LAS BODAS DE PLATA DE LA CONSTITUCIÓN

El 31 de mayo de 1985 nació a la vida jurídica la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un cuerpo de leyes que le ha dado estabilidad a la nación estos últimos 25 años.

Contiene algunos elementos nuevos para el constitucionalismo guatemalteco, como la Corte de Constitucionalidad, después que Costa Rica empezó, en la región, a especializarse en el estudio y resolución de casos de esta rama del Derecho a través de la Sala Cuarta, de modo que desde hace 25 años Guatemala se puso a la vanguardia en la región, creando toda una Corte para administrar la justicia constitucional, la cual ha tenido más logros que tumbos.

También es producto de nuestra última Constitución la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual fue creada como respuesta a varias décadas de problemas con un Estado represor en medio de un conflicto armado interno, por lo cual esta Institución es otro avance significativo para el país.

Distingue particularmente nuestra Constitución a la Vicepresidencia de la República porque tres de los Presidentes Alternos de la Asamblea Nacional Constituyente, de donde emanó, se vislumbraban durante los debates como próximos vicepresidenciables dentro de sus propios partidos políticos: Héctor Aragón Quiñones, del Movimiento de Liberación Nacional, MLN; Ramiro de León Carpio, de la Unión del Centro Nacional, UCN; y Roberto Carpio Nicolle, de la Democracia Cristiana, DC. Estos tres personajes se turnaban, civilizadamente, la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, y con el respaldo de sus respectivas bancadas se encargaron de que la Vicepresidencia de la República no fuese sólamente un puesto decorativo, y le dieron, constitucionalmente, facultades y atribuciones de coordinación de los distintos gabinetes que en otros países no tienen, indistintamente que unos vicepresidentes han cumplido con tales atribuciones y otros no tanto. Nosotros estimamos que eso fue sano para delimitar, por lo menos en parte, el enorme poder del Presidente de la República.

El Tribunal Supremo Electoral fue otra institución novedosa, producto de reiterados fraudes electorales cometidos especialmente por la cúpula militar gobernante de los años anteriores, el cual ha venido garantizando la credibilidad de los procesos de elección.

Llega la Constitución Política a sus bodas de plata con una modificación, efectuada en 1994, que no es de las más felices. Por un lado se redujo nuevamente el período presidencial a 4 años, como era antes, lo cual no es de gran trascendencia, pero por el otro se politizó la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo resultado ha quedado evidenciado con las pugnas de poder que impidieron, el año pasado, alcanzar mayoría durante la mayoría de los meses del año, desgastando innecesariamente a un ente eminentemente administrador de justicia que no necesita politizarse para hacer su trabajo, que en principalmente jurídico, el cual de alguna manera no pudo desarrollarse normalmente mientras la pugna se dio.

Este desgaste se ha venido dando todos los años desde que la reforma entró en vigencia, y no hay elemento de juicio que haga pensar que tal circunstancia habrá de finalizar, como no sea promoviendo y aprobando una enmienda constitucional.

Durante los últimos años se ha venido discutiendo la posibilidad de reformar la Constitución. Es obvio que algunas normas constitucionales que se dieron como respuesta a los abusos de antes, hoy se desea revertirlos porque tales garantías han sido utilizadas, principalmente, por delincuentes o por bandas de delincuentes, favoreciéndose de plazos para interrogarlos, de limitaciones para efectuar cateos o escuchas telefónicas, etcétera; de modo que es una reacción natural para muchas personas que quieren ver a los infractores de la ley tras las rejas, solicitar dichos cambios constitucionales.

El debate acerca de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente está planteado y hay varias propuestas de reformas; sin embargo, hay muchos juristas que piensan que es inconveniente y hasta peligroso convocar a una Asamblea de dicha naturaleza.

Personalmente creo que la Constitución necesita algunos cambios, pero que dichos cambios pueden irse dando paulatinamente, mediante consultas populares, de manera que podamos ir teniendo un instrumento jurídico más acorde con los nuevos tiempos y las nuevas necesidades del país, pero sin correr los riesgos de abrir las puertas a modificarla abiertamente, especialmente tomando en cuenta la incursión que, en los últimos años, ha hecho el narcotráfico en la política nacional y de algunos países vecinos, con su dinero sucio, con sus presiones y extorsiones, lo cual es presagio de cambios pero en contra de la sociedad, no a su favor.

Uno de los temas que más pronto debe solucionarse, constitucionalmente hablando, es el de la pena de muerte, de manera que el país cuente, como antes, con este mecanismo para, después de un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías de defensa, se pueda proceder a ejecutar las sentencias de este tipo sin dilación ni limitación alguna como la sociedad en su conjunto está esperando, y así dejar de mantener, por cuenta de los impuestos de todos, varias decenas de asesinos inescrupulosos que no tienen posibilidad de rehabilitarse frente a la sociedad a la cual han ofendido, y muchos de manera reiterada.

No es que la pena de muerte se haya abolido, sino se ha creado un aparente limbo legal entre la Constitución Política y la del Pacto de San José en materia de Derechos Humanos, en donde la mayoría de juristas concuerda en que está clara la primacía constitucional, pero la ejecución de algunas penas de muerte podría abrir las puertas a sanciones económicas en contra del Estado de Guatemala. Un tema que deberá resolver alguien con pantalones, apoyándose en la Constitución y denunciando el Pacto.

Comentario final: como jurista siento y entiendo que la Constitución es sagrada; por ende, no entiendo por qué el encargado de conmemorar su promulgación, todos los años, es el Congreso de la República, que como institución nada tuvo que ver en el asunto, más que quedar disuelto mientras sus instalaciones físicas eran utilizadas para los debates. Es más, la mayoría de diputados constituyentes era gente honorable, contrario a lo que sucede hoy con el Congreso de la República en el que estos últimos son una minoría.