7.4. Decretos emitidos por el Presidente de la República Dominicana y resoluciones emitidas por la Cámara de Diputados y por el Senado de República Dominicana, especialmente los que acompañamos en el Anexo 11.2.2., a los cuales nos referimos en el apartado de ese mismo número del presente memorial;
11.7.5. Consideramos importante que conste como prueba en el expediente que se forme como consecuencia de la presentación de esta demanda, de certificación de la resolución, de esa Honorable Corte, de las medidas cautelares dictadas dentro del expediente de demanda entablada por los diputados centroamericanos José Rodolfo Dougherty Liekens y Camilo Agustín Brenes Pérez en contra del Parlamento Centroamericano, la cual entendemos que fue notificada a la parte demandada el día veinte de octubre de dos mil ocho;
11.7.6. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, así como sus respectivos protocolos;
11.7.7. Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos, vigente en la presente fecha;
11.8. PRESUNCIONES: Tanto las de índole legal como las de carácter humano que de las actuaciones se desprendan.
12. DECLARACIÓN FINAL DEL DEMANDANTE, PREVIA A EFECTUAR LA PETICIÓN: EL SURGIMIENTO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO SE DIO, LUEGO DE LA ETAPA DE LA GUERRA FRÍA DE LAS DOS SUPERPOTENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTAS DEL SIGLO PASADO, EN LA QUE NO EXISTIAN VASOS COMUNICANTES NI ENTRE LOS PRESIDENTES DE LAS REPÚBLICAS, NI ENTRE SUS DIRIGENTES POLÍTICOS DE CENTROAMÉRICA. LA VISIÓN QUE SE TUVO, ORIGINARIAMENTE, ERA LA DE ESTABLECER UN FORO EN DONDE SE PUDIESE DISCUTIR, CON ALTURA, LOS TEMAS QUE NUESTROS PAÍSES, QUE NUESTRAS SOCIEDADES, TIENEN EN COMÚN; EN DONDE PUDIÉSEMOS ENCONTRAR SOLUCIONES A NUESTROS TAMBIÉN PROBLEMAS COMUNES Y NOS FUÉSEMOS ACERCANDO MÁS NO SÓLO A NIVEL DE PAÍS SINO DE NUESTRAS SOCIEDADES, DE LAS PERSONAS. ES EN ESE CONTEXTO Y CON EL PROCESO EN MARCHA QUE SE ACERCA A LA REGIÓN REPÚBLICA DOMINICANA, Y NO ESTIMAMOS QUE HAYA HABIDO NADIE, NI QUE LO EXISTA, QUE NO ENCUENTRE POSITIVA Y DE BENEFICIO MUTUO ESE ACERCAMIENTO. NOSOTROS ESTAMOS CONVENCIDOS QUE EL PLANTEAMIENTO DE ESTA DEMANDA, QUE SÓLO BUSCA LA LEGALIDAD, NOS AYUDARÁ A EFECTUAR UN ALTO EN EL CAMINO DE ESE PROCESO QUE LLEVA RECORRIDO VARIAS DÉCADAS, A TOMAR EL RUMBO DE LO QUE ES POLÍTICA Y JURÍDICAMENTE CORRECTO EN LAS INSTITUCIONES DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, DE LO QUE REALMENTE ESPERAN NUESTROS ELECTORES DE LOS LÍDERES POLÍTICOS Y DE LAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN, Y ESTABLECERÁ UN MAGNÍFICO PRECEDENTE: QUE LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y LOS QUE A ÉSTA SE ACERCAN, TIENEN QUE ENCAUSAR SUS ACTUACIONES DENTRO DEL ANDAMIAJE JURÍDICO COMIUNITARIO Y QUE LOS REQUISITOS DE LAS LEGISLACIONES INTERNAS, PARA EFECTOS DE SU APLICABILIDAD EN EL ÁMBITO JURÍDICO, DEBEN SER CUMPLIDOS A CABALIDAD. ESTÁ EN NUESTROS MÁS ALTOS DESEOS QUE REPÚBLICA DOMINICANA FINALICE SU INCORPORACIÓN DE PLENO DERECHO AL PARLAMENTO REGIONAL, CON DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS DEMOCRÁTICA, POPULAR, LIBRE Y LEGALMENTE, PARA QUE, ASÍ, NO EXISTAN MÁS DUDAS CON RELACIÓN AL EJERCICIO PLENO DE PODER PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO EN TODAS LAS DELIBERACIONES DEL FORO POLÍTICO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA.
13. PETICIÓN:
13.1. DE TRÁMITE:
13.1.1. Que se admita, para su trámite, la presente demanda en contra del Parlamento Centroamericano, y que se tengan por interpuestas, de nuestra parte:
13.1.1.1. ACCIÓN DE NULIDAD: La cual encausamos en contra de:
13.1.1.1.1. ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, QUE PRELIMINARMENTE SE IDENTIFICA COMO AP DIAGONAL DOSCIENTOS CUATRO GUIÓN DOS MIL OCHO (AP/204-2008), ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA PLENARIA, DE ESA MISMA FECHA, IDENTIFICADAS BAJO NÚMEROS AP DIAGONAL CINCO GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO, AP DIAGONAL SEIS GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO Y AP DIAGONAL SIETE GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO (AP/5-204/2008, AP/6-204/2008, AP/7-204/2008);
13.1.1.1.2. RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, DE LA CUAL NO CONOCEMOS EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRETENDE DAR POR VÁLIDA LA INCORPORACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA AL PADRÓN ELECTORAL, CON PLENOS DERECHOS PARA ELEGIR Y SER ELECTO CON RELACIÓN A LOS CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA;
13.1.1.1.3. LA TOTALIDAD DEL PROCESO DE ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LLEVADO A CABO LOS DÍAS VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO Y DOCUMENTADO MEDIANTE ACTA APE DIAGONAL CERO UNO GUIÓN DOS MIL OCHO (APE/01-2008); y,
13.1.1.1.4. LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos;
13.1.1.2. ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA.
13.1.1.3. CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS.
13.1.2. Que con el presente memorial y documentos adjuntos, se inicie la formación del expediente respectivo;
13.1.3. Que se tome nota de las calidades bajo las cuales actuamos;
13.1.4. Que se tome nota que actuamos bajo nuestro propio Auxilio, Dirección y Procuración, en nuestra calidad de abogado colegiado activo;
13.1.5. Que se tome nota del lugar que hemos señalado para recibir notificaciones y del abogado propuesto para recibirlas en el domicilio de esa Honorable Corte;
13.1.6. Que se tenga por presentada la documentación que acompañamos al presente memorial;
13.1.7. Que se tenga por manifestado y acreditado el interés que tenemos como parte actora en el presente asunto;
13.1.8. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba relacionados en el apartado respectivo;
13.1.9. Que, al ser admitida la presente reclamación, COMO MEDIDAS PREJUDICIALES O CAUTELARES, se decrete:
13.1.9.1. La suspensión, hasta que esa Honorable Corte Centroamericana emita un fallo definitivo:
13.1.9.1.1. De la aprobación del acta de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho;
13.1.9.1.2. De las resoluciones de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho identificadas como AP diagonal cinco guión doscientos cuatro diagonal dos mil ocho (AP/5-204/2008), AP diagonal seis guión doscientos cuatro diagonal dos mil ocho (AP/6-204/2008) y AP diagonal siete guión doscientos cuatro diagonal dos mil ocho (AP/7-204/2008), de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, así como sus consecuentes efectos jurídicos;
13.1.9.1.3. Del acto denominado “NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL QUE TENDRÁ A SU CARGO EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009”, contenido en punto ocho, página diez, del proyecto de acta identificada con el número AP diagonal doscientos cuatro guión dos mil ocho (AP/204-2008) del Parlamento Centroamericano;
13.1.9.1.4. De la resolución de Asamblea Plenaria, de la cual no tenemos cómo identificar en estos momentos, dentro de la sesión de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, mediante la cual se pretendió incorporar a la delegación de Observadores Permanentes de República Dominicana, al padrón electoral que sirvió para elegir a la Junta Directiva, en las elecciones internas programadas para el día veintidós de octubre de dos mil ocho;
13.1.9.1.5. Del acto de juramentación de los sustitutos para integrar la Comisión Electoral, al final de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano;
13.1.9.1.6. De la validez jurídica del proceso electoral de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano llevado a cabo los días veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho, incluyendo pero no limitándose a:
13.1.9.1.6.1. El acta APE diagonal cero uno guión dos mil ocho (APE/01-2008), que documenta tales actuaciones;
13.1.9.1.6.2. De las rondas de votaciones llevadas a cabo con un padrón electoral viciado en un proceso dirigido por una Comisión Electoral conformada ilegalmente;
13.1.9.1.6.3. Especialmente, del punto décimo séptimo del acta que documenta el proceso electoral, denominado “RESULTADO DE LAS ELECCIONES”;
13.1.9.1.7. De los actos de juramentación y de toma de posesión llevados a cabo en sesión solemne, en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala, el día veintiocho de octubre de dos mil ocho;
13.1.9.1.8. De los artículos 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos;
13.1.9.2. Que, como consecuencia de algunas de las medidas cautelares decretadas, SE ORDENE A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS CENTROAMERICANOS Y A LOS OBSERVADORES PERMANENTES QUE PRETENDIERON ELEGIRSE COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EL VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE UN PROCESO ILEGAL DE ELECCIÓN, SE ABSTENGAN DE AUTORIZAR NOMBRAMIENTOS, DESPIDOS, CONTRATACIONES, COMPRAS, VIAJES, VIÁTICOS, EROGACIONES, O DE DICTAR ORDEN ALGUNA QUE VAYA EN CONTRA DEL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE QUE SI INCUMPLEN, DEBERÁN RESPONDER CON SU PROPIO PATRIMONIO EL REINTEGRO DE CUALQUIER CANTIDAD QUE SE PAGUE O SE EROGUE POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN CASO DE DECLARARSE CON LUGAR LA ACCIÓN DE NULIDAD INCOADA EN SU CONTRA;
13.1.10. Que se emplace a la entidad demandada, Parlamento Centroamericano, notificándole en la dirección señalada;
13.1.11. Que, oportunamente, se diligencien las pruebas que se proponen y ofrecen, especialmente las documentales que obran en poder del adversario;
13.2. DE FONDO: Que, una vez diligenciadas las pruebas propuestas y ofrecidas, se dicte sentencia declarando:
13.2.1. CON LUGAR LAS ACCIONES DE NULIDAD entabladas en contra:
13.2.1.1. DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO DE ASAMBLEA PLENARI ADEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, QUE PRELIMINARMENTE SE IDENTIFICA COMO AP DIAGONAL DOSCIENTOS CUATRO GUIÓN DOS MIL OCHO (AP/204-2008), ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA PLENARIA, DE ESA MISMA FECHA, IDENTIFICADAS BAJO NÚMEROS AP DIAGONAL CINCO GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO, AP DIAGONAL SEIS GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO Y AP DIAGONAL SIETE GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO (AP/5-204/2008, AP/6-204/2008 Y AP/7-204/2008), Y COMO CONSECUENCIA, SE PRONUNCIE SOBRE LOS TEMAS PLANTEADOS EN EL PUNTO 7.1.8.4., ASÍ COMO LA NULIDAD DEL PUNTO OCHO DE LA MISMA, REFERENTE AL NOMBRAMIENTO, JURAMENTACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ELECTORAL Y, CONSECUENTEMENTE, DE TODOS LOS ACTOS QUE DICHA COMISIÓN ELECTORAL HAYA PODIDO EFECTUAR Y LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS QUE HAYA TOMADO DESDE EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO;
13.2.1.2. DE LA RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, DE LA CUAL NO CONOCEMOS EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRETENDE DAR POR VÁLIDA LA INCORPORACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA AL PADRÓN ELECTORAL, CON PLENOS DERECHOS PARA ELEGIR Y SER ELECTO CON RELACIÓN A LOS CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA;
13.2.1.3. DEL PROCESO DE ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LLEVADO A CABO LOS DÍAS VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO Y DOCUMENTADO MEDIANTE ACTA APE DIAGONAL CERO UNO GUIÓN DOS MIL OCHO (APE/01-2008) Y, CONSECUENTEMENTE, SE ORDENE LA CONVOCATORIA DE UN NUEVO PROCESO ELECTORAL QUE SE ENMARQUE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA LEGALIDAD; y,
13.2.1.4. DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos;
13.2.2. CON LUGAR LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA Y, COMO CONSECUENCIA:
13.2.2.1. Se declare ilegal la comparecencia de los Observadores Permanentes de República Dominicana que lo hubiesen efectuado antes de finalizar la acreditación correspondiente, conforme su ley interna y conforme a la normativa comunitaria contenida en el artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, desde la incorporación de los primeros Observadores Permanentes;
13.2.2.2. Se declare ilegal la permanencia como Observador Permanente del señor Alfredo Cruz Polanco y de todas aquellas personas que no han cumplido con los requisitos legales internos y comunitarios para serlo;
13.2.2.3. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, el nombramiento de veintiún Observadores Permanentes efectuado por el Señor Presidente de República Dominicana, por propasarse en el número de Observadores Permanentes que permite el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano;
13.2.2.4. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, el nombramiento del señor Juan Pablo Plácido, contenido en Decreto un mil doscientos veinticuatro del Presidente, de carácter posterior al que señalamos en el apartado anterior, por propasarse en el número de Observadores Permanentes que permite el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano;
13.2.2.5. Se declare ilegal cualquier sustitución de un Observador Permanente por otro, en tanto la delegación de República Dominicana no se ajuste al número de los mismos que puede acreditar y se culmine con los trámites que prevé su ley interna y la normativa comunitaria;
13.2.2.6. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, la resolución que contiene la ratificación del nombramiento de veintiún Observadores Permanentes al Parlamento Centroamericano que efectuó, con fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, la Cámara de Diputados de República Dominicana;
13.2.2.7. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, la resolución de aprobación que brinda el Senado de República Dominicana, con fecha nueve de enero de dos mil siete, del nombramiento de veintiún Observadores Permanentes al Parlamento Centroamericano, por no existir tal nombramiento sino una simple designación y por no ajustarse a la Norma Constitutiva Comunitaria;
13.2.2.8. Se ordene a las personas que hayan fungido como Observadores Permanentes de manera ilegal, y que hayan cobrado salarios, dietas, viáticos o cualquier tipo de beneficio económico como pasajes aéreos y terrestres o viáticos, lo restituyan de inmediato al Parlamento Centroamericano, juntamente con los intereses, fijándoseles un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren, se les certificará lo conducente por los delitos de apropiación y retención indebidas;
13.2.2.9. Se resuelva que los diputados y diputadas que han conformado las diferentes Juntas Directivas bajo cuya responsabilidad ha estado calificar los documentos de acreditación de los Observadores Permanentes de República Dominicana, son responsables de manera solidaria y mancomunada con dichos Observadores, por la devolución de salarios y dietas, fijándoseles, para que reintegren dichas cantidades, un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que, vencido el mismo sin que las mismas hayan sido totalmente restituidas, se les certificará lo conducente por el delito de malversación;
13.2.2.10. Se resuelva que los miembros de Junta Directiva que hayan autorizado viajes y viáticos a los Observadores Permanentes de República Dominicana, son responsables personal, directa y subsidiariamente de la devolución de los mismos, fijándoles, para que así lo hagan, un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que, vencido el mismo no han sido restituidas dichas cantidades, se les certificará lo conducente por el delito de malversación;
13.2.2.11. Se ordene la devolución de las cantidades que resulten, como consecuencia de los apartados anteriores, con inclusión de los intereses correspondientes, a razón de una tasa que deberá fijar esa Honorable Corte;
13.2.3. CON LUGAR LA CONSULTA PLANTEADA CON RELACIÓN A LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS, EN LOS TÉRMINOS EXPLICADOS EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE MEMORIAL.
13.2.4. QUE, AL DICTARSE SENTENCIA DECLARANDO LAS NULIDADES PLANTEADAS, SE CERTIFIQUE LO CONDUCENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, ENTIDAD ENCARGADA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LUGAR EN DONDE SE DIERON ALGUNOS HECHOS, ADEMÁS DE LOS QUE ACAECIERON EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, PARA EFECTOS DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD PENAL, SI LA HUBIERE:
13.2.4.1. DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE VIOLAN EL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO AL PRETENDER APROBAR RESOLUCIONES SIN CONTAR CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE;
13.2.4.2. DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE, EN DESACATO DE ESA HONORABLE CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, ENCAUSAN EL DEBATE PARLAMENTARIO, EN UNA SESIÓN CONVOCADA PARA ELEGIR A LOS NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, HACIA UNA VOTACIÓN ENCAMINADA A BURLAR UN MANDATO EXPRESO DE ESA CORTE;
13.2.4.3. DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS CENTROAMERICANOS Y OBSERVADORES PERMANENTES QUE SE SITUARON EN UNA POSICIÓN DE DESACATO A UNA ORDEN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA EN LA SESIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO;
13.2.4.4. DE LOS DIPUTADOS CENTROAMERICANOS Y OBSERVADORES PERMANENTES QUE INTEGRARON ILEGALMENTE LA COMISIÓN ELECTORAL, USURPANDO CALIDADES QUE NO LES CORRESPONDEN, ASÍ COMO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE, A SABIENDAS DE LAS ILEGALIDADES, SE PRESTÓ PARA JURAMENTARLOS;
13.2.4.5. DE LA TOTALIDAD DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ELECTORAL, QUIENES ACTUARON EN CLARO DESACATO DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, COMUNICADA VÁLIDAMENTE Y CONOCIDA POR TODOS, PERMITIENDO QUE LOS OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA PROCEDIERAN A VOTAR Y A SER ELECTOS PARA CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO;
13.2.4.6. DE LA TOTALIDAD DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA, QUIENES ACTUARON EN FRANCO DESACATO DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA Y EN CONTRA DE LAS DISPOSICIONES DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, AL HABER CONTAMINADO UN PROCESO DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE DICHA INSTITUCIÓN, RESERVADO, LEGALMENTE, TANTO EN EL TRATADO CONSTITUTIVO COMO EN EL REGLAMENTO INTERNO, PARA LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS CENTROAMERICANOS, USURPANDO CALIDADES QUE NO TIENEN Y NO LES CORRESPONDEN.
13.2.5. QUE HA LUGAR A EVACUAR LA CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS, EN LOS TÉRMINOS QUE HEMOS EXPUESTO, PRONUNCIÁNDOSE EN ESE SENTIDO.
14. CITA DE LEYES: Los Tratados, Protocolos, Estatutos, Reglamentos y Ordenanza citados, y los artículos 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia; 3 incisos “c” y “d”, 4, 5 inciso 3, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 44 y 65 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia.
Acompañamos una copia del presente memorial y de los documentos adjuntos.
Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 2,008.
EN NUESTRO PROPIO AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN."
Como podrá observar el lector, no escatimamos esfuerzos para hacer valer, en las 34 páginas de que consta la demanda transcrita, los argumentos y motivaciones que nos inspiraron para exigir, en nombre de Uds., mis electores a quienes siempre tengo en mente, el respeto por las leyes, por los procedimientos, por la moralidad y el sentido común que deben privar en cualquier institución de carácter público.
En cuanto se nos notifique algo al respecto lo compartiremos con todos Uds.
"SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de cincuenta y dos años, casado, guatemalteco, abogado y notario, con domicilio en el departamento de Guatemala y residencia en xxx de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; comparecemos ante ustedes con el debido respeto con la finalidad de plantear varias acciones y una consulta, como estableceremos.
DEL OBJETO DE NUESTRA COMPARECENCIA: El objeto de nuestra comparecencia, en esta oportunidad, es el planteamiento de las siguientes acciones en contra del Parlamento Centroamericano:
1.1. ACCIONES DE NULIDAD: Planteamos acción de nulidad en contra:
1.1.1. DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, QUE PRELIMINARMENTE SE IDENTIFICA COMO AP/204-2008, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA PLENARIA, DE ESA MISMA FECHA, IDENTIFICADAS BAJO NÚMEROS AP DIAGONAL CINCO GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO, AP DIAGONAL SEIS GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO Y AP DIAGONAL SIETE GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO (AP/5-204/2008, AP/6-204/2008 y AP/7-204/2008), ASÍ COMO EL PUNTO OCHO DE LA MISMA, CONTENIDO EN FOLIOS DIEZ Y ONCE, QUE SE REFIERE AL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL;
1.1.2. DE LA RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO DE FECHA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, DE LA CUAL NO CONOCEMOS EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRETENDIÓ INCORPORAR A LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA AL PADRÓN ELECTORAL CON PLENOS DERECHOS PARA ELEGIR Y SER ELECTO CON RELACIÓN A LOS CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA;
1.1.3. DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO DE ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LLEVADO A CABO DE FORMA POR DEMÁS ANÓMALA LOS DÍAS VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO Y DOCUMENTADO MEDIANTE ACTA APE DIAGONAL CERO UNO GUIÓN DOS MIL OCHO (APE/01-2008); y,
1.1.4. DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, el cual fue aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos, y que consta en el acta identificada como AP diagonal ciento cuarenta y uno guión dos mil dos (AP/141-2002);
1.2. ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.
Además, deviene necesario que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia dilucide los alcances que los legisladores constitutivos determinaron al normar lo relativo al quórum y las votaciones de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, en virtud de lo cual planteamos:
1.3. CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS.
DEL INTERÉS EN EL PRESENTE ASUNTO: Actuamos en nuestra calidad de diputado titular del Parlamento Centroamericano, electo por el Estado de Guatemala y, por ende, en representación de los intereses de los ciudadanos centroamericanos, así como en nuestra calidad de persona particular con interés en la preservación de la seguridad jurídica y de la legalidad de las actuaciones de los Órganos del Sistema de la Integración Centroamericana; en esta oportunidad, específicamente, de los actos emanados de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, en el primer caso bajo la dirección del ahora ex presidente Julio Guillermo González Gamarra; en el segundo, bajo la dirección de la Comisión Electoral, y por último, también por acciones ilegales de la Junta Directiva y de la delegación de Observadores Permanentes de República Dominicana; lo anterior en virtud de que el Parlamento Centroamericano está contemplado, conforme el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), como parte del mencionado Sistema de la Integración Centroamericana.
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: Comparecemos ante la Honorable Corte Centroamericana de Justicia bajo nuestra propia Dirección y Procuración, en nuestra calidad de abogado colegiado activo, inscrito como tal en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala bajo número tres mil seiscientos nueve (3609).
DEL LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Señalamos primordialmente para recibir notificaciones las oficinas del Parlamento Centroamericano situadas en la ciudad de Guatemala, situadas en doce avenida treinta y tres guión cero cuatro de la zona cinco, segundo nivel, oficina de la Comisión Política y de Asuntos Partidarios. Aún cuando no compartimos la exigencia contenida en el artículo dieciocho de la Ordenanza de Procedimientos de esa Honorable Corte Centroamericana de Justicia, como ya lo establecimos en memorial inicial de demanda de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno presentado ante esa Honorable Corte, en demanda planteada, también, en contra del Parlamento Centroamericano, porque el trato a los abogados de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana debe ser igual y no discriminatorio, y la Honorable Corte tiene a su alcance todos los medios para notificar los acuerdos y resoluciones que emite, cumplimos con el requisito de designar al abogado Luis Adolfo García Esquivel, con oficina en Colonia Centroamérica G guión cuatrocientos treinta y tres (G-433), en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, facultándolo para recibir cualquier notificación.
5. DE LA PARTE DEMANDADA: Las acciones de nulidad que enumeramos en el numeral primero del presente libelo las planteamos en contra del Parlamento Centroamericano, entidad jurídica enmarcada dentro de lo que establece su Tratado Constitutivo y su respectivo Reglamento Interno, cuya sede es en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, y puede ser emplazada en la doce avenida treinta y tres guión cero cuatro de la zona cinco.
6. INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: Comparecemos ante la Corte Centroamericana de Justicia en virtud de que no hay instancia superior ante la cual recurrir en el Parlamento Centroamericano, y por ser el Órgano Judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, llamado a garantizar el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y de sus instrumentos complementarios “… o actos derivados del mismo…” (arto.2 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia), “… y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, Órganos y organizaciones que formen parte o participen en el ‘Sistema de la Integración Centroamericana’…” (arto.3 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia), lo que en un sentido lato puede entenderse que comprende, además de los valores que integran la nacionalidad, el sentido de lo que es justo dentro de tal nación. Por último, porque el artículo 22 del mencionado Estatuto establece que la competencia de La Corte será: “…b) conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana…c) Conocer… acerca de las disposiciones legales… dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana…e) Actuar como órgano de Consulta…en la interpretación y aplicación del ‘Protocolo de Tegucigalpa…’ y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos”. En el caso específico de la nulidad planteada en contra del proceso electoral interno, recurrimos a esta Honorable Corte Centroamericana, a pesar del texto del artículo 122 del Reglamento Interno, por considerar que la Comisión Electoral, de la manera que se integró y que relataremos más adelante, estaba totalmente viciada no solamente para llevar a cabo el proceso electoral mismo, su razón de ser, sino para conocer, con imparcialidad, de cualquier impugnación, como quedará demostrado.
7. HECHOS:
7.1. DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, CUYA NULIDAD PLANTEAMOS EN FORMA PARCIAL POR NO HABERSE CONTADO, AL FINAL DE LA MISMA, CON EL QUÓRUM QUE ESTABLECE LA NORMATIVA LEGAL:
7.1.1. La Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, que es el órgano supremo de tal organismo deliberativo, llevó a cabo sesión ordinaria en la ciudad de Quetzaltenango, República de Guatemala, el día domingo catorce de septiembre de dos mil ocho, habiéndose levantado, para los efectos legales, el acta identificada como AP diagonal doscientos cuatro guión dos mil ocho (AP/204-2008), acta que tuvo que haberse aprobado en la siguiente sesión ordinaria, pero ni siquiera fue sometido el tema a consideración;
7.1.2. La sesión se desarrolló dentro de la normalidad hasta finalizar el punto diecisiete en que se aprobó la resolución de Asamblea Plenaria AP guión cuatro guión doscientos cuatro guión dos mil ocho (sic.) (AP-4-204-2008), referente a la donación de equipo que desea efectuar la Asociación de Bomberos de San Francisco, California, el cual finaliza en la página veintiocho del proyecto de acta que se nos distribuyó;
7.1.3. Al finalizar el punto al cual nos referimos en la literal anterior, el diputado Juan Francisco Reyes Wyld, al observar que en el recinto no habíamos más que unos cuantos diputados, pidió un recuento del quórum, moción que, al percatarnos que nos encontrábamos reunidos solamente unos veinticinco diputados, secundamos, por lo cual la Junta Directiva, a través de alguno de sus secretarios (inciso 1 artículo 36 del Reglamento Interno), debió confirmar el mismo;
7.1.4. Lejos de proceder conforme la legalidad y la moralidad señalaban, en forma atropellada la Junta Directiva pretendió dar por aprobados los temas pendientes en la orden del día, dándoles lectura a las iniciativas el secretario Enrique Martín Gasteazoro con la venia de todos los demás integrantes de dicha Junta Directiva, haciendo caso omiso de la petición expresa y debidamente secundada por quien suscribe, a tal grado, que ni siquiera hacen constar tal extremo en el texto del proyecto de acta, razón que motivó a varios diputados más, que defendemos el régimen de legalidad, a abandonar la sesión, de tal manera que la “reunión” se convirtió en una de unos dieciocho o veinte diputados;
7.1.5. Las resoluciones que se impugnan comienzan en la página veintiocho del proyecto de acta que hasta ahora se tiene, y les han asignado los números “AP/5-204/2008, AP/6-204/2008 y AP/7-204/2008” y finalizan en la página veintinueve.
7.1.6. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL QUÓRUM:
7.1.6.1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS DOCTRINARIOS: La frase latina “quórum” significa “los que”, la cual, luego de ser paulatinamente incorporada a la práctica política, lo fue, posteriormente, al derecho positivo; se utiliza “para indicar el número de miembros que son precisos para que una Asamblea pueda actuar válidamente” (página 1505, tomo 48, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1922). La actuación válida de una Asamblea ofrece dos aspectos fundamentales:
7.1.6.1.1. Para constituirse u organizarse; fundamentalmente, porque cuando la asamblea es numerosa, no debe esperarse que todas las personas que la integran estén presentes para poder iniciar las deliberaciones; es por esa razón que el término quórum se utiliza para designar el número que, racionalmente, sea representativo del conjunto para que una eventual dilación no perjudique ni a la totalidad de miembros de dicho conjunto, ni la agenda de trabajo de la Asamblea de que se trate;
7.1.6.1.2. Para desenvolverse. Este aspecto fundamental, a su vez, puede entenderse desde dos ángulos diferentes:
7.1.6.1.2.1. El quórum necesario para poder deliberar; y,
7.1.6.1.2.2. El quórum indispensable e imprescindible para tomar acuerdos o resoluciones, el cual puede variar dependiendo de su finalidad, pues no puede ser lo mismo, verbigracia, tomar un acuerdo de trámite (acordado por mayoría simple), que una resolución importante, la cual, normalmente, nuestras regulaciones positivas hacen acompañar del requisito de votación por mayoría calificada, es decir, de un mayor quórum o del acuerdo de voluntades de más integrantes de la asamblea.
7.1.7. REGULACIÓN DEL QUÓRUM EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO:
7.1.7.1. El artículo doce del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, denominado Votaciones, cuya interpretación por este medio solicitamos, establece: “La Asamblea Plenaria adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados, salvo los casos especiales que se contemplen en este Tratado o se establezcan en el Reglamento Interno. El quórum se integra con 64 diputados”. Esta es la norma que rige por tratarse de una Asamblea Plenaria de cinco Estados miembros de pleno derecho;
7.1.7.2. Por su parte, el artículo sesenta y uno del Reglamento Interno establece que “La Asamblea Plenaria se considera válidamente instalada, con la presencia de la mayoría absoluta, la cual se constituye con más de la mitad de todos los diputados y diputadas integrantes del Parlamento Centroamericano”, lo cual contradice el Tratado Constitutivo, razón por la cual estamos solicitando la nulidad del primer párrafo del mismo, todo explicado en el apartado 7.4.2.6. de este memorial;
7.1.8. RELACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS DOCTRINARIOS DE LA FIGURA DEL QUÓRUM, SU REGULACIÓN EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, Y LOS HECHOS SUSCITADOS:
7.1.8.1. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas no desarrolla la figura del quórum pero lo establece en sesenta y cuatro diputados, e indica que, salvo casos especiales, adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados. En buen español, lo que quiere decir es que la Asamblea Plenaria puede instalarse, deliberar y tomar algunas decisiones, siempre y cuando cuente con un mínimo de sesenta y cuatro diputados. Se entiende, pues, que se habla de un mínimo, de tal manera que, por arriba de sesenta y cuatro diputados presentes, siempre podrá instalarse, siempre podrá deliberar pero no siempre podrá tomar resoluciones. A contrario sensu, se entiende que, por debajo de ese número mínimo de diputados que la ley constitutiva ha establecido en sesenta y cuatro, no puede instalarse; si la asamblea ha estado instalada y el número de diputados baja de sesenta y cuatro diputados presentes, obligadamente tiene que desintegrarse, no pudiendo, por debajo de ese número de diputados presentes, que no es antojadizo sino está tajantemente señalado en la ley, deliberarse ni, mucho menos, tomar acuerdos o adoptar resoluciones;
7.1.8.2. Por su parte, el nuevo Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, como señalamos anteriormente, ya trae desarrollada la figura del quórum, señalando las diferencias que existen entre las diferentes clases que hay, a las cuales denomina “mayorías”, lo cual ya es un avance con relación al artículo treinta y nueve del Reglamento Interno anterior, que se limitaba a repetir lo que dice el Tratado Constitutivo, aunque los diputados que lo aprobaron no hayan tomado en cuenta la contradicción del primer párrafo que señalamos;
7.1.8.3. EL QUÓRUM EN EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO: Los Principios Generales del Derecho establecen que los pasajes obscuros de una ley podrán aclararse, en su orden, conforme al espíritu de la misma, conforme a la historia fidedigna de la institución, conforme a las disposiciones de otras leyes sobre casos análogos y, por último, conforme parezca más conforme a la equidad y al conjunto de los principios generales del derecho. Se traen estos principios a colación para darle fuerza a nuestros argumentos y para conocimiento de todos los diputados y diputadas que hoy integramos el Parlamento Centroamericano y, especialmente, en beneficio de aquellos que habrán de incorporarse en el futuro, en esta etapa previa al inicio del ejercicio de las facultades vinculantes, en donde el órgano del cual emane la normativa comunitaria centroamericana tiene que verse por quienes lo integramos, y manejarse por los diputados y diputadas que la mayoría elija para dirigir los debates, con mayor pulcritud, y así evitarle a la ciudadanía de la región, al órgano deliberativo y a esa Honorable Corte, trabajos innecesarios por tan sólo invocar la legalidad de las actuaciones, razón por la cual nos permitimos explicar lo siguiente:
7.1.8.3.1. El quórum conforme al Espíritu del Tratado Constitutivo y su Reglamento Interno: El espíritu del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas lo podemos encontrar en su correspondiente “Exposición de Motivos”, la cual, en su parte conducente, dice: “…el establecimiento del Parlamento Centroamericano permitirá que los países del área Centroamericana (sic) discutan y decidan los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales que les afecten, dentro de un espíritu de comprensión y solidaridad que posibilite alcanzar los más altos niveles de cooperación en la región centroamericana, en el marco de los principios que informan las Cartas de Naciones Unidas y de las Organización de los Estados Americanos…”, lo cual repite, con alguna diferencia, en el párrafo cuarto del Preámbulo. Ninguna de las dos instituciones mencionadas, Señores Magistrados, toma a la ligera el tema del quórum, ya que los discursos y deliberaciones simplemente no continúan si no se tiene el mínimo de representantes presentes, mucho menos emanan resoluciones que pueden afectar al mundo, en el caso de la ONU, o al hemisferio americano, en el de la OEA, sin contar con el requisito fundamental para revestir de validez a cualquier actuación de esos cuerpos colegiados como lo constituye la minoría mínima (aunque suene redundante o cacofónico) para sesionar y resolver. Agrega dicha exposición de motivos: “…Se norma lo relativo al quórum y al número necesario de votos para tomar decisiones…”, lo cual, necesariamente, tiene que referirse a los artículos doce, trece (que se refiere a la mayoría calificada requerida para aprobar y reformar el Reglamento Interno) y catorce (referente a las decisiones de Junta Directiva) del Tratado Constitutivo, de donde se colige que el mínimo de votos para tomar decisiones de Asamblea Plenaria es de sesenta y cuatro, dentro de los cuales podrá haber hasta treinta y un votos en contra o abstenciones, y un mínimo de treinta y tres votos a favor, pero siempre un número de votos (que incluyen todos, a favor, en contra y abstenciones) que no puede ser menor, mientras no se reforme el Tratado Constitutivo, de sesenta y cuatro.
7.1.8.3.2. Conforme a la Historia Fidedigna de la Institución del Quórum: Como quedó establecido en el punto 7.1.6.1., hay toda una historia de esta Institución que sustenta total y completamente nuestros argumentos, en detrimento de cualquier otra consideración, los cuales son, junto con la normativa invocada, el sustento de la acción planteada.
7.1.8.3.3. Conforme Disposiciones de Otras Leyes sobre Casos Análogos: No creemos que sea de aplicación la analogía en el presente caso, ya que la redacción del artículo doce del Tratado Constitutivo, denominado Votaciones, por lo menos establece claramente que el quórum es de sesenta y cuatro diputados; sin embargo, además de los casos de la ONU y la OEA ya mencionados, citamos, además, para ilustración de aquellos diputados y diputadas a quienes les cueste entender razones debidamente sustentadas, las respectivas normativas utilizadas por los Congresos Nacionales, Asambleas Legislativas o Cámaras de Diputados de cualquiera de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en donde simplemente no se continúa deliberando cuando no se tiene reunido el mínimo de diputados, y el “rompimiento del quórum” constituye una práctica parlamentaria corriente. Caso especial es el del Parlamento Europeo, el cual desarrolla toda una normativa al respecto, permitiendo, porque así está reglamentado, las deliberaciones, aprobar el orden del día y el acta de las sesiones, sea cual fuere el número de diputados presentes, pero estableciendo que “…Habrá quórum cuando se encuentre reunida en el salón de sesiones la tercera parte de los miembros que integran el Parlamento…” (inciso 2, artículo 126 del Reglamento del Parlamento Europeo). Establece esa normativa, además, que toda votación será válida, sea cual fuere el número de votantes, “…a no ser que con ocasión de la misma el Presidente comprobare, previa solicitud de treinta y dos diputados como mínimo, que no existe quórum…”; es decir, aunque la Asamblea Parlamentaria Europea permite dentro de su normativa (lo que no permite el Parlamento Centroamericano) que continúen los debates sin importar el número de diputados presentes, es sumamente cuidadoso al establecer que la formalización de un acuerdo o resolución debe contar con el quórum indispensable.
7.1.8.3.4. Conforme a la Equidad y a los Principios Generales del Derecho: Equidad, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “Igualdad de ánimo… propensión de dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia…” (página 572, tomo I, opus cit.). En el caso de estudio el sentido común que la equidad implica (y que tanta falta hace, por lo visto), nos confirma que una Asamblea Parlamentaria, salvo que tenga una normativa explícita en contrario, debe tener un mínimo de representantes legítimos presentes para poder conformarse, iniciar sus sesiones, continuar sus deliberaciones y llegar a acuerdos o resoluciones; que no puede permitirse, en aras de la seguridad y certeza jurídica indispensables en cada uno de sus actos (que el artículo 4º., literal “g” del Protocolo de Tegucigalpa establece como uno de los principios fundamentales mediante los cuales deben proceder los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana), que exista un quórum para iniciar una sesión y no lo exista para deliberar y, lo que es peor, que tampoco exista uno para tomar acuerdos, relajando de tal manera la normativa y volviendo tan vulnerables las resoluciones que de Asamblea Plenaria emanen, como para que en un futuro cualquier ciudadano de los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana, al sentirse afectado por el fondo de alguna resolución, tenga abiertas las puertas para dejarla sin efecto atacando la forma, lo que redundaría en el fracaso de cualquier esfuerzo por avanzar en el proceso de la integración, no habría razón para que nuestros pueblos siguieran soportando con los impuestos que los ciudadanos pagan la carga de mantener todo el andamiaje institucional de la integración y sería mejor, para todos, cerrar el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y demás órganos, y dar por clausuradas las Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno.
7.1.8.4. Necesario pronunciamiento de la Corte Centroamericana de Justicia con relación al Quórum y la legalidad de las actuaciones de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano: Finalmente, se hace necesario que esa ilustrada Corte, para beneficio de los diputados y diputadas no versados en temas jurídicos y, por añadidura, en temas parlamentarios, especialmente quienes integran las Juntas Directivas, en beneficio de la estricta legalidad que deberá revestir toda actuación de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, señale taxativamente:
7.1.8.4.1. Que los Observadores Permanentes no forman parte del quórum, ni votan;
7.1.8.4.2. Que la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano se desintegra, legal y automáticamente, al estar presentes en el recinto en que se lleva a cabo la sesión de que se trate, un quórum menor al que establece el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas;
7.1.8.4.3. Que si la Asamblea Plenaria se desintegra legal y automáticamente al no contar con el quórum correspondiente, está imposibilitada para continuar deliberando y, por ende, está en total incapacidad de tomar acuerdos o resoluciones, debiendo el acta que documenta dicha asamblea finalizarse en la parte donde se establece la falta del mismo;
7.1.8.4.4. Que, por tratarse la falta de quórum de un vicio que atañe directamente a la legalidad o falta de legalidad de cualquier actuación, la solicitud de un solo diputado para establecer el mismo durante un debate es esencial y, como tal, tiene prioridad sobre todas las actuaciones pendientes, de tal manera que debe interrumpirse el orden de los oradores para establecer la legalidad de la sesión por este concepto, en primer lugar y sin excusas;
7.1.8.4.5. Que siempre, sin excepción alguna, tiene preeminencia el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano sobre el Reglamento Interno o cualquier otro tipo de disposición legal que desee invocarse
7.2. DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO CON RELACIÓN AL TEMA DEL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL:
7.2.1. En dicha sesión de Asamblea Plenaria, aunque no le corresponde juramentar, ya que es una de las funciones que el ordenamiento jurídico del Parlamento Centroamericano le otorga a la Junta Directiva, se procedió a juramentar y a dar posesión de sus cargos a los miembros de la Comisión Electoral, incluyéndose en la misma al Observador Permanente, que en el texto del acta aparece como Parlamentario Designado, señor Rafael Gamundi Cordero, de República Dominicana;
7.2.2. De tal manera, Señores Magistrados, que la Comisión Electoral, desde sus orígenes, viene viciada, en virtud que la Comisión Electoral, conforme al ordenamiento jurídico que ya señalamos anteriormente, debe estar integrada, únicamente, por diputados y diputadas centroamericanos, por lo cual es procedente declarar la nulidad del punto ocho que contiene el proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho, y todos los actos derivados de la instalación anómala de dicha Comisión Electoral;
7.2.3. Además, la Comisión Electoral jamás debió integrarse con observadores permanentes, situación que tampoco puede hacerse simplemente porque nuestra normativa jurídica interna no lo permite, ya que el segundo párrafo del artículo 115 del Reglamento Interno, que se refieren a la integración de la Comisión Electoral, claramente indica: “Los diputados y diputadas de cada Estado procederán a nombrar a sus delegados inmediatamente después de la convocatoria que para tal efecto realice la Presidencia y lo comunicarán por escrito inmediatamente a la Junta Directiva…”, de tal manera que la única manera que República Dominicana tenía de tener representantes en la Comisión Electoral era incorporándose de pleno derecho al Parlamento Centroamericano, con diputados y diputadas electos democrática, libre y popularmente, no a través de observadores permanentes, por mucho que todos queramos acelerar el proceso de integración.
7.3. DE LA SESIÓN DE FECHA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO:
7.3.1. La sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, inició con la novedad que la Corte Centroamericana de Justicia, en la víspera, es decir, en la tarde del día martes veintiuno de octubre del corriente año, según se nos informó verbalmente por el Presidente al iniciarse la Asamblea Plenaria, había notificado al Parlamento Centroamericano una medida precautoria dictada dentro de la demanda planteada en contra del Parlamento Centroamericano por los diputados José Rodolfo Dougherty Liekens y Camilo Agustín Brenes Pérez, en el sentido, entendemos, de dejar en suspenso la aplicación de lo contenido en resolución AP/5-CXCII-2007 de Asamblea Plenaria, de fecha uno de julio de dos mil siete, mediante la cual se pretendió facultar a los Observadores Permanentes de República Dominicana, entre otras cosas, para poder votar en las elecciones de Junta Directiva;
7.3.2. El debate fue muy vivo y, en la ignorancia de la mayoría, o por conveniencia porque tenían meses de venir cabildeando los puestos de la Junta Directiva (lo cual es peor, ya que lo primero tiende a eximirlos pero lo segundo constituye una traición al electorado, al juramento que hicieron al tomar posesión de sus cargos y, finalmente, a sí mismos), se argumentó, por un lado, que tres magistrados de una corte no pueden pasar por encima de las decisiones del Parlamento Centroamericano, que la Asamblea Plenaria es soberana y puede decidir cualquier cosa que así desee, etcétera; mientras que una minoría, sin intereses en perjudicar a nadie pero firmes en defender la legalidad y, además, teniendo claro cuáles son las atribuciones de cada institución de la integración, cuál es el marco jurídico que nos rige y nos limita y, especialmente, teniendo muy claros nuestros principios y valores fundamentales, defendimos que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano está por encima de una supuesta soberanía de la Asamblea Plenaria, que así como el Parlamento Centroamericano es el órgano de discusión y recomendación de los asuntos políticos, culturales, económicos y de la integración de Centroamérica, la Corte Centroamericana de Justicia no tiene sólo la facultad sino el deber de conocer de nuestras diferencias, media vez han sido sometidas a su conocimiento y, especialmente, tratamos de hacerle ver a la delegación dominicana de observadores el error en que se incurre en tratar de forzar las cosas y de ir a contrapelo de la juridicidad, pero las pasiones pudieron más que la legalidad en ese momento;
7.3.3. No hubo punto de agenda que estuviera en votación, ya que el tema para el cual fuimos convocados ese día era la elección de Junta Directiva, pero luego de horas de discusión, repentinamente el Presidente de Junta Directiva, Julio Guillermo González Gamarra, preguntó a la Asamblea si estaban de acuerdo con que se incluyeran a los observadores permanentes de República Dominicana, a quienes denominó parlamentarios designados, en el padrón electoral que se utilizaría en las votaciones de Junta Directiva del día siguiente, es decir, del miércoles veintidós de octubre próximo pasado, y sobre eso versó la votación de ese día;
7.3.4. Tratamos de llamar al orden nuevamente a la Asamblea Plenaria y a la Junta Directiva porque no puede someterse a votación algo que no sólo va en contra del espíritu del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano sino que está expresamente prohibido por el Reglamento Interno de la Institución, además que no estaba contemplada votación alguna para ese día, pero no se nos permitió hablar siquiera;
7.3.5. Mientras tanto, los Observadores Permanentes de República Dominicana estaban votando todos, a mano alzada, por la inclusión de ellos mismos en el padrón electoral, circunstancia ya de por sí irregular porque el Presidente de la Junta Directiva no tuvo siquiera la inteligencia de solicitar a los observadores, no ya que abandonaran el salón para que el tema fuera debatido en privado y decidido por los demás, sino que tampoco les pidió que se abstuvieran de interferir en una votación, no sólo porque no tienen derecho a votar en Asamblea Plenaria sino que sólo a ellos beneficiaba y, finalmente, lo que es el colmo, el encargado de hacer el recuento de los votos fue el denominado Secretario Adjunto de la Junta Directiva, el dominicano Miguel Oviedo, señalando de viva voz que había ochenta y cuatro votos y, por ende, mayoría, situación que, quienes nos apegamos a la legalidad, protestamos nuevamente, especialmente porque a quienes les corresponde realizar el escrutinio de las votaciones, conforme el artículo treinta y seis del Reglamento Interno, es a los Secretarios de la Junta Directiva, la cual, conforme el artículo 14 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y 31 del Reglamento Interno, se constituye por un Presidente, cuatro Vicepresidentes y Cinco Secretarios, es decir, todos diputados centroamericanos electos por las respectivas poblaciones de los cinco Estados que hoy conforman, de pleno derecho, el Parlamento Centroamericano, ya que una posición adjunta a la Junta Directiva (reglamentada en el capítulo XIV, “DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS, ABROGATORIA Y VIGENCIA” (sic), les ha venido permitiendo, como observadores que son, enterarse de todo lo que se discute, pero no les otorga facultades más allá de la simple observación, es decir, un recuento de votos efectuado por persona distinta de los cinco Secretarios de Junta Directiva electos por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, es tan válida como el recuento que pudo haber sido efectuado por cualquier otra persona que anduviese por ahí, pero a nivel anecdótico o periodístico, pero jamás con carácter legal;
7.3.6. De lo anteriormente consignado no se cuenta, en la fecha en que suscribimos la presente demanda, con un proyecto de acta que podamos citar adecuadamente, porque no ha sido elaborado por el personal a cargo.
7.4. DEL PROCESO ELECTORAL INTERNO CONVOCADO PARA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, Y QUE FINALIZÓ EL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO:
7.4.1. Como consecuencia de la inclusión, a todas luces ilegal, de los Observadores Permanentes de República Dominicana en el padrón electoral, varios de los miembros originarios de varios Estados, electos por sus respectivas bancadas nacionales para conformar la Comisión Electoral que, conforme la reglamentación del Parlamento Centroamericano, le corresponde “Organizar el proceso electoral y velar por su transparencia y legalidad” (artículo 116, inciso 2 del Reglamento Interno), renunciaron, situación que obligó a iniciar el proceso de elección de los diputados que habrían de sustituirlos;
7.4.2. Desconocemos qué pasó en el seno de las demás bancadas nacionales, pero en el caso del Estado de Guatemala, los dos integrantes originarios que habían sido nombrados por la bancada guatemalteca conforme el artículo 115 del Reglamento Interno, Saúl Enrique Padilla Muñoz y Alfredo Skinner-Klee Arenales, fueron de los que renunciaron, y la mayoría de la bancada de Guatemala, ante el atropello que se hacía en todo sentido, optó por el camino de no nombrar sustituto alguno, tal como se le aclaró por el suscrito al Presidente de la Junta Directiva cuando llamó y pretendió juramentar para dichos cargos, a la diputada Laura Franco y al diputado Juan Francisco Reyes Wyld;
7.4.3. Las demás representaciones de los Estados procedieron a nombrar, asumimos, a los nuevos integrantes de la Comisión Electoral; luego, el Presidente de la Junta Directiva, procedió a juramentarlos;
7.4.4. Ya iniciado el acto de juramentación, el diputado Juan Francisco Reyes Wyld se incorporó al grupo de diputados que estaban siendo juramentados y, sin tener la representación de la mayoría de diputados guatemaltecos, simplemente se incorporó a las “alegres labores” de elección de Junta Directiva, resultando electo, en un proceso de elección interno de dicha comisión, como Vicepresidente de la Comisión Electoral, de tal manera que si el proceso ya venía totalmente contaminado con la inclusión de observadores que no tienen calidad para votar en este caso, ahora era la misma Comisión Electoral la que estaba totalmente viciada.
7.4.5. Invocamos, para el presente caso, los mismos argumentos que ya expusimos en el punto 7.2.3.;
7.4.6. Al instalarse la Comisión Electoral de la manera que quedó señalada, pedimos, de viva voz, que se nos explicara en qué calidad estaba, junto a los demás miembros de dicha comisión, el diputado Juan Francisco Reyes Wyld, pero la presidenta de tal comisión, diputada Ana Cristina Avilés Bernal, en una demostración de ignorancia de la ley, de indiferencia hacia el sistema democrático y prepotencia, se limitó a indicar que no daría la palabra a nadie y que solamente se concretarían a sacar adelante el proceso de elección;
7.4.7. Esta circunstancia fue suficiente para el presentado para tomar la decisión de abandonar la sesión en señal de protesta, y así lo consignamos de viva voz aunque no se nos diese la palabra, en virtud de no querer avalar, con nuestra presencia, un procedimiento viciado por todos lados, completamente ilegal y arbitrario, por lo que permanecimos en las instalaciones del Parlamento Centroamericano pero en otro recinto, desligados totalmente del proceso;
7.4.8. Sin embargo, como relataremos más adelante en el apartado que se refiere a la acción de incumplimiento de la delegación de Observadores Permanentes de República Dominicana, el señor Alfredo Cruz Polanco, quien resultó integrando la Comisión Electoral ilegal, ni siquiera tiene la calidad de Observador Permanente, ya que no ha sido nombrado por el Presidente de la República, y la Cámara de Diputados y el Senado de su país, hasta donde sabemos, no han ratificado ni aprobado su nombramiento, de tal manera que un simple particular vició, una vez más, el proceso interno de elección;
7.4.9. Al día siguiente, jueves veintitrés de octubre de dos mil ocho, cuando fuimos llamados por nuestro nombre para efectos de establecer el quórum para reiniciar la sesión, nuevamente dejamos establecido que estábamos presentes pero que abandonábamos el recinto en señal de protesta por las ilegalidades que se estaban cometiendo, permaneciendo nuevamente en las instalaciones;
7.4.10. Del proceso electoral, la Comisión Electoral, si así se le puede llamar a este ente ilegal, levantó un acta, que se identifica como APE diagonal cero uno guión dos mil ocho (APE/01-2008), que inicia el veintidós de octubre y finaliza el veintitrés de octubre, ambas de dos mil ocho, en donde pretenden hacer constar que manejaron el proceso transparente y legalmente, lo cual no es cierto, ya que se nos negó hasta el derecho de expresarnos, de tal manera que no dieron lugar a que se pudiese impugnar siquiera.
7.4.11. El mencionado proceso de elección de miembros de Junta Directiva, que viene viciado, como indicamos, desde el catorce de septiembre del corriente año, pretendió culminar con la instalación de la nueva Junta Directiva en sesión solemne llevada a cabo en la ciudad de Guatemala el veintiocho de octubre de dos mil ocho, pero siendo el nombramiento de Observadores Permanentes como miembros de la Comisión Electoral, la integración de la misma con diputados que no fueron nombrados por sus correspondientes bancadas nacionales y con un padrón electoral totalmente irregular e ilegal, es procedente que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia proceda, también, a declarar la nulidad de dicha sesión solemne y, consecuentemente, sin validez jurídica la toma de posesión de cargos efectuada en esa ocasión.
7.5. CON RELACIÓN A LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61, INCISO 3 DEL ARTÍCULO 102, 122 Y 129 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO:
7.5.1. Al plantear la presente acción de nulidad, lo hacemos partiendo de los siguientes Principios del Derecho:
7.5.1.1. Las normas administrativas que tienen el carácter de reglamentarias, sean de orden general o de orden interno, jamás pueden vulnerar la Constitución, lo que equivale decir, en el caso de estudio, a la ley constitutiva del Parlamento Centroamericano, su Tratado Constitutivo;
7.5.1.2. Ninguna norma administrativa puede violar los preceptos de otra de rango superior; en el caso de estudio, si bien el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas no es la Constitución de un Estado sino la ley fundamental de una Institución, lo que no está en discusión es que aquél, al tratarse de un Tratado Internacional, tiene preponderancia total sobre cualquier reglamento o disposición emanada de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano;
7.5.1.3. El reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general, tiene subordinación a la Ley, a la que complementa;
7.5.1.4. El reglamento, como norma jurídica interna de colaboración, debe distinguirse de la normativa básica de las cuestiones fundamentales, denominada “con reserva de ley” y que siempre corresponde a la Ley, de aquellas normas secundarias pero necesarias para complementar el ordenamiento jurídico;
7.5.1.5. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes, y siendo que el artículo 13 del Tratado Constitutivo que invocamos establece con claridad que “El Reglamento Interno… regulará lo relativo a las sesiones, procedimiento parlamentario, atribuciones de la Junta Directiva, comisiones de trabajo, sistemas de votación, convocatorias, grupos parlamentarios y todo lo concerniente a su funcionamiento…”, la consecuencia lógica es que el mencionado Reglamento Interno se limite a desarrollar los temas que los legisladores originarios demarcaron específicamente, de tal manera que la Asamblea Plenaria jamás pudo, reglamentariamente o de cualquier otra manera, tener capacidad de crear otro tipo de categorías que el Tratado mismo contempla, pero que no están incluidas en el ámbito señalado para reglamentarse;
7.5.1.6. Son nulos de pleno derecho los preceptos reglamentarios que regulen materias reservadas a la Ley, salvo autorización expresa de la misma;
7.5.1.7. Los tribunales o los jueces no aplicarán normas reglamentarias o cualquier otra disposición emanada legalmente, que sea contraria a la Constitución, a las demás leyes de rango constitucional o de carácter ordinario o al principio de jerarquía normativa, lo cual equivale a decir, en el caso de estudio, que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia no debe aplicar norma reglamentaria alguna que sea contraria a lo que preceptúa el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, de la Carta de Organización de los Estados Centroamericanos y sus Protocolos, al Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y sus Protocolos, y que cualquier resolución de Asamblea Plenaria, aunque no se trate de normas administrativas pero que contravengan al Tratado Constitutivo o cualquiera de los demás tratados mencionados que provienen de la misma fuente, también debe declararse inaplicable en todos los casos.
7.5.1.8. Los tribunales ejercen el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican;
7.5.1.9. El recurso directo contra disposiciones reglamentarias es un medio enérgico de control jurisdiccional que mira, fundamentalmente, al interés de la legalidad y seguridad jurídica de la totalidad de las actuaciones;
7.5.1.10. El recurso directo contra disposiciones reglamentarias obliga al órgano jurisdiccional a poner las normas cuya validez se cuestionan, en perspectiva con la Constitución, con la ley superior, con el resto del ordenamiento jurídico positivo, con los Principios Generales del Derecho y con la Doctrina Jurisprudencial;
7.5.2. La acción de nulidad la interponemos en contra de los artículos ya citados del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano por los siguientes argumentos:
7.5.2.1. Acerca del artículo 42: El artículo segundo del Segundo Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas es claro al establecer, con la mayor jerarquía legal, una calidad de observadores, a los que denomina Observadores Permanentes, facultad que le otorga únicamente a los países suscriptores del Tratado y sus Protocolos, y el artículo trece del Tratado Constitutivo demarca el ámbito dentro del cual debió redactarse el Reglamento Interno, dejando abierta cualquier posibilidad pero únicamente en “…todo lo concerniente a su funcionamiento…”, es decir, no hay facultad, expresa o tácita, para reglamentar la creación de otras categorías no contempladas por los legisladores constituyentes. El artículo reglamentario objeto de estudio no sólo pretende ampliar la capacidad de nombrar observadores no sólo a los países, como manda la Ley, sino a los parlamentos nacionales, creando la posibilidad de que existan, en el Parlamento Centroamericano, dos delegaciones de observadores, una del país (o del Estado, como establece el artículo impugnado), y otra del parlamento nacional; luego, amplía tal categoría, establecida únicamente por Ley a los países suscriptores del Tratado Constitutivo y sus Protocolos, a parlamentos regionales y organismos internacionales que así lo soliciten, razones suficientes para que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia declare la nulidad del mismo;
7.5.2.2. Acerca del artículo 43: Este artículo hace la clasificación de los observadores en tres categorías que no contempla la Ley, de tal manera que, no habiendo margen para desarrollar, reglamentariamente, el tema específico de observadores, también debe declararse nulo;
7.5.2.3. Acerca del artículo 44: Este artículo pretende reglamentar lo relativo a una categoría de observadores que la Ley Constitutiva, o sea el Tratado Constitutivo, no contempla originariamente, de tal manera que, no teniéndose facultades para reglamentar este tema, también deviene procedente la declaración de nulidad;
7.5.2.4. Acerca del artículo 45: Además de la falta de facultades para reglamentar el tema de observadores, la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, al aprobar el Reglamento Interno, establece la categoría creada por la Ley para los países suscriptores del Tratado Constitutivo y sus Protocolos, mientras no hayan celebrado elección de diputados, para “…los Parlamentos de otros Estados extrarregionales, así como otros organismos internacionales…”, demostrando su falta de consideración para con la Ley superior, de tal manera que también es procedente declarar la nulidad del mismo;
7.5.2.5. Acerca del artículo 46: Si bien es cierto el reconocimiento que compartimos por el apoyo que el Parlamento Centroamericano ha recibido de las instituciones que este artículo menciona, especialmente del Parlamento Europeo, debemos privilegiar nuestro andamiaje legal, y nuestra Ley Constitutiva no contempla ni la categoría de Observadores Originarios, ni el otorgamiento del carácter de observador más que a los países suscriptores del Tratado Constitutivo y sus Protocolos, mientras se celebran elecciones de diputados, ni contempla, repetimos, la posibilidad de reglamentar en un ámbito que no señala la Ley, cuando expresa y tajantemente indica en qué se puede reglamentar;
7.5.2.6. Acerca del primer párrafo del artículo 61: Este artículo se refiere al quórum, ámbito, estimamos, comprendido dentro de la categoría “…y todo lo concerniente a su funcionamiento…” que menciona el artículo 13 del Tratado Constitutivo, de tal manera que sí cae en el ámbito de funciones de Asamblea Plenaria hacer tal reglamentación, pero estimamos que el primer párrafo del artículo sesenta y uno del Reglamento Interno no cumple con la normativa superior, ya que pretende establecer el quórum “…con la presencia de la mayoría absoluta, la cual se constituye con más de la mitad de todos los diputados y diputadas integrantes del Parlamento Centroamericano.”, lo cual no es congruente con el artículo doce del Tratado Constitutivo, que establece que el mismo se integra con sesenta y cuatro diputados. Siendo que el Parlamento Centroamericano está, hoy, integrado por los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, de pleno derecho, con ciento cuatro (104) diputados y diputadas ejerciendo, la mayoría absoluta que establece el reglamento interno sería de cincuenta y tres (53) diputados, lo cual constituye un número menor de diputados y diputadas presentes requeridos, por la Ley Constitutiva, para que pueda constituirse la Asamblea Plenaria; a nuestro criterio, la mayoría absoluta no tiene ámbito de aplicación ni para constituir la Asamblea Plenaria ni para tomar decisiones, ya que es lógico pensar que si se requiere un mayor número de integrantes del Parlamento Centroamericano, sesenta y cuatro, para que la Asamblea Plenaria pueda funcionar, la misma es incapaz de tomar acuerdos y resoluciones con una mayoría menor que la que establece la ley constitutiva, razón por la cual solicitamos la nulidad del párrafo primero (y no lo hacemos en contra del segundo párrafo del mismo artículo en virtud de considerar que, en el caso del Parlamento Centroamericano, la generalidad de decisiones tendrán que tomarse por acuerdo de la mitad más uno de los diputados presentes, siempre y cuando esta sea mayor de sesenta y cuatro, de tal manera que la mayoría simple, por mandato de la ley constitutiva, siempre será mayor que una teórica mayoría absoluta, aunque en este tema algo agregaremos en la consulta que planteamos más adelante);
7.5.2.7. Acerca del inciso 3 del artículo 102: Este artículo, aunque se refiere a observadores, más se refiere a las condiciones de participación de los mismos, de tal manera que podemos considerar la reglamentación como parte de las atribuciones de Asamblea Plenaria porque se trata de aspectos de funcionamiento, a excepción del inciso tres que impugnamos, en primer lugar porque se refiere a una categoría de observadores que la Ley Constitutiva no creó, y eso sí está fuera del ámbito de reglamentación de la Institución, pero, además, porque, reglamentariamente, se les otorgan derechos (y ninguna obligación, como la de resultar electo) que los equiparan con los diputados y diputadas, es decir, no desarrolla cosa alguna en el ámbito del funcionamiento mismo de la Institución sino pretende constituirse en fuente de derechos que la ley superior no contempla y que la lógica jurídica y el sentido común nos señalan su ilegalidad, además que el artículo tres del Tratado Constitutivo establece que “Para ser Diputado al Parlamento Centroamericano…, debe cumplirse con los mismos requisitos que para ser diputado o representante exige la legislación de los Estados miembros”, es decir, son calidades y categorías totalmente distintas que la Ley Constitutiva contempla, las cuales una Asamblea Plenaria no tiene potestad alguna para equiparar, razones por las cuales solicitamos la declaración de nulidad;
7.5.2.8. Acerca del inciso 9 del artículo 116: El artículo de estudio reglamenta las atribuciones de la Comisión Electoral, la cual funciona con el objeto de llevar a cabo el proceso de elecciones de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano; sin embargo, el inciso nueve establece que las disposiciones relativas a impugnaciones que emita dicha Comisión Electoral, no admiten recurso alguno, lo cual es incongruente con el sistema democrático que todos los Tratados y Convenios que tienen que ver con el ámbito de la integración de la región se han firmado en los últimos sesenta años, y siendo la Comisión Electoral, como la palabra lo indica, una simple comisión que ni siquiera contempla el Tratado Constitutivo, que sólo establece, como órganos del Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Plenaria, a la Junta Directiva y Un Secretariado (artículo ocho), de tal manera que es imposible que la reglamentación pretenda dejar indefensos a los representantes de los ciudadanos de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, de tal manera que tal disposición afecta directamente nuestros derechos fundamentales de disentir y de recurrir, especialmente tomando en cuenta que no se trata del órgano superior de la Institución; por otro lado, la redacción del artículo reglamentario no señala si se refiere a recursos administrativos internos o a la facultad que tenemos de recurrir, de tal manera que planteamos la nulidad del mencionado inciso en el legítimo ejercicio de recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia, quien, al tenor del principio enunciado en el apartado 7.4.1.6., ut supra, tiene el derecho y el deber de recibir este tipo de requerimientos, recursos y reclamos;
7.5.2.9. Acerca del artículo 122: Este artículo, al igual que el inciso del artículo mencionado en el párrafo anterior, lo señalamos de nulidad ipso iure, además, porque contempla la interposición de impugnaciones “…por escrito razonado…”, contradiciendo el inciso dos del artículo diez del Reglamento Interno, que contempla las atribuciones de los diputados, al vedar la de “2.- Ejercer su derecho de voz y voto…” que, además, no constituye tan sólo una reglamentación interna sino todo un principio inherente a la calidad de diputado electo libre, democrática y popularmente por los electores conforme a la normativa interna de los Estados; además, la Honorable Corte Centroamericana, al declarar la nulidad de este artículo por las razones expresadas en el párrafo anterior y en el presente, debe también considerar que la Comisión Electoral, por lo menos en esta oportunidad, no dejó margen a que los diputados nos expresáramos de viva voz; que una de las bases fundamentales para poder impugnar acto alguno es la documentación que registra tales actos; que la Comisión Electoral, una vez suscrita el acta correspondiente, la cual elabora a puerta cerrada en uno de los recintos del Parlamento Centroamericano donde no hay acceso más que a los miembros de la misma, se disuelve; que es hasta que la Comisión Electoral está disuelta que todos los demás integrantes de Asamblea Plenaria tenemos acceso a dicha documentación, de tal manera que ya no existe Comisión Electoral ante quién plantear una inconformidad, ni siquiera una solicitud de aclaración, no digamos una impugnación acerca de alguna cuestión de fondo, de tal manera que, yendo además en contrapelo de los Principios Generales del Derecho, se hace necesario que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia declare la nulidad de dicho artículo;
7.5.2.10. Acerca del artículo 129: El presente artículo, además de ser totalmente anti técnico porque un Reglamento Interno no puede legislarse casuísticamente, está plagado de irregularidades, a saber:
7.5.2.10.1. Les otorga a los observadores de República Dominicana la categoría de Observadores Especiales, la cual no contempla el Tratado Constitutivo;
7.5.2.10.2. Les confiere la calidad de Parlamentarios Designados, lo cual ya no es reglamentar el funcionamiento del Parlamento Centroamericano sino crear calidades que la Ley Constitutiva, el Tratado y sus Protocolos, no contemplan;
7.5.2.10.3. Falta a la verdad al establecer que dichos observadores han sido electos por el Congreso Nacional de República Dominicana, cuando en realidad son nombrados por el Presidente de la República, sometiéndose dichos nombramientos a la ratificación de la Cámara de Diputados y, posteriormente, a la aprobación del Senado (el artículo 16 de la Constitución de República Dominicana establece que el Congreso Nacional está integrado por la Cámara de Diputados y el Senado), como estableceré más adelante, faltándose, al ser nombrados directamente por una persona, a la naturaleza misma del Parlamento Centroamericano contemplada en el artículo primero de su Tratado Constitutivo, cuando establece como los más elevados valores del mismo “…que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional.”
7.5.2.10.4. Señala que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los diputados y diputadas, estableciendo ciertas excepciones (dentro de las cuales, por cierto, la de elegir y ser electo a cargos de la Junta Directiva), lo cual es incongruente con el artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, ya que los legisladores constitutivos crearon y establecieron la calidad de Observador Permanente con otro tipo de características, a saber:
7.5.2.10.4.1. La temporalidad, ya que los diputados y diputadas somos electos por un período determinado, mientras que los Observadores Permanentes son intemporales, no existe, siquiera, necesidad de ratificarlos, y su calidad termina el día en que el país de que se trate celebre elecciones de diputados centroamericanos indistintamente de la declaración de ganadores o de la toma posterior de posesión de estos últimos, por mandato de la Ley;
7.5.2.10.4.2. Los Observadores Permanentes tienen esta calidad desde que cumplen con todos los requisitos de la ley interna de su país y toman posesión como tales, mientras que los Diputados Centroamericanos tienen un mandato otorgado por sus electores;
7.5.2.10.4.3. Los Observadores Permanentes se equiparan a unos embajadores de buena voluntad, que llegan a enterarse de todo lo que se trabaja en las Comisiones de Trabajo y de lo que se discute en Asamblea Plenaria, pero no forman quórum, no tienen capacidad de ser parte en la toma de acuerdos y resoluciones ni cumplen con los requisitos para ser parte de la Junta Directiva, mientras que los Diputados Centroamericanos son quienes integran el quórum, con su acuerdo de voluntades hacen la mayoría necesaria para, valga la redundancia, tomar acuerdos y resoluciones, tienen la capacidad de elegir y de ser electos para los cargos de Junta Directiva y ejercen las atribuciones que señala el Tratado Constitutivo y el Reglamento Interno;
7.5.2.10.5. Le otorga facultad a los observadores de un Estado que todavía no está integrado de pleno derecho sino se encuentra en la fase de cumplir con todos los requisitos que establece el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y sus Protocolos adicionales, para integrar el quórum, de tal manera que contradice la Ley Constitutiva, ya que el artículo doce del Tratado establece que el mismo se integra con diputados, no con observadores;
En virtud de las razones y consideraciones anteriores, deviene procedente, también, la declaratoria de nulidad del mencionado artículo.
7.6. CON RELACIÓN A LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA:
7.6.1. Las relaciones oficiales entre República Dominicana y el Parlamento Centroamericano, hasta donde conocemos, tuvieron un renovado impulso a raíz de una solicitud fechada en Santo Domingo, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por el Presidente de la Cámara de Diputados de dicho país, mediante la cual, entre otras cosas, manifiesta: “…solicito al Plenario del Parlamento Centroamericano le sea conferido el status de Observador Permanente a la Cámara de Diputados de la República Dominicana… …tenemos justificado interés en contribuir a crear la atmósfera para que en un futuro, que espero no lejano, nuestro país pueda integrarse de pleno derecho a ese honorable cónclave legislativo…”; dicha comunicación obra a folios ciento treinta y ocho (138) y ciento treinta y nueve (139) del acta “AP/83-97/98 SESION DE ASAMBLEA PLENARIA 29 DE NOVIEMBRE – 2,3,4 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 20, 21 Y 22 DE ENERO DE 1998…” (sic.), la cual documenta la sesión correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de mil novecientos noventa y siete (tomo 83 “a” de Actas de Asamblea Plenaria, periodo 1997-1998);
7.6.2. A los pocos días, en la sesión de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se leyó la iniciativa denominada “SOBRE LAS RELACIONES DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA” (sic.), la cual obra a folios ciento treinta y cinco, ciento treinta y seis y ciento treinta y siete del acta que documenta la sesión, ya individualizada anteriormente;
7.6.3. La lectura de la iniciativa y los debates están contenidos del folio ciento veinticinco al folio ciento treinta y uno, inclusive, de la mencionada acta, para luego llegar a la resolución AP/1-LXXXIII-97, que la Asamblea Plenaria finalmente denominó “SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA CALIDAD DE OBSERVADOR PERMANENTE A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA” (sic.), y está contenida entre los folios ciento treinta y dos al ciento treinta y cuatro del acta ya mencionada;
7.6.4. Existe, además, un “Acuerdo Marco de Cooperación entre el Parlamento Centroamericano y la Cámara de Diputados de la República Dominicana”, suscrito por los Presidentes de ambas instituciones, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete;
7.6.5. Por alguna razón interna de República Dominicana, que nosotros desconocemos pero respetamos, la delegación de Observadores Permanentes debe ser nombrada por el Presidente de la República, ratificada por la Cámara de Diputados y, luego, aprobada por el Senado, es decir, hasta donde entendemos, no basta, para que el país nombre sus Observadores Permanentes, como lo contempla el artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, que la Cámara de Diputados lo haga, ya que requiere, conforme a la Constitución de ese país, que exista previamente un nombramiento de parte del Organismo Ejecutivo, y el nombramiento mediante decreto que hace el Presidente de la República, carece de validez por sí mismo, la cual adquiere hasta que los nombramientos son ratificados por la Cámara de Diputados y aprobados por el Senado; es decir, para que un Observador Permanente de República Dominicana pueda solicitar acreditar esa calidad, legal y válidamente, se requiere que sea nombrado a ocupar dicho cargo por el Presidente de la República, y que su nombramiento sea ratificado por la Cámara de Diputados y aprobado por el Senado;
7.6.6. Adicionalmente, no basta con que un Observador Permanente esté nombrado por su país, ya que ese nombramiento, luego, tiene que ser acreditado debidamente en el Parlamento Centroamericano; en el caso de estudio de la delegación de República Dominicana, luego de ser nombrados los Observadores Permanentes por el Presidente de la República, de ser ratificado dicho nombramiento por la Cámara de Diputados, y de ser aprobada la ratificación de dicho nombramiento por el Senado, el Estado Dominicano, por conducto de sus canales oficiales, debe presentar al Parlamento Centroamericano la documentación oficial que señale la finalización del proceso interno de nombramiento para efectos de acreditación en el foro regional;
7.6.7. En el presente momento en que nos dirigimos a la Honorable Corte, hasta donde sabemos, el Presidente Leonel Fernández emitió el Decreto mil cuarenta y dos guión dos mil cuatro (1042-2004) el veintiocho de agosto de dos mil cuatro, mediante el cual, en lugar de nombrar veinte observadores permanentes, designa a veintiuna personas en la misma calidad; posteriormente, el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, el Presidente Leonel Fernández emite el Decreto un mil doscientos veinticuatro guión cero cuatro (1224-04), mediante el cual designa a una persona más al Parlamento Centroamericano en calidad de Observador Permanente, pretendiendo llevar el número de Observadores Permanentes a veintidós;
7.6.8. Luego, el siete de septiembre de dos mil seis emite el Decreto trescientos ochenta y ocho guión cero seis (388-06) y el diecisiete de octubre de dos mil seis emite el Decreto quinientos siete guión cero seis (507-06), decretos mediante los cuales “queda designado”, en cada caso, un Observador Permanente diferente en sustitución de otro designado anteriormente;
7.6.9. Posteriormente, el dieciocho de octubre de dos mil seis, es decir, más de dos años después de haber sido simplemente designados pero no nombrados los Observadores Permanentes por el Presidentes de la República, la Cámara de Diputados de República Dominicana ratificó las designaciones hechas por el Poder Ejecutivo, de tal manera que dicha cámara se limitó a ratificar una designación contenida en un decreto del Presidente, mas nunca ratificó nombramiento alguno efectuado dentro del ámbito de atribuciones que el inciso primero del artículo cincuenta y cinco de la Constitución de República Dominicana le confiere al Presidente de la República;
7.6.10. Finalmente, el Senado de República Dominicana resuelve “APROBAR los nombramientos expedidos por el Poder Ejecutivo” en la sesión de fecha nueve de enero de dos mil siete, es decir, se comete el error de dar por aprobados nombramientos que no existen conforme a la Constitución de la República, ya que, si bien es cierto la designación es un acto de voluntad, por mucho que provenga indubitablemente del Poder Ejecutivo y se le revista de algún carácter legal, no debe ser considerado equivalente al acto de nombrar, que es diferente y es el que consigna la Constitución de República Dominicana, de tal manera que si la aprobación del Senado se hace sobre una base inexistente, no debe tener valor legal ni producir efectos jurídicos en el ámbito del derecho comunitario;
7.6.11. Además, el mencionado artículo segundo del Segundo Protocolo también señala que los países suscriptores “…tendrán derecho a acreditar Observadores Permanentes”, es decir, no basta, desde nuestro punto de vista, el nombramiento, la ratificación y la aprobación, sino el acto posterior de acreditación, que en términos diplomáticos es “El acto por el cual un gobierno confirma á una potencia la autenticidad de los poderes que dio á su representante cerca de ella… y el embajador, ministro plenipotenciario ó residente, enviado extraordinario, etc., no toma el carácter oficial hasta tanto no ha cumplido con el requisito de la acreditación.” (sic.) (Enciclopedia Universal ilustrada Europeo Americana, Editorial Espasa-Calpe, tomo 2, página 434); es decir, la única manera de entrar en funciones un Observador Permanente, de conformidad con la Ley Constitutiva y las normas del Derecho Internacional, es mediante el cumplimiento de los requisitos internos de su país y la correspondiente acreditación ante el Parlamento Centroamericano;
7.6.12. No existen registros en el Parlamento Centroamericano de que República Dominicana haya cumplido, luego de finalizar, supuestamente, los trámites conforme a su ley interna para que el país nombrara hasta veinte Observadores Permanentes, de haberlos acreditado debidamente;
7.6.13. Desconocemos de qué manera la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano procedió a calificar credenciales, si es que alguna vez las hubo, y de qué manera, también, se procedió a dar por válidos supuestos nombramientos por encima del límite que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano claramente establece;
7.6.14. Pero ahí no terminan las ilegalidades que hacemos de conocimiento por este medio ante la Honorable Corte Centroamericana de Justicia, ya que tenemos conocimiento, por comunicación recibida en el Parlamento Centroamericano el trece de marzo de dos mil siete, de un Decreto posterior, el ochenta y nueve guión cero siete (89-07), de fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, mediante el cual el Presidente Leonel Fernández “designa” al señor Alfredo Cruz Polanco, en calidad de Observador Permanente en el Parlamento Centroamericano, en sustitución de la persona que ahí denomina, es decir, que tampoco ha sido “nombrado”, por la Presidencia de su país, que es la facultad que contempla el inciso 1 del artículo 55 de la Constitución de República Dominicana; además, no tenemos conocimiento ni hay registros de la ratificación efectuada por la Cámara de Diputados ni de la Resolución Aprobatoria del Senado de República Dominicana, de tal manera que, hasta donde nos consta, esta persona no tiene ni nombramiento, ni el mismo ha sido ratificado por la Cámara de Diputados ni aprobado por el Senado de su país, por lo cual consideramos que también ha estado fungiendo ilegalmente y que no sólo sus actuaciones son nulas sino que, a su vez, ha contaminado de nulidad todos aquellos temas y actuaciones en donde, por ignorancia de la Ley Constitutiva y del incumplimiento de los requisitos legales, se ha involucrado voluntariamente, lo han involucrado sus compañeros observadores, como es el caso de haberlo “distinguido” para ser parte de la Comisión Electoral, o ha sido llamado por algunos diputados y diputadas a ejercer, ilegalmente, recalcamos, algún cargo, especialmente la Junta Directiva a cuyo cargo estuvo la calificación de sus credenciales;
7.6.15. El origen de la figura de los Observadores Permanentes, Señores Magistrados, se encuentra, como señalamos, en el artículo segundo del Segundo Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, que fuera suscrito en San Salvador, El Salvador, el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y uno, pero, si bien es cierto que deja al libre albedrío de los países suscriptores de dicho Tratado y sus Protocolos el número de observadores permanentes que pueden acreditar, lo cierto es que lo limita a veinte, de tal manera que República Dominicana puede tener de uno hasta veinte observadores permanentes, pero no más de ese número porque así lo manda nuestra normativa legal sin lugar a errores;
7.6.16. Los Observadores Permanentes deben cumplir con todos los requisitos de su ley interna antes de poder incorporarse a sus labores como tales en el Parlamento Centroamericano; hipotéticamente, porque no es el caso, no es válido, desde cualquier punto de vista que se mire, que cualquier persona, contando únicamente con el trámite inicial, que en este caso sería la obtención del Decreto Presidencial de nombramiento (que en los casos de estudio nunca se ha dado, y por eso señalamos que no es este el caso), se incorpore a unas labores remuneradas si no cuenta con el aval necesario, que, de la papelería consultada, colegimos que, en República Dominicana, se trata no únicamente de un nombramiento por Decreto sino se requiere la validez que le dan los actos separados de dos órganos colegiados, la Cámara de Diputados y el Senado, ambos de República Dominicana;
7.6.17. La actuación de cualquier persona que no cumpla con los requisitos legales que la normativa interna de los Estados exige, tanto para incorporarse en calidad de diputado centroamericano como de observador permanente, no puede llegar más allá que la de un particular cuya visita se recibe, pero está limitado en el ejercicio de aquellas facultades que el Tratado Constitutivo y el Reglamento Interno, respectivamente, les otorgan a quienes sí cumplen con todos los requisitos de las leyes internas y comunitarias;
7.6.18. Por otro lado, las actuaciones de la delegación de Observadores Permanentes dominicanos en un bloque mayor de veinte, que es el límite permitido, devienen, en su conjunto, totalmente ilegales;
7.6.19. Finalmente, las representaciones de los Estados también están atadas al aporte económico de los mismos y a los gastos equitativos entre las delegaciones, pero dicha situación es totalmente irregular en el presente caso, de tal manera que se hace imprescindible que la Corte Centroamericana de Justicia también se pronuncie sobre la devolución de sueldos y dietas de los Observadores Permanentes que han venido funcionando, fuera del máximo permitido por la ley, es decir, arriba de los veinte legalmente autorizados y, en el mismo sentido, la devolución de sueldos y dietas de los Observadores Permanentes que hayan cobrado por dichos conceptos, al Parlamento Centroamericano, sin contar con la investidura legal completa que contempla su legislación constitucional y ordinaria interna, así como de los gastos de viaje y viáticos en que hubieren incurrido al ser nombrados para acudir, en nombre del Parlamento Centroamericano, a evento alguno con utilización de su patrimonio;
7.6.20. Sobre el punto anterior, la Corte Centroamericana de Justicia debe establecer, además, que los Observadores Permanentes a que se refiere el apartado anterior, deberán devolver los suelos, las dietas, los gastos de viaje y viáticos que hubieren recibido, más los intereses correspondientes, calculados a una tasa que deberá fijar esa Honorable Corte Centroamericana de Justicia;
7.6.21. El artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, al crear la calidad de Observadores Permanentes, también señala que la decisión del país será comunicada a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, para los efectos correspondientes; estos efectos correspondientes son, entre otros, el mismo artículo lo menciona, la acreditación que ya mencionamos, porque esta tiene dos vías, la obligación de afirmar, de certificar o de dar prueba de que, conforme la normativa interna del Estado de que se trate, se ha procedido a cumplir todos los trámites, y por el lado de quien recibe esta acreditación, que tiene el deber de calificar los documentos que recibe y, desde el momento en que acepta el involucramiento de personas que no han cumplido con acreditar debidamente su calidad de observador de un país, son, frente al Parlamento Centroamericano, directamente responsables por su falta de acuciosidad y liviandad en la aplicación de la normativa jurídica que han jurado cumplir y hacer cumplir, de tal manera que los miembros de estas Juntas Directivas también deben ser declarados responsables de restituir los recursos económicos mal empleados por este concepto, estimamos, de la siguiente manera:
7.6.21.1. Solidariamente mancomunada, la totalidad de integrantes de diversas Juntas Directivas que han mal acreditado Observadores Permanentes, en el caso de haberse pagado sueldos y viáticos a personas particulares que no cumplen con los requisitos legales para serlo;
7.6.21.2. Solidariamente mancomunada, la totalidad de integrantes de diversas Juntas Directivas que, aunque no les correspondió acreditar Observadores Permanentes en su momento, sí fueron parte de la misma en el periodo en que se hubiese pagado sueldos y viáticos a personas particulares que no cumplen con los requisitos legales para serlo; y,
7.6.21.3. En forma personal y subsidiaria, aquellos miembros de Junta Directiva que hayan autorizado viaje alguno a una persona particular, es decir, que no cumple con los requisitos legales para ser Observador Permanente conforme al ordenamiento jurídico interno del país y del Parlamento Centroamericano, con obligación de restituir, tanto los gastos que representaron los pasajes como los viáticos que se hayan entregado;
7.6.21.4. Todo lo anterior, con inclusión de los intereses a una tasa que deberá fijar, para efectos de cálculo, la Honorable Corte Centroamericana de Justicia.
8. CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS: El mencionado artículo, denominado “VOTACIONES”, reza: “La Asamblea Plenaria adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados, salvo los casos especiales que se contemplen en este Tratado o se establezcan en el Reglamento Interno. El quórum se integra con 64 diputados”, el cual se hace necesario que la Honorable Corte Centroamericana de Justicia, en el ámbito de sus atribuciones, interprete, porque da lugar a dudas que es imprescindible aclarar en aras de la certeza jurídica, por lo cual partimos por señalar:
8.1. Comparecemos ante la Honorable Corte Centroamericana de Justicia a solicitar la interpretación, fundamentados en el inciso “e” del artículo 22 del Convenio de Estatuto de la mencionada Corte, bajo el siguiente razonamiento:
8.1.1. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas debe considerarse un instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, aun cuando el primero es anterior al segundo, ya que el mismo es la carta de nacimiento a la vida jurídica del Parlamento Centroamericano, de la Reunión de Presidentes y de la Reunión de Vicepresidentes, todos parte del Sistema de la Integración Centroamericana que nace a la vida jurídica, precisamente, a raíz del segundo tratado aquí mencionado; y,
8.1.2. Siendo el Parlamento Centroamericano el órgano de donde ha de emanar la legislación comunitaria, sus actuaciones y resoluciones deben considerarse actos derivados del mencionado Protocolo de Tegucigalpa;
8.2. El artículo confunde dos temas:
8.2.1. el del quórum indispensable para que Asamblea Plenaria pueda constituirse válidamente y poder deliberar; y,
8.2.2. el de la toma de acuerdos o resoluciones, lo cual requiere que haya una votación y que el artículo denomina adoptar decisiones;
8.3. Al mencionar el artículo indicado que las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mitad más uno del total de diputados, sin establecerse que se trata de los diputados presentes por arriba del quórum indispensable para poder instalarse, deliberar y, consecuentemente, tomar acuerdos, da lugar a que se interprete que basta con establecer el quórum y, sin importar que en la reunión haya menos de sesenta y cuatro diputados, que es el caso legislado actualmente, se pueden tomar decisiones con la simple mayoría de quienes estén presentes, situación que llevaría al absurdo jurídico de que, una vez instalado el quórum e iniciada la sesión, no importa que haya veinte, diez o cinco diputados para tomar las decisiones en nombre de la Asamblea Plenaria;
8.4. El artículo objeto de este estudio jurídico pertenece a la redacción original del Tratado Constitutivo, cuando se pensaba que los cinco Estados que suscribieron el mismo se integrarían simultáneamente; como el derrotero para la instalación del Parlamento Centroamericano fue distinto a como fue previsto originalmente, cuando se suscribió el Protocolo al mencionado Tratado Constitutivo, el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, se contemplaron diversas posibilidades de quórum, dependiendo si el Parlamento estaba constituido por tres (38 diputados) o por cuatro (51 diputados) Estados (inciso 4 del artículo 4), de tal manera que, estando actualmente constituido por cinco Estados, a partir de la incorporación del Estado de Panamá como miembro de pleno derecho, la modificación temporal del Protocolo, ya mencionada, perdió vigencia, de tal manera que el quórum a considerarse, actualmente, es de sesenta y cuatro diputados.
8.5. Nosotros consideramos que el espíritu de la norma, lo que los legisladores constituyentes quisieron definir, es:
8.5.1. Que la Asamblea Plenaria, en un Parlamento Centroamericano constituido por cinco Estados miembros, puede instalarse válidamente y deliberar cuando se cuenta con un quórum integrado por un mínimo de sesenta y cuatro diputados;
8.5.2. Que la Asamblea Plenaria puede deliberar y tomar acuerdos o adoptar decisiones cuando se encuentran presentes no menos de los diputados con que se constituye el quórum que manda el Tratado Constitutivo;
8.5.3. Que la mayoría que establece el artículo de estudio, de la mitad más uno, no puede interpretarse como la mitad más uno de los diputados que integran el Parlamento Centroamericano, ya que el mínimo de diputados que se requiere para establecerse, para deliberar y para tomar decisiones es mayor que aquélla;
8.5.4. Que al establecer indubitablemente que las votaciones son de diputados y que el quórum se integra con diputados, eso excluye cualquier otra categoría de personas que no tengan dicha calidad.
9. FUNDAMENTO DE DERECHO: Establece el artículo doce del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos, que “Para la realización de los fines del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA se establecen los siguientes Organos: (sic.) …Forman parte de este Sistema: …el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) como Organo (sic.) de Planteamiento, Análisis y Recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su Tratado Constitutivo y Protocolos vigentes. …La Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará el respeto del derecho, en la Interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo…”. Por su parte, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia establece que La Corte “es el Órgano Judicial principal y permanente del ‘Sistema de la Integración Centroamericana’, cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio.…” (artículo 1), así como que “La Corte garantizará el respeto al derecho… (artículo 2), …tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad de juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el ‘Sistema de la Integración Centroamericana’…” (artículo 3). Además, “La Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana…” (artículo 6). “Las competencias de La Corte serán: …b) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana… c) Conocer… acerca de las disposiciones legales… dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana (sic.)…Actuar como órgano de consulta de los órganos u organismo del Sistema de la Integración Centroamericana…” (artículo 22). Por otro lado, “La Corte podrá dictar las medidas prejudiciales o cautelares que considere convenientes para resguardar los derechos de cada una de las partes, desde el momento en que se admita alguna reclamación contra uno o más Estados, Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, hasta que se falle definitivamente. En ese sentido podrá fijar la situación en que deban permanecer las partes contendientes a solicitud de cualquiera de ellas (sic.), a fin de no agravar el mal y de que las cosas se conserven en el mismo estado mientras se pronuncia la resolución correspondiente.” (artículo 31). Además, invocamos el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, especialmente los artículos que han sido citados en el cuerpo de este libelo, así como sus correspondientes Protocolos, con especialidad el Segundo, el cual en su artículo segundo indica: “Mientras se celebran las elecciones previstas en el Artículo Primero, los países suscriptores del Tratado y sus Protocolos, tendrán derecho a acreditar Observadores Permanentes ante el Parlamento Centroamericano, hasta en número de veinte. La decisión del país será comunicada a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, para los efectos correspondientes”
10. DECLARACIÓN DE PERJUICIO: La Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia, en su artículo sesenta inciso “b” establece que el actor, en las demandas de nulidad y de incumplimiento, si es una persona natural, debe ofrecer prueba de que la decisión o la resolución impugnada le causa perjuicio. Comparecemos en nuestra doble calidad, pero no como la contempla la ordenanza; comparecemos, decimos, en nuestra calidad de persona individual pero, además, revestidos, por nuestro carácter de diputado titular al Parlamento Centroamericano, de la representación de una enorme mayoría de ciudadanos, a saber:
10.1. COMO PERSONA NATURAL: Las resoluciones impugnadas nos perjudican en los siguientes cuatro sentidos:
10.1.1. Porque nuestra formación profesional nos hace tener muy en alto los valores mediante los cuales se realiza el Derecho, y al perderse la certeza jurídica que todos los actos susceptibles de producir efectos legales deben tener, especialmente los emanados de órganos colegiados, se atenta en contra del Estado de Derecho, perjudicando grandemente la esfera de actividades en la que toda persona respetable desea desarrollarse;
10.1.2. Porque nuestra escala da valores y los altos principios que nos inspiran, no sólo en nuestras actuaciones públicas sino en todos los órdenes de la vida, no nos permiten apañar maniobras burdas y triquiñuelas revestidas de aparente legalidad de unos cuantos, así sean mayoría en el órgano colegiado, cuando nuestra inteligencia y sentido común nos señalan lo mal que se pretenden hacer algunas cosas;
10.1.3. Porque hay un evidente afán económico detrás de los puestos de Junta Directiva de una Institución como el Parlamento Centroamericano, en donde la historia ha sido de repartir viajes y viáticos y descuidar totalmente las áreas de discusión y análisis, en perjuicio del patrimonio de la Institución, y como ciudadano que paga impuestos estoy interesado en que haya pesos y contrapesos hasta en las juntas directivas de las instituciones, de tal manera que los integrantes de la misma, siendo minoría, no puedan dilapidar el patrimonio de las instituciones sin mayor problema; como persona individual que paga sus impuestos, estaremos siempre perjudicados por unos pocos malos políticos que se les ha olvidado cuál es su objetivo en la Institución, a quiénes representan y cuál es su finalidad en esta vida.
10.1.4. Además, porque tenemos más de medio siglo de tener un prestigio personal que no estamos dispuestos a perder por las malas decisiones de unos pocos, y desde el momento en que, físicamente, nos vemos obligados a convivir en un ambiente de discusión, lo menos que se espera es que ese prestigio no se vea manchado por los desatinos de unos cuantos que, tarde o temprano, habrán de ser de conocimiento de la opinión pública.
10.2. COMO DIPUTADO CENTROAMERICANO: También nos perjudican las decisiones y actuaciones impugnadas en tres sentidos:
10.2.1. Como representante de los ciudadanos centroamericanos: porque en todas nuestras actuaciones siempre hemos tenido en mente a las personas que tuvieron a bien confiar en nosotros al emitir su sufragio, y sentimos que hay un enorme porcentaje de ese electorado, al cual creemos representar con dignidad, que ya están cansados, hartos, de la ilegalidad, sentimiento que adquiere mayores proporciones cuando ésta es cometida por supuestos líderes, y todos los casos planteado en esta oportunidad a la Honorable Corte Centroamericana de Justicia revisten tales características; lo anterior no es solamente una declaración de requisito para que la Honorable Corte Centroamericana le de trámite a las acciones por este medio planteadas; nuestra actuación como diputado centroamericano jamás, recalco, jamás ha sido desarrollada haciendo caso omiso u olvidando a los electores a quienes represento, y hemos tenido varias oportunidades de probarlo, como cuando con nuestra única oposición no se autorizó el pago de dietas a un diputado que estuvo preso en Estados Unidos de América por contrabando de armas, o la demanda que con fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno planteara ante esa Honorable Corte para evitar que otra mayoría dilapidara descaradamente los recursos del Parlamento Centroamericano.
10.2.2. Por nuestra obligación de preservar la Institucionalidad: Si el Parlamento Centroamericano está llamado a convertirse en el Órgano de Supervisión y Control de la mayoría de entidades que conforman el Sistema de la Integración de la región y pretende llevar a la práctica, algún día, la facultad de nombrar al funcionario de más alto rango de tales entidades comunitarias, todo diputado, toda diputada, especialmente quienes poseen una formación de carácter legal, tienen la obligación de velar por la preservación de la legalidad, de los procedimientos establecidos en las normas que lo constituyen y que lo rigen, corriendo el riesgo, si no lo hace, de ser tildado de laxo, o de que ni siquiera por su formación profesional entiende lo que la normativa positiva establece, equiparándolo con un ignorante, por lo menos en estos temas; además, es de carácter imperativo que quienes conformamos el Parlamento Centroamericano, en lo individual y como grupo colegiado, entendamos lo importante que es que el ente de donde habrá, finalmente, de emanar el Derecho Comunitario de la región, sea el primero no sólo en respetar la institucionalidad de todas las demás organizaciones comunitarias, dando el ejemplo de respetarse a lo interno, a sí misma, de tal manera que la declaración de nulidad de las resoluciones y del proceso de elecciones internas viciado y la consecuente orden de que se repita el mismo bajo el imperio del andamiaje legal que rige estos temas, adquiere mayores proporciones para quienes visualizamos el futuro de la región.
10.2.3. En nuestra dignidad y escala de valores y principios que nos rigen: Porque, siendo fundadores del Parlamento Centroamericano, somos de los diputados que hemos llegado a trabajar, a darle forma, a sufrir y a querer una Institución que, hace años, visualizábamos como más duradera que sus integrantes en lo individual, circunstancia que podría cambiar por la necedad y estulticia de algunos integrantes de pleno derecho que, aprovechándose de las ansias de un grupo de observadores que tampoco miden sus límites, hacen cada día más difícil la aceptación de una Institución regional, con sus bochornosas actuaciones, dentro del electorado que conforma la opinión pública, y nosotros no hemos llegado a un puesto de representación popular como el que tenemos a dejarnos manchar en nuestra dignidad y en nuestros principios, envolviéndonos en una vorágine que sólo se entiende por la tonta ambición de un relativo poder, el de decidir el tema de los viajes y de los viáticos, ya que ninguno de los candidatos a ocupar esos puestos, que no son más que una comisión más que elige la Asamblea Plenaria para dirigir, en nombre de ésta, algunos aspectos durante un año, que sepamos, presentó plan de trabajo alguno que contemple una agenda seria relativa a los temas de la integración.
11. PRUEBAS: Ofrecemos probar nuestras aseveraciones con los siguientes medios de convicción:
11.1. DECLARACIÓN DE PARTE: No solicitamos la presente prueba porque estimamos que, quien la debería rendir, es el Presidente del Parlamento Centroamericano, pero nosotros consideramos el proceso último de elección, totalmente nulo, por las razones apuntadas, y el mandato del anterior Presidente feneció, de manera que la institución demandada la consideramos, en estos momentos, sin representación legal;
11.2. PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE ACOMPAÑA:
11.2.1. Copia legalizada notarialmente, de los folios uno, dos, y del ciento veinticinco al ciento treinta y nueve, inclusive, del acta número AP diagonal ochenta y tres guión noventa y siete diagonal noventa y ocho (AP/83-97/98) de Asamblea Plenaria, que documenta parte de la sesión del dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al tomo ochenta y tres “a” (83 “a”);
11.2.2. Copia legalizada notarialmente de varios decretos dictados por el Presidente de la República Dominicana, obtenidos a través de Internet, así como copias que obran en el Parlamento Centroamericano de documentación oficial relacionada con la incorporación de Observadores Permanentes de República Dominicana a esa Institución y el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Parlamento Centroamericano y la Cámara de Diputados de ese país;
11.2.3. Copia legalizada notarialmente, del proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho, identificada con el número AP diagonal doscientos cuatro guión dos mil ocho (AP/204-2008);
11.2.4. Copia legalizada notarialmente, de la convocatoria número diez diagonal dos mil siete guión dos mil ocho (10/2007-2008), de fecha dieciocho de octubre de dos mil ocho; y,
11.2.5. Copia legalizada notarialmente, del acta número APE diagonal cero uno guión dos mil ocho (APE/01-2008), suscrita por la Comisión Electoral que se eligiera anómalamente, como señalo en el apartado respectivo, que documenta el proceso electoral de miembros de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano los días veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho;
11.3. INFORME RENDIDO A SOLICITUD DEL TRIBUNAL: En virtud de que el proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho no ha sido aprobado por Asamblea Plenaria, no se tuvo la oportunidad de solicitar la certificación del acta a uno de los Secretarios de Junta Directiva que entregaron el cargo el pasado veintiocho de octubre; además, todavía no existe un proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria de fecha veintidós y veintitrés de octubre próximo pasado, y, además, nosotros somos de la opinión que, en este momento, no existe en el Parlamento Centroamericano una Junta Directiva válidamente electa, de tal manera que consideramos que no existe funcionario alguno con la capacidad válida suficiente para certificar documento alguno; además, es de conocimiento público la intención que tenemos de impugnar el proceso de elección de Junta Directiva, de tal manera, tratando de evitar más fricciones, acudimos a la Honorable Corte Centroamericana de Justicia para que, por sus medios, recabe la información que considere necesario para esclarecer los asuntos por este medio hechos de su conocimiento, especialmente relacionados con:
11.3.1. Proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, identificada preliminarmente como “AP/204-2008”, llevada a cabo en la ciudad de Quetzaltenango, República de Guatemala, el catorce de septiembre de dos mil ocho;
11.3.2. Proyecto de acta de la sesión de Asamblea Plenaria que se llevara a cabo en la sede del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala, el día veintidós de octubre de dos mil ocho, de la cual desconocemos con qué número habrá de identificarse;
11.3.3. Proyecto de acta de la sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala, el día martes veintiocho de octubre de dos mil ocho, mediante la cual se documenta los actos de juramentación y toma de posesión de la Junta Directiva electa con todas las anomalías legales señaladas durante las jornadas de los días veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho;
11.3.4. Acerca de los votos razonados y el contenido de esas razones, que se emitieran con posterioridad y con motivo del manejo totalmente irregular de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano llevada a cabo el día veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.3.5. Acerca de los votos razonados y el contenido de esas razones, que se emitieran con posterioridad y con motivo del manejo totalmente irregular del proceso de elección de Junta Directiva que estuvo a cargo de la Comisión Electoral;
11.3.6. Informe que deberán rendir las bancadas nacionales de diputados y diputadas centroamericanos, acerca del proceso interno de elección y nombramiento de delegados para conformar la Comisión Electoral y, en caso de renuncia de uno o todos los delegados, acerca del proceso interno de elección y nombramiento de delegados a la Comisión Electoral, en sustitución de quienes hubiesen renunciado;
11.3.7. Informe de toda la documentación que el Parlamento Centroamericano pueda aportar, con relación al proceso de acreditación de Observadores Permanentes de República Dominicana;
11.3.8. Informe relativo al proceso de nombramiento de los actuales Observadores Permanentes, y en qué han consistido los actos que, en su orden, ha ejecutado para dichos fines la Presidencia de la República, tanto al inicio del mismo del proceso como para efectos de acreditación, la Cámara de Diputados y el Senado de República Dominicana, que deberán solicitarse al Presidente de la República y a los respectivos Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de ese país;
11.3.9. Informe que habrá de solicitarse a la cancillería de República Dominicana, acerca de las razones por las cuales ha habido varios procesos electorales generales en ese país sin que se lleve a cabo la elección correspondiente a los diputados centroamericanos;
11.3.10. Informe que contenga el Diario de Debates de las sesiones de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano:
11.3.10.1. De fecha catorce de septiembre de dos mil ocho; y,
11.3.10.2. De fecha veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.3.11. Informe que contenga el Diario de Debates de la sesión, a cargo de la Comisión Electoral, de fechas veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho, que documenta el proceso de elección de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano;
11.3.12. Informe que deberá rendir la Dirección de Sistemas del Parlamento Centroamericano, con relación al Padrón Electoral dos mil ocho que se imprimiera el día veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.4. DECLARACIÓN TESTIMONIAL: La cual deberán prestar personalmente y no por medio de apoderado, las siguientes personas:
11.4.1. Julio Guillermo González Gamarra, en su calidad de ex presidente del Parlamento Centroamericano, porque presidió las sesiones de Asamblea Plenaria de fechas catorce de septiembre y veintidós de octubre de dos mil ocho;
11.4.2. Enrique Martín Gasteazoro, ex secretario de Junta Directiva, porque es el Secretario que, a sabiendas de que se solicitaba el recuento de diputados y diputadas presentes para establecer el quórum en la sesión de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho, es quien continuó leyendo las iniciativas pendientes en la orden de ese día;
11.4.3. Miguel Oviedo, para que explique con qué fundamento legal procedió, en nombre de algún otro de los cinco secretarios de Junta Directiva, a hacer recuento de votos y a declarar mayoría en una votación de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, el veintidós de octubre de dos mil ocho, y para que explique cuál es el fundamento legal que le asiste para haberse hecho pasar por secretario de la Junta Directiva;
11.4.4. Manuel Pichardo, quien vino fungiendo como “Vicepresidente Adjunto” de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano hasta el veintiocho de octubre último, para que explique qué normativa legal le asiste para haberse hecho pasar por “Vicepresidente Adjunto” y, de paso, para que explique el procedimiento de acreditación de Observadores Permanentes que ha llevado a cabo la delegación de los mismos de República Dominicana, con inclusión de actos y fechas en que se llevaron a cabo los mismos;
11.5. INFORME DE EXPERTOS:
11.5.1. Acerca del contenido de las grabaciones de sonido de las Asambleas Plenarias de fechas catorce de septiembre y veintidós de octubre de dos mil ocho, y de la sesión a cargo de la Comisión Electoral, que inició el veintidós y finalizó el veintitrés de octubre de dos mil ocho, todo en el Parlamento Centroamericano;
11.5.2. Acerca del pago de salarios, dietas, pasajes aéreos o terrestres y viáticos que se hayan efectuado a Observadores, desde mil novecientos noventa y siete hasta la fecha, bajo cualquier categoría que aparezcan (Permanentes, Especiales o Parlamentarios Designados);
11.6. INSPECCIÓN OCULAR: Que podrán realizar los Señores Magistrados sobre los tomos de actas de Asamblea Plenaria, sobre los proyectos de acta pendientes de aprobarse, sobre los proyectos de acta pendientes de repartirse, de los Diarios de Debates, especialmente los de fechas catorce de septiembre, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho, sobre el acta original que levantara la Comisión Electoral con fechas veintidós y veintitrés de octubre del presente año, sobre la documentación de respaldo que sirvió para acreditar a los delegados nombrados por las respectivas bancadas nacionales para integrar la Comisión Electoral, las notas de renuncia que se hubieren recibido y, especialmente, las notas con las cuales se acreditaron los correspondientes sustitutos, así como la papelería que corresponde al padrón electoral que sirvió para llevar a cabo el último proceso; sobre la contabilidad del Parlamento Centroamericano, especialmente lo relacionado con el pago de salarios, dietas, pasajes aéreos o terrestres y viáticos a los Observadores, bajo cualquier categoría que aparezcan; sobre la papelería legal que ha servido para la acreditación de Observadores en el Parlamento Centroamericano; sobre la totalidad de actas, tanto de Asamblea Plenaria, con la finalidad de establecer desde qué fecha han estado presentes en dichas sesiones los Observadores de República Dominicana, como de las sesiones de Junta Directiva, a fin de establecer en que fecha se dieron por aceptadas las acreditaciones de los observadores de República Dominicana y a quiénes, de ellos, se les ha autorizado viajar con gastos pagados por el Parlamento Centroamericano, y en qué fechas.
11.7. PRUEBAS EN PODER DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
11.7.1. Constituciones, Constituciones Políticas o Cartas Fundamentales de todos los países que conforman el Sistema de la Integración de Centroamérica;
11.7.2. Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos;
11.7.3. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, sus correspondientes Protocolos y el Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano;
11.7.4. Decretos emitidos por el Presidente de la República Dominicana y resoluciones emitidas por la Cámara de Diputados y por el Senado de República Dominicana, especialmente los que acompañamos en el Anexo 11.2.2., a los cuales nos referimos en el apartado de ese mismo número del presente memorial;
11.7.5. Consideramos importante que conste como prueba en el expediente que se forme como consecuencia de la presentación de esta demanda, de certificación de la resolución, de esa Honorable Corte, de las medidas cautelares dictadas dentro del expediente de demanda entablada por los diputados centroamericanos José Rodolfo Dougherty Liekens y Camilo Agustín Brenes Pérez en contra del Parlamento Centroamericano, la cual entendemos que fue notificada a la parte demandada el día veinte de octubre de dos mil ocho;
11.7.6. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, así como sus respectivos protocolos;
11.7.7. Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos, vigente en la presente fecha;
11.8. PRESUNCIONES: Tanto las de índole legal como las de carácter humano que de las actuaciones se desprendan.
12. DECLARACIÓN FINAL DEL DEMANDANTE, PREVIA A EFECTUAR LA PETICIÓN: EL SURGIMIENTO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO SE DIO, LUEGO DE LA ETAPA DE LA GUERRA FRÍA DE LAS DOS SUPERPOTENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTAS DEL SIGLO PASADO, EN LA QUE NO EXISTIAN VASOS COMUNICANTES NI ENTRE LOS PRESIDENTES DE LAS REPÚBLICAS, NI ENTRE SUS DIRIGENTES POLÍTICOS DE CENTROAMÉRICA. LA VISIÓN QUE SE TUVO, ORIGINARIAMENTE, ERA LA DE ESTABLECER UN FORO EN DONDE SE PUDIESE DISCUTIR, CON ALTURA, LOS TEMAS QUE NUESTROS PAÍSES, QUE NUESTRAS SOCIEDADES, TIENEN EN COMÚN; EN DONDE PUDIÉSEMOS ENCONTRAR SOLUCIONES A NUESTROS TAMBIÉN PROBLEMAS COMUNES Y NOS FUÉSEMOS ACERCANDO MÁS NO SÓLO A NIVEL DE PAÍS SINO DE NUESTRAS SOCIEDADES, DE LAS PERSONAS. ES EN ESE CONTEXTO Y CON EL PROCESO EN MARCHA QUE SE ACERCA A LA REGIÓN REPÚBLICA DOMINICANA, Y NO ESTIMAMOS QUE HAYA HABIDO NADIE, NI QUE LO EXISTA, QUE NO ENCUENTRE POSITIVA Y DE BENEFICIO MUTUO ESE ACERCAMIENTO. NOSOTROS ESTAMOS CONVENCIDOS QUE EL PLANTEAMIENTO DE ESTA DEMANDA, QUE SÓLO BUSCA LA LEGALIDAD, NOS AYUDARÁ A EFECTUAR UN ALTO EN EL CAMINO DE ESE PROCESO QUE LLEVA RECORRIDO VARIAS DÉCADAS, A TOMAR EL RUMBO DE LO QUE ES POLÍTICA Y JURÍDICAMENTE CORRECTO EN LAS INSTITUCIONES DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, DE LO QUE REALMENTE ESPERAN NUESTROS ELECTORES DE LOS LÍDERES POLÍTICOS Y DE LAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN, Y ESTABLECERÁ UN MAGNÍFICO PRECEDENTE: QUE LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y LOS QUE A ÉSTA SE ACERCAN, TIENEN QUE ENCAUSAR SUS ACTUACIONES DENTRO DEL ANDAMIAJE JURÍDICO COMIUNITARIO Y QUE LOS REQUISITOS DE LAS LEGISLACIONES INTERNAS, PARA EFECTOS DE SU APLICABILIDAD EN EL ÁMBITO JURÍDICO, DEBEN SER CUMPLIDOS A CABALIDAD. ESTÁ EN NUESTROS MÁS ALTOS DESEOS QUE REPÚBLICA DOMINICANA FINALICE SU INCORPORACIÓN DE PLENO DERECHO AL PARLAMENTO REGIONAL, CON DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS DEMOCRÁTICA, POPULAR, LIBRE Y LEGALMENTE, PARA QUE, ASÍ, NO EXISTAN MÁS DUDAS CON RELACIÓN AL EJERCICIO PLENO DE PODER PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO EN TODAS LAS DELIBERACIONES DEL FORO POLÍTICO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA.
13. PETICIÓN:
13.1. DE TRÁMITE:
13.1.1. Que se admita, para su trámite, la presente demanda en contra del Parlamento Centroamericano, y que se tengan por interpuestas, de nuestra parte:
13.1.1.1. ACCIÓN DE NULIDAD: La cual encausamos en contra de:
13.1.1.1.1. ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, QUE PRELIMINARMENTE SE IDENTIFICA COMO AP DIAGONAL DOSCIENTOS CUATRO GUIÓN DOS MIL OCHO (AP/204-2008), ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA PLENARIA, DE ESA MISMA FECHA, IDENTIFICADAS BAJO NÚMEROS AP DIAGONAL CINCO GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO, AP DIAGONAL SEIS GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO Y AP DIAGONAL SIETE GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO (AP/5-204/2008, AP/6-204/2008, AP/7-204/2008);
13.1.1.1.2. RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, DE LA CUAL NO CONOCEMOS EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRETENDE DAR POR VÁLIDA LA INCORPORACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA AL PADRÓN ELECTORAL, CON PLENOS DERECHOS PARA ELEGIR Y SER ELECTO CON RELACIÓN A LOS CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA;
13.1.1.1.3. LA TOTALIDAD DEL PROCESO DE ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LLEVADO A CABO LOS DÍAS VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO Y DOCUMENTADO MEDIANTE ACTA APE DIAGONAL CERO UNO GUIÓN DOS MIL OCHO (APE/01-2008); y,
13.1.1.1.4. LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos;
13.1.1.2. ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA.
13.1.1.3. CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS.
13.1.2. Que con el presente memorial y documentos adjuntos, se inicie la formación del expediente respectivo;
13.1.3. Que se tome nota de las calidades bajo las cuales actuamos;
13.1.4. Que se tome nota que actuamos bajo nuestro propio Auxilio, Dirección y Procuración, en nuestra calidad de abogado colegiado activo;
13.1.5. Que se tome nota del lugar que hemos señalado para recibir notificaciones y del abogado propuesto para recibirlas en el domicilio de esa Honorable Corte;
13.1.6. Que se tenga por presentada la documentación que acompañamos al presente memorial;
13.1.7. Que se tenga por manifestado y acreditado el interés que tenemos como parte actora en el presente asunto;
13.1.8. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba relacionados en el apartado respectivo;
13.1.9. Que, al ser admitida la presente reclamación, COMO MEDIDAS PREJUDICIALES O CAUTELARES, se decrete:
13.1.9.1. La suspensión, hasta que esa Honorable Corte Centroamericana emita un fallo definitivo:
13.1.9.1.1. De la aprobación del acta de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho;
13.1.9.1.2. De las resoluciones de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho identificadas como AP diagonal cinco guión doscientos cuatro diagonal dos mil ocho (AP/5-204/2008), AP diagonal seis guión doscientos cuatro diagonal dos mil ocho (AP/6-204/2008) y AP diagonal siete guión doscientos cuatro diagonal dos mil ocho (AP/7-204/2008), de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, así como sus consecuentes efectos jurídicos;
13.1.9.1.3. Del acto denominado “NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL QUE TENDRÁ A SU CARGO EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009”, contenido en punto ocho, página diez, del proyecto de acta identificada con el número AP diagonal doscientos cuatro guión dos mil ocho (AP/204-2008) del Parlamento Centroamericano;
13.1.9.1.4. De la resolución de Asamblea Plenaria, de la cual no tenemos cómo identificar en estos momentos, dentro de la sesión de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, mediante la cual se pretendió incorporar a la delegación de Observadores Permanentes de República Dominicana, al padrón electoral que sirvió para elegir a la Junta Directiva, en las elecciones internas programadas para el día veintidós de octubre de dos mil ocho;
13.1.9.1.5. Del acto de juramentación de los sustitutos para integrar la Comisión Electoral, al final de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano;
13.1.9.1.6. De la validez jurídica del proceso electoral de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano llevado a cabo los días veintidós y veintitrés de octubre de dos mil ocho, incluyendo pero no limitándose a:
13.1.9.1.6.1. El acta APE diagonal cero uno guión dos mil ocho (APE/01-2008), que documenta tales actuaciones;
13.1.9.1.6.2. De las rondas de votaciones llevadas a cabo con un padrón electoral viciado en un proceso dirigido por una Comisión Electoral conformada ilegalmente;
13.1.9.1.6.3. Especialmente, del punto décimo séptimo del acta que documenta el proceso electoral, denominado “RESULTADO DE LAS ELECCIONES”;
13.1.9.1.7. De los actos de juramentación y de toma de posesión llevados a cabo en sesión solemne, en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala, el día veintiocho de octubre de dos mil ocho;
13.1.9.1.8. De los artículos 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos;
13.1.9.2. Que, como consecuencia de algunas de las medidas cautelares decretadas, SE ORDENE A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS CENTROAMERICANOS Y A LOS OBSERVADORES PERMANENTES QUE PRETENDIERON ELEGIRSE COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EL VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE UN PROCESO ILEGAL DE ELECCIÓN, SE ABSTENGAN DE AUTORIZAR NOMBRAMIENTOS, DESPIDOS, CONTRATACIONES, COMPRAS, VIAJES, VIÁTICOS, EROGACIONES, O DE DICTAR ORDEN ALGUNA QUE VAYA EN CONTRA DEL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE QUE SI INCUMPLEN, DEBERÁN RESPONDER CON SU PROPIO PATRIMONIO EL REINTEGRO DE CUALQUIER CANTIDAD QUE SE PAGUE O SE EROGUE POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN CASO DE DECLARARSE CON LUGAR LA ACCIÓN DE NULIDAD INCOADA EN SU CONTRA;
13.1.10. Que se emplace a la entidad demandada, Parlamento Centroamericano, notificándole en la dirección señalada;
13.1.11. Que, oportunamente, se diligencien las pruebas que se proponen y ofrecen, especialmente las documentales que obran en poder del adversario;
13.2. DE FONDO: Que, una vez diligenciadas las pruebas propuestas y ofrecidas, se dicte sentencia declarando:
13.2.1. CON LUGAR LAS ACCIONES DE NULIDAD entabladas en contra:
13.2.1.1. DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO DE ASAMBLEA PLENARI ADEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, QUE PRELIMINARMENTE SE IDENTIFICA COMO AP DIAGONAL DOSCIENTOS CUATRO GUIÓN DOS MIL OCHO (AP/204-2008), ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA PLENARIA, DE ESA MISMA FECHA, IDENTIFICADAS BAJO NÚMEROS AP DIAGONAL CINCO GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO, AP DIAGONAL SEIS GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO Y AP DIAGONAL SIETE GUIÓN DOSCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL OCHO (AP/5-204/2008, AP/6-204/2008 Y AP/7-204/2008), Y COMO CONSECUENCIA, SE PRONUNCIE SOBRE LOS TEMAS PLANTEADOS EN EL PUNTO 7.1.8.4., ASÍ COMO LA NULIDAD DEL PUNTO OCHO DE LA MISMA, REFERENTE AL NOMBRAMIENTO, JURAMENTACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ELECTORAL Y, CONSECUENTEMENTE, DE TODOS LOS ACTOS QUE DICHA COMISIÓN ELECTORAL HAYA PODIDO EFECTUAR Y LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS QUE HAYA TOMADO DESDE EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO;
13.2.1.2. DE LA RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, DE LA CUAL NO CONOCEMOS EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRETENDE DAR POR VÁLIDA LA INCORPORACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA AL PADRÓN ELECTORAL, CON PLENOS DERECHOS PARA ELEGIR Y SER ELECTO CON RELACIÓN A LOS CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA;
13.2.1.3. DEL PROCESO DE ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, LLEVADO A CABO LOS DÍAS VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO Y DOCUMENTADO MEDIANTE ACTA APE DIAGONAL CERO UNO GUIÓN DOS MIL OCHO (APE/01-2008) Y, CONSECUENTEMENTE, SE ORDENE LA CONVOCATORIA DE UN NUEVO PROCESO ELECTORAL QUE SE ENMARQUE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA LEGALIDAD; y,
13.2.1.4. DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45, 46, primer párrafo del artículo 61, inciso 3 del artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano, aprobado por Asamblea Plenaria de dicha Institución el veintiocho de mayo de dos mil dos;
13.2.2. CON LUGAR LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LA DELEGACIÓN DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA Y, COMO CONSECUENCIA:
13.2.2.1. Se declare ilegal la comparecencia de los Observadores Permanentes de República Dominicana que lo hubiesen efectuado antes de finalizar la acreditación correspondiente, conforme su ley interna y conforme a la normativa comunitaria contenida en el artículo segundo del Segundo Protocolo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, desde la incorporación de los primeros Observadores Permanentes;
13.2.2.2. Se declare ilegal la permanencia como Observador Permanente del señor Alfredo Cruz Polanco y de todas aquellas personas que no han cumplido con los requisitos legales internos y comunitarios para serlo;
13.2.2.3. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, el nombramiento de veintiún Observadores Permanentes efectuado por el Señor Presidente de República Dominicana, por propasarse en el número de Observadores Permanentes que permite el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano;
13.2.2.4. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, el nombramiento del señor Juan Pablo Plácido, contenido en Decreto un mil doscientos veinticuatro del Presidente, de carácter posterior al que señalamos en el apartado anterior, por propasarse en el número de Observadores Permanentes que permite el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano;
13.2.2.5. Se declare ilegal cualquier sustitución de un Observador Permanente por otro, en tanto la delegación de República Dominicana no se ajuste al número de los mismos que puede acreditar y se culmine con los trámites que prevé su ley interna y la normativa comunitaria;
13.2.2.6. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, la resolución que contiene la ratificación del nombramiento de veintiún Observadores Permanentes al Parlamento Centroamericano que efectuó, con fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, la Cámara de Diputados de República Dominicana;
13.2.2.7. Se declare ilegal, dentro del ámbito comunitario, la resolución de aprobación que brinda el Senado de República Dominicana, con fecha nueve de enero de dos mil siete, del nombramiento de veintiún Observadores Permanentes al Parlamento Centroamericano, por no existir tal nombramiento sino una simple designación y por no ajustarse a la Norma Constitutiva Comunitaria;
13.2.2.8. Se ordene a las personas que hayan fungido como Observadores Permanentes de manera ilegal, y que hayan cobrado salarios, dietas, viáticos o cualquier tipo de beneficio económico como pasajes aéreos y terrestres o viáticos, lo restituyan de inmediato al Parlamento Centroamericano, juntamente con los intereses, fijándoseles un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren, se les certificará lo conducente por los delitos de apropiación y retención indebidas;
13.2.2.9. Se resuelva que los diputados y diputadas que han conformado las diferentes Juntas Directivas bajo cuya responsabilidad ha estado calificar los documentos de acreditación de los Observadores Permanentes de República Dominicana, son responsables de manera solidaria y mancomunada con dichos Observadores, por la devolución de salarios y dietas, fijándoseles, para que reintegren dichas cantidades, un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que, vencido el mismo sin que las mismas hayan sido totalmente restituidas, se les certificará lo conducente por el delito de malversación;
13.2.2.10. Se resuelva que los miembros de Junta Directiva que hayan autorizado viajes y viáticos a los Observadores Permanentes de República Dominicana, son responsables personal, directa y subsidiariamente de la devolución de los mismos, fijándoles, para que así lo hagan, un plazo prudencial, bajo apercibimiento de que, vencido el mismo no han sido restituidas dichas cantidades, se les certificará lo conducente por el delito de malversación;
13.2.2.11. Se ordene la devolución de las cantidades que resulten, como consecuencia de los apartados anteriores, con inclusión de los intereses correspondientes, a razón de una tasa que deberá fijar esa Honorable Corte;
13.2.3. CON LUGAR LA CONSULTA PLANTEADA CON RELACIÓN A LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS, EN LOS TÉRMINOS EXPLICADOS EN LA PARTE EXPOSITIVA DEL PRESENTE MEMORIAL.
13.2.4. QUE, AL DICTARSE SENTENCIA DECLARANDO LAS NULIDADES PLANTEADAS, SE CERTIFIQUE LO CONDUCENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, ENTIDAD ENCARGADA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LUGAR EN DONDE SE DIERON ALGUNOS HECHOS, ADEMÁS DE LOS QUE ACAECIERON EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, PARA EFECTOS DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD PENAL, SI LA HUBIERE:
13.2.4.1. DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE VIOLAN EL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO AL PRETENDER APROBAR RESOLUCIONES SIN CONTAR CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE;
13.2.4.2. DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE, EN DESACATO DE ESA HONORABLE CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, ENCAUSAN EL DEBATE PARLAMENTARIO, EN UNA SESIÓN CONVOCADA PARA ELEGIR A LOS NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, HACIA UNA VOTACIÓN ENCAMINADA A BURLAR UN MANDATO EXPRESO DE ESA CORTE;
13.2.4.3. DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS CENTROAMERICANOS Y OBSERVADORES PERMANENTES QUE SE SITUARON EN UNA POSICIÓN DE DESACATO A UNA ORDEN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA EN LA SESIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO;
13.2.4.4. DE LOS DIPUTADOS CENTROAMERICANOS Y OBSERVADORES PERMANENTES QUE INTEGRARON ILEGALMENTE LA COMISIÓN ELECTORAL, USURPANDO CALIDADES QUE NO LES CORRESPONDEN, ASÍ COMO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE, A SABIENDAS DE LAS ILEGALIDADES, SE PRESTÓ PARA JURAMENTARLOS;
13.2.4.5. DE LA TOTALIDAD DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ELECTORAL, QUIENES ACTUARON EN CLARO DESACATO DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, COMUNICADA VÁLIDAMENTE Y CONOCIDA POR TODOS, PERMITIENDO QUE LOS OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA PROCEDIERAN A VOTAR Y A SER ELECTOS PARA CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO;
13.2.4.6. DE LA TOTALIDAD DE OBSERVADORES PERMANENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA, QUIENES ACTUARON EN FRANCO DESACATO DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA Y EN CONTRA DE LAS DISPOSICIONES DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, AL HABER CONTAMINADO UN PROCESO DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE DICHA INSTITUCIÓN, RESERVADO, LEGALMENTE, TANTO EN EL TRATADO CONSTITUTIVO COMO EN EL REGLAMENTO INTERNO, PARA LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS CENTROAMERICANOS, USURPANDO CALIDADES QUE NO TIENEN Y NO LES CORRESPONDEN.
13.2.5. QUE HA LUGAR A EVACUAR LA CONSULTA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DOCE DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS, EN LOS TÉRMINOS QUE HEMOS EXPUESTO, PRONUNCIÁNDOSE EN ESE SENTIDO.
14. CITA DE LEYES: Los Tratados, Protocolos, Estatutos, Reglamentos y Ordenanza citados, y los artículos 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia; 3 incisos “c” y “d”, 4, 5 inciso 3, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 44 y 65 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia.
Acompañamos una copia del presente memorial y de los documentos adjuntos.
Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 2,008.
EN NUESTRO PROPIO AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN."
Como podrá observar el lector, no escatimamos esfuerzos para hacer valer, en las 34 páginas de que consta la demanda transcrita, los argumentos y motivaciones que nos inspiraron para exigir, en nombre de Uds., mis electores a quienes siempre tengo en mente, el respeto por las leyes, por los procedimientos, por la moralidad y el sentido común que deben privar en cualquier institución de carácter público.
En cuanto se nos notifique algo al respecto lo compartiremos con todos Uds.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
