EL SÍNDROME DEL CHUCHO DE LA CALLE Y LA PENA DE MUERTE

Imagino que ha de haber alguna o varias instituciones serias haciéndo análisis, ya sea sociológico o antropológico, acerca del fenómeno de los linchamientos públicos, acerca de cuyos orígenes me he atrevido a decir algo en entregas anteriores.

El último del cual tenemos noticia, porque fue publicada en página 12 de Prensa Libre el jueves 8 de abril de 2010, llama la atención, dado que no fue un solo impulso de un conglomerado humano ante un hecho, sino una concatenación de actos de los pobladores de una comunidad que, primero logran la captura del presunto jefe de una gavilla de extorsionistas y asaltantes, lo obligan a denunciar a sus cómplices, lo linchan; luego, al día siguiente, y esto es lo curioso del caso, capturan a los otros dos presuntos integrantes de la banda, que resultan ser los hermanos del primero, les rocían gasolina y les prenden fuego.

Esos son los hechos. Bárbaros, incivilizados, cavernarios, usemos el calificativo que querramos, pero es la realidad. Por otro lado, tales hechos de sangre, de fuego y de muerte, son respuestas, no provocaciones. Las comunidades vienen siendo hostigadas durante años por la delincuencia y, ante la nula actuación de las autoridades, la desesperanza viene ganando terreno y, en un "si no son ellos seremos nosotros", deciden actuar en conjunto y librarse de las personas que han venido actuando en su contra, según su saber y entender.

Yo no apoyo los linchamientos de delincuentes. Como profesional del Derecho (sí, con mayúscula), entiendo que la ley debe estar para fortalecer instituciones y procesos que defiendan los derechos humanos y las actividades humanas lícitas, en general. Pero, como estudioso de los fenómenos sociales, también me pongo en la situación de los pobladores trabajadores, productivos, indefensos, que tienen años de acudir a pedir justicia y no hay modo de que haya una señal de esperanza para ellos.

Recordemos que los casos de alto impacto social en donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha efectuado investigaciones y aportado pruebas científicamente sostenibles y creíbles, nada tienen que ver con la vida de las personas en el interior del país, que es donde más se dan este tipo de actos de defensa de la sociedad.

La pregunta, ahora, es la siguiente: ¿habrá algún otro delincuente, a menos que sea idiota, que se atreva a irse a meter a extorsionar, a asaltar o a secuestrar en estas comunidades que ya han demostrado la manera en que se pueden defender?

De la pregunta anterior deriva la siguiente: ¿funciona la muerte de un delincuente como disuasor del delincuente que viene detrás, aunque no sea una pena jurídica y procesalmente decretada?

Ya he expresado anteriormente que soy de las personas que sí creen que la pena de muerte es un disuasivo para delinquir, pero no estoy de acuerdo con las reformas "humanitarias" que se le introdujeron en los últimos años de su aplicación, ya que Guatemala no es un país acostumbrado al "módulo letal" donde, con inyecciones, se priva al delincuente de la posibilidad de seguir existiendo en una sociedad que lo juzgó con todas las de ley y lo condenó. Guatemala es un país de tradición de fusilamiento y así debió permanecer el sistema.

Siguiendo con el hilo del presente ensayo, sí creo que ningún delincuente, por muchos años, pensará tratar de fastidiar a estas comunidades bravas que demuestran un nivel de decisión sin precedentes para librarse de los malhechores. Por lo menos, eso espero, que suficiente espectáculo ha sido, para toda la niñez y juventud de esos lugares, la manera como, públicamente, se han librado de estas supuestas alimañas sociales.

Digo supuestas porque les doy totalmente el beneficio de la duda, toda vez que no tuvieron la oportunidad de demostrar su inocencia en un tribunal legalmente constituido.

Creo, además, que aunque estas tres muertes no hayan sido legalmente ordenadas en sentencia firme, sí son perfectas razones, por llamarlas de alguna manera, para que en la mente de potenciales o reales delincuentes exista la certeza de que, en esas comunidades, ya no podrá seguir o iniciar con la promoción de delito alguno, porque es claro que, en cualquier momento, puede correr la misma suerte.

Es algo así como el síndrome del perro callejero, que en Guatemala, en beneficio de quienes tienen la paciencia de leerme en el resto del mundo, denominamos "chuchos". No hay perro de mediana experiencia que no de la vuelta y salga en dirección contraria con tan solo agacharnos a hacer como que recogemos una piedra. Ya no digamos si hacemos como si fuésemos a lanzarle algo al animal. En los delincuentes sucede lo mismo a nivel mental, es como un reflejo que requiere, lo más, la inteligencia de un can. Si aquí matan por hacer esto o lo otro y yo vengo haciendo esto y lo otro, me tengo que ir a otro lugar o no seguir haciéndolo. Es algo así como un silogísmo con lógica perruna.

De la misma manera, si la pena de muerte ha sido decretada por las instancias que la Administración de Justicia de un país contempla en su andamiaje legal, y encima es apoyada por una mayoría de la opinión pública, la inducción mental para cambiar de propósitos, de vida o de país, si quiere seguir en las mismas, debe funcionar. ¡A mí que no me vengan con lo contrario!