Si algo cambió después de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, es la discusión acerca de la honorabilidad de las personas que han de ocupar puestos importantes dentro de la administración pública.
Resulta que el proyecto de Ley de Comisiones de Postulación estaba destinado a quedarse en la gaveta del olvido en el Congreso de la República cuando, a raíz del asesinato del mencionado profesional, la sociedad civil, especialmente la juventud, comenzó a exigir cambios.
La histórica manifestación pacífica del domingo 17 de mayo de 2009, en la Plaza Italia, fue el marco en el cual, públicamente, pedí que se apoyase a la diputada Nineth Montenegro en su intento por aprobar dicho proyecto de ley, el cual hoy es una de las leyes ordinarias del país, pero también recordé que Guatemala era el único país del mundo que tenía un Presidente de la República que se encontraba libre bajo fianza.
Es que ya a todos se nos olvidó que Álvaro Colom estuvo inmiscuído en el saqueo de recursos públicos a través de Marco Tulio Abadío, el anterior Contralor General de Cuentas de la Nación, hoy recluído en prisión, y que para el tiempo que hablé, hace un año, todavía estaba vigente la libertad bajo fianza, decretada el 9 de agosto de 2005, dentro de la causa 2376-2004, expediente a cargo del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Hoy desconozco qué ha sido del mismo y si dicha fianza ya se revocó.
La consecuencia de la entrada en vigencia de la mencionada Ley de Comisiones de Postulación, especialmente, ha sido el debate que ha habido alrededor de la honorabilidad de los candidatos a ocupar puestos públicos, lo cual es un gran avance dentro del proceso de escogencia de nuestros más importantes servidores.
Sin embargo, nada se dijo en la Ley acerca de la honorabilidad de quienes serían parte del proceso de selección y, especialmente, de las autoridades que, al final, debían nombrar funcionarios al amparo de dicho cuerpo de normas legales.
Aunque las normas vigentes no digan nada al respecto, no deja de llamar la atención, y eso sí se puede discutir porque, aunque fuera de la esfera del Derecho, sí queda en el ámbito de las esferas de la Moral y de la Ética, que el cuestionado Presidente de la República, que se apropió de medio millón de quetzales provenientes de una institución del Estado para su uso personal, y que no hay constancia que los mismos hayan sido siquiera devueltos, sea, al final del proceso, quien deba nombrar a alguien que ha sido escogido a la vista de la sociedad, en general, discutiéndose, hasta por orden precisa de la Corte de Constitucionalidad, acerca de su honorabilidad.
En la próxima elección presidencial que, por cierto, se avecina, es de vital importancia que este tema sea objeto de un intenso debate, además de la acreditación de experiencia, aunque no estén contemplados estos requisitos en la ley. Así le evitaríamos a Guatemala el bochorno de tener un Presidente que anda saludando por el mundo, a sabiendas que tiene cuentas pendientes con la justicia de su país.
Si este debate sobre moralidad y experiencia se hubiese llevado a cabo con anterioridad, probablemente no habríamos tenido de presidentes, ni al que está sujeto a procesos penales, ni al actual, que tanto se parece al otro y que va por sus mismos pasos en muchos aspectos.
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Qué tanto puede ayudar esta discusión a un futuro próximo?, será que causará algún impacto en las nuevas elecciones? o simplemente es un espejismo?
ResponderEliminarEstimado don Julio: Gracias, no sólo por el comentario, sino por entender perfectamente cuál es la intención del artículo: el debate está planteado; es inevitable.
ResponderEliminarLas sociedades, como entes con una especie de vida propia, son cambiantes, y algunos autores han documentado algunos de ellos. "La Borrachera Democrática", de Alain Minc, nos pinta un siglo XX inmerso entre la democracia representativa, la clase media y el Estado Benefactor (tan maltrecho hoy en Europa); según Minc, lo anterior ha sido sustituido por otro tipo de trilogía formada por los medios de comunicación, la opinión pública y los jueces.
En el contexto guatemalteco es indudable que algo pasó últimamente, y eso es la fortaleza que ha adquirido la sociedad civil, si no, todavía, en otras áreas como la transparencia en la utilización de los recursos, por poner un ejemplo, sí ha demostrado su enorme valor ético a la hora de discutir y decidir nombramientos de algunas autoridades. Eso es algo que se ha ganado a pulso, que le ha dado un carácter sinergético a las diferentes organizaciones y que nosotros, en lo particular, esperamos que se consolide y fortalezca ante el proceso electoral que se acerca.
Por supuesto, dentro de esos grupos es relativamente fácil identificar algunos con banderas político-partidarias, y entendemos y sabemos que habrá dificultades, discusiones, roces y problemas, pero es nuestro mayor afán que la respetabilidad, la honorabilidad de quienes hayan de ocupar los cargos de Presidente y de Vicepresidente de la República, sean hombres y mujeres que no tengan las tachas que han tenido algunos de los candidatos y los efectivamente electos en el pasado. ¡Guatemala se merece lo mejor!
Es por eso que, en nuestro caso, tenemos tantas esperanzas en la juventud, la cual, con su idealismo (que tan bien conozco porque no lo he perdido), su preparación, su amor por la patria y su valentía, hará que el tema de las tachas, de la honorabilidad, sea un tema en la agenda de discusión de nuestra sociedad.
Ahora bien, ¿qué tanto puede ayudar esta discusión? Eso lo veremos. Iniciar el debate es, de por sí, un logro.