Guatemala es de los últimos países del mundo en contar con un documento de identificación. El Decreto Legislativo 1735, de finales de 1931, vigente a partir del 1 de enero de 1932, que contiene la Ley de Cédula de Vecindad, un documento obligatorio sólo para las personas comprendidas entre los 18 y los 60 años que, más que tender a identificar a su titular, pretendía llevar un control del lugar donde vivía.
Debido a que fui Registrador de Vecindad del municipio de Guatemala, conozco relativamente los pros y contras de esta ley, y algunas interioridades, como por ejemplo, que fue el Presidente de la República de aquella época, Jorge Ubico, quien estaba atrás de la promoción de la misma, el primero en violarla, si así se puede decir, ya que su ansiedad por obtener la cédula número uno lo llevó a inscribirse en diciembre de 1931, es decir, sin una ley vigente que respaldara ni el documento que le extendieron ni la legalidad del libro de registro.
A fines de 1982, el gobernante de facto Efraín Ríos Montt trató de instaurar un documento personal de identidad pero, aún que tenía el poder sobre todos los organismos del Estado, pues no existía Congreso y él legislaba a través de Decretos-Leyes, y nombró a su propia Corte Suprema de Justicia, no lo pudo hacer porque los fotógrafos, especialmente de la 6a. Avenida "A" de la zona 1 de la capital, que vivían de fotografiar a los ciudadanos para que sacaran su cédula en la Municipalidad de la misma, se levantaron en protesta y la cosa ya no caminó. Absurdo, pero cierto.
Ahora que, finalmente, había voluntad política para modernizar al país y llevarlo al siglo XXI en materia de identidad de las personas, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, creado para el efecto, se convirtió en botín de los financistas de campaña de Álvaro Colom, lo tomaron por asalto y, ahora, tienen al país metido en un tremendo caos por la trampa en que se convirtió la nueva institución.
Hay tanto qué decir al respecto, pero nos enfocaremos en dos cosas: la mala práctica que, ante tanta deficiencia, se viene dando por décadas en el país y cómo, ahora, trasciende nuestras fronteras, y la segunda unos comentarios acerca de cómo debieron haberse hecho las cosas y cómo debieran ser.
Las malas prácticas devienen de la antigüedad de una ley y la manera oficial de identificar a las personas a través de unas libretas que sólo debió imprimir la Tipografía Nacional, pero que en la práctica eran elaboradas por cualquier imprenta del interior del país.
Lo anterior también tuvo otro tipo de consecuencias, la más importante que ya no existía control sobre las libretas en blanco y, manufacturadas en los pueblos, solían venderse en la calle, en tiendas, y cada ciudadano llevaba su carnet en blanco para que la municipalidad del lugar se lo llenase, lo que derivó en un comercio de documentos falsos con una facilidad descarada, al grado que dichos documentos, de otros municipios, eran ofrecidos y vendidos en las gradas de acceso al edificio de la propia Municipalidad de Guatemala, aunque ahí sí se compraban las libretas oficiales y numeradas.
Es decir, la delincuencia, las personas que se encontraban ilegalmente en el país, siempre han contado con mafias que les surten de documentos "creíbles" de identidad, que pasan en oficinas públicas, en bancos, en comercios, y hasta sirven para sacar pasaportes que les dan otro manto de legalidad cuando en el fondo no hay nada cierto.
Paralelamente, aunque la mencionada ley establece que uno tiene la obligación de renovar su cédula de vecindad cada diez años, en la práctica, la gente honrada no lo hace y, por no hacerlo, el documento no pierde validez, de manera que llega un momento en que las cédulas, legítimas, tienden a no corresponder con la persona que, físicamente, está frente a nosotros.
Esto trajo, como consecuencia, que se empezase a identificar a las personas con aquellos cartoncitos insignificantes que eran las licencias de conducir, precisamente porque, como no tenían una duración mayor a tres años, aunque se usase una fotografía relativamente vieja nunca llegaba a ser tan lejana en el tiempo como la de una primera cédula identificando una persona de 60 años.
Sin embargo, el tráfico de licencias falsas fue y sigue siendo una realidad, además que no existía ley que respaldase este tipo de identificación.
Con el tiempo, el documento que ampara la capacidad de una persona para conducir cambió de calidad. Hoy no nos da vergüenza alquilar un vehículo en cualquier país del mundo y sacar la licencia para demostrar que sí sabemos conducir, sin embargo, detrás de esos documentos extendidos con tecnología todavía hay un sinnúmero de cédulas de vecindad falsas que sirvieron de respaldo para "identificar" una persona.
En los bancos del sistema hemos visto, durante años, los rótulos indicando que sólo se exige cédula de vecindad para efectos de identifiación de las personas, pero la práctica es distinta porque si no, los bancos no funcionarían.
Si bien es cierto el pasaporte es un documento válido para identificar extranjeros ante notario, tanto la cédula de vecindad, la licencia de conducir como el pasaporte han sido utilizados para que nos paguen algún cheque en la ventanilla de cualquier banco del sistema.
Ahora el país está sumido en un caos de la identificación, especialmente los jóvenes que no tenían cédula de vecindad y que ahora está costando muchísimo que les puedan extender el DPI. La Ley de Cédulas de Vecindad fue derogada a través del Decreto 29-2007 del Congreso de la República, busqué de qué manera es que, ante el caos inoperante del RENAP, volvieron a darle vida jurídica a la cédula de vecindad, pero no pude encontrar nada en internet.
Lo que sí encontré es que el RENAP fue creado mediante Decreto 90-2005 del Congreso de la República, de fecha 23 de noviembre de 2005, así como el Decreto 008-2010 del Congreso de la República, de fecha 18 de febrero de 2010, mediante el cual se aprueba la contratación de un préstamo por US$.115.0 millones para apoyar la implementación del DPI a nivel nacional.
Considero que hay errores conceptuales desde la creación de esta Institución en el Congreso de la República. Tratar de documentar a todos los ciudadanos en forma simultánea, por ejemplo, ha sido craso error. Establecer, por ley, que será un ingeniero en sistemas quien dirija una institución tan complicada, y determinar la ley que el Directorio estará integrado por el Ministro de Gobernación, que de antemano se sabe que no va a hacerlo, limitando a dicho funcionario para nombrar a uno de los Viceministros, o establecer, a priori, que quien nombre el Congreso para integrar dicho Directorio también deberá ser ingeniero en sistemas, o nombrar a uno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no garantiza el necesario liderazgo para sortear la clase de obstáculos, de toda índole, ha de tener que solucionar el Director Ejecutivo.
Todos los profesionales tendemos a tener una manera peculiar de pensar. Los abogados seremos abogados, los ingenieros civiles también, como los arquitectos o los veterinarios, o los ingenieros agrónomos. He trabajado con ingenieros en sistemas y la vocación primigenia en ellos es desarrollar sistemas informáticos, pero un Registro se apoya en los sistemas, no es, per se, uno de ellos.
Porque he sido parte importante del equipo que rescató del caos al Registro General de la Propiedad, después del colapso informático que tuvo en mayo de 2003, que dio al traste con casi todo lo que, durante años, se había hecho por avanzar, conozco de perfiles de puestos y a lo que se están enfrentando, y puedo hablar con suficiente autoridad de estas cosas. El liderazgo no tiene profesión.
El reto de que todo ciudadano guatemalteco tuviese un documento de identidad confiable debió segmentarse por departamentos, dejando a los gobiernos locales, mientras tanto, la responsabilidad legal de continuar documentando, con cédulas de vecindad, a sus vecinos, e ir, en la medida que avanzara el fortalecimiento de la Institución, cubriendo, uno a uno, más departamentos.
Desde mi particular punto de vista, en la medida que avancemos en la implementación del DPI, la legislación, para efectos de identificar personas, debiera flexibilizarse. Un pasaporte nacional o una licencia de conducir, extendidos con base en el DPI (diferenciación fácil de hacer), debiera ser suficiente para que, de buena fe, nos podamos identificar ante la banca, el comercio o las dependencias oficiales, incluyendo tribunales.
A la par, debieran endurecerse las normas que penalizan la utilización de documentos falsos para desincentivar una práctica que también es aprovechada por pilotos del transporte colectivo o del transporte pesado, lo cual facilita la evasión de responsabilidades a la hora de un percance.
Son ejemplos de algunas cosas que vienen funcionando al revés y que, algún día, tenemos que comenzar a componer.
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