Hace unos días escribí sobre el sinsentido de la ley electoral guatemalteca, pero omití señalar que ese sinsentido continúa dándose hasta en las recientes reformas que efectuó el Congreso de la República al Código Penal, al tipificar como delitos electorales y establecer penas contra los supuestos agresores.
Esa sinrazón de nuestros legisladores, no cabe duda, viene ligada a las órdenes superiores a las que también me refería hace unos días al escribir sobre el poder real de los Poderes del Estado, y sería fácil ponerle, bajo las actuales circunstancias del país, nombre de mujer. ¿O me equivoco? Una clara intromisión del caudillo de turno en la creciente desvaloración e independencia del Organismo Legislativo.
Notas de prensa, hoy, señalan que la Corte de Constitucionalidad ha dejado en suspenso tales reformas al Código Penal, amparándose en un artículo que la faculta a hacerlo cuando la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables.
Ahora le toca pronunciarse, dentro de dicho proceso incoado por el representante-propietario de un partido político, al Tribunal Supremo Electoral, TSE, al Congreso de la República y al Ministerio Público, MP. Yo, por mi parte, lo haré en este espacio porque es un tema de legalidad, de política y de sentido común, algo que tanta falta hace en nuestro país.
Lo primero que se me viene a la mente es la estulticia del género de políticos que están detrás del asunto, quienes, siendo políticos, pretenden satanizar la política.
Por mi parte, yo pertenezco a esa rara especie de políticos que pretenden, utopía todavía, que el proceso político de Guatemala tenga un curso natural en donde las familias enteras participen, en donde la juventud se involucre porque es la única manera de ir formando un criterio, que sea una fiesta cívica no penalizada. Esos espacios lúdicos alrededor de la política, y esos espacios políticos, hoy que escribo, en lugar de ser ocupados por gente de bien proveniente de todos los estratos sociales y enriqueciendo el debate de las ideas, tiende a ser ocupado por una limitada gama de personas, muchas de ellas ruines, que contagian a las instituciones políticas.
Como diría Martín Fierro (el famoso personaje argentino de José Hernández): ¡Entendámosló! Los partidos políticos son instituciones de Derecho Público y la política es una actividad humana que, girando alrededor o con aquéllos, no va a desaparecer. Es totalmente necesaria para escoger cada cierto tiempo a nuestras autoridades, de modo que es bueno que vayamos santificándola en lugar de satanizarla, que la vayamos valorizando y limpiando de gentes ruines, para que vayamos, cada día, teniendo la posibilidad de mejorar las instancias políticas, especialmente los vehículos electorales y, de esa manera, mejor gente pueda participar para optar a los puestos de elección popular.
El afán de limitar cada vez más la actividad política, cuando es evidente que el oficialismo llega a hacer campaña para perpetuarse en el ejercicio del poder desde el día en que toma posesión, y encima tipificar como delito cualquier cosa que vaya dirigida hacia los opositores, pero que no tiene aplicación práctica para quienes gobiernan, reparten y hacen publicidad política multimillonaria con recursos del Estado, es nefasto para el proceso de selección de autoridades que, bajo tales parámetros, habrá de darse.
Las reformas a las leyes electorales o penales, en torno al tema político, no debieran estar enfocadas en penalizar las actividades políticas sino encaminadas a propiciar la participación en los asuntos políticos de Guatemala, de los casi dos millones de guatemaltecos que viven fuera del país pero que, con el envío de sus remesas, ayudan a sostener la economía. De este tema que vengo defendiendo desde principios de los años 1990's, cuando fui Fiscal del Partido de Avanzada Nacional ante el TSE, ofrezco elaborar otro ensayo. Baste decir que tienen que estar enfermos quienes patrocinan encarcelar a unos pocos y se olvidan de las grandes mayorías.
Por eso, hoy, públicamente, le pido a la Corte de Constitucionalidad que declare la inconstitucionalidad de ese decreto que, más que reforma penal, es un monumento a la estupidez y a la intolerancia. Argumentos legales no faltan. Basta leer los artículos 1 y 2, en los cuales se establece que el fin supremo del Estado es el bien común y que es deber de este el desarrollo integral de la persona; o el 35 que garantiza la libre emisión del pensamiento; o el 44 que establece la nulidad ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restinjan o tergiversen cualquier derecho que la Constitución establece.
El artículo 136 constitucional establece que son deberes y derechos de los ciudadanos, entre otros, participar en actividades políticas, lo cual merece un análisis más detenido: por un lado, participar en actividades políticas no sólo es un derecho inherente a la persona; desde elmomento en que la Constitución lo establece, además, como un deber, constituye una obligación de todos participar en la política nacional. Este artículo es intemporal, es decir, tan solo establece el deber y el derecho del ciudadano pero no lo restringe a determinada época ni lo condiciona a que el TSE o cualquier otra institución dé su banderazo de salida o indique cuándo sí o cuándo no se puede o se debe participar en política.
Desde este espacio le pido, tanto al TSE como al Congreso de la República y al MP, al primero y al último, que defiendan la Constitución y los derechos y deberes de todos los guatemaltecos y guatemaltecas; al segundo, que haga algo inédito en la historia política del país: que comparezca a evacuar la audiencia aceptando que se ha equivocado, de manera que allane el camino de la Corte de Constitucionalidad, en el presente caso, y regresemos todos a la cordura, a la legalidad, al sentido común que se ha perdido.
La actividad política la debemos rescatar todos del fango en donde pocos la han metido, primero porque es necesario limpiar el vehículo por donde los mejores hombres y mujeres del país deben montarse para gobernarse, caso contrario sólo se montarán quienes estén dispuestos a mancharse, y eso ya es limitar la participación de la mejor gente. Segundo, porque no lo hacemos por la legalidad, por nosotros o nuestro tiempo; todo lo que hoy hagamos por la patria y sus derroteros, todo es en beneficio de las generaciones futuras a quienes se suele mencionar pero no solemos involucrarnos en hacer algo concreto por dejarles un mejor país, y esto es un acto concreto en pro de construir una nación más fuerte, más digna, más acorde con el idealismo que nunca debemos perder. El lirismo de las típicas declamaciones de las fiestas de independencia con estos actos concretos dejan de serlo y se convierten, poco a poco, en beneficios tangibles.
La Corte de Constitucionalidad, en su corto historial, ha tenido de todo, pero generalmente, hay que reconocerlo, ha sido un instrumento de reserva moral, de reencausamiento de la dignidad y del Estado de Derecho. Hoy tenemos grandes esperanzas puestas en su actuación.
Finalizo diciendo que no es delito hacer política porque, involucrándose, haciéndola, hacemos patria. Son nuestros legisladores y los gobernantes de turno, entre otros, quienes con el tiempo han venido haciendo ver como que todo lo que no se haga de esta o de otra manera es ilegal o ilegítimo.
Considero que Guatemala se merece una total libertad de expresión en el ámbito político, y a excepción del tema de financiamiento, que con la incursión del narcotráfico y del crimen organizado es un problema real, no debería haber limitación alguna para que las personas o las instituciones políticas funcionen todos los días. La democracia se distorsiona si todos deben callar y solamente la primera dama o el delfin de turno se dedica a hacer campaña cuatro años antes de las elecciones siguientes. Si a eso sumamos que mediante argucias legales quieren, además, silenciar totalmente a los grupos opuestos a sus ideas e intereses políticos, resulta, entonces, que quienes violan la Constitución y estafan las aspiraciones del pueblo, son ellos y sus testaferros actuando desde los tres poderes y, a veces, desde los órganos descentralizados e independientes, como el TSE y la misma Corte de Constitucionalidad.
Por eso es hora que todos estemos vigilantes de lo que sucede en este entorno. En su defensa va en juego la calidad de nuestro futuro.
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