LOS 13 JUECES TRASLADADOS POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN. ¿SERÁN SÓLO 13?

Hoy es noticia en Guatemala la decisión de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de trasladar a 13 jueces acusados de corrupción. ¿Es eso lo que se merece el público usuario? ¿Qué pensarán los pobladores de los lugares a donde estos "juzgadores" están siendo trasladados, de que sus asuntos, ahora, en lugar de dirimirse se conviertan en mercancía?

Coincide la noticia con la manifestación de desacuerdo del Presidente de la CSJ con las declaraciones del Director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, relativas a lo mal que está la administración de justicia en nuestro país, y contrasta que el Presidente de la primera sea de la opinión de que las cosas no son tan dramáticas como el abogado español dice, y acto seguido le toque ser parte de una resolución que no convence a nadie, por muy bien intencionados que todos los magistrados de la CSJ puedan ser.

En mis poco más de cuatro años como funcionario público en el Registro General de la Propiedad, RGP, agobiados con tantos casos de ilegalidades que íbamos descubriendo, especialmente de usurpaciones de propiedades que se cometen en la calle, no en el RGP, invitamos al entonces Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, licenciado Juan Luis Florido, a conocer, in situ, algunos de estos casos representativos de una realidad que agobiaba a la población y la mantenía en zozobra, todo con la finalidad de que asignara a un fiscal para darle seguimiento a los casos, ya que cada uno iba a parar a diferente fiscalía y esta materia es tan especializada que requiere cierta experiencia tan sólo para entender la maraña que representa cada situación. La respuesta del fiscal Florido fue más allá, y no designó un fiscal sino creó una fiscalía para atender la avalancha de casos que veníamos descubriendo.

Las casi 300 denuncias que planteamos en el tiempo de esa gestión implicaron mantener una estrecha relación con la recientemente formada fiscalía y, además, mantenerlo también con algunos tribunales de justicia que, por no existir uno especializado, conocen muchos jueces que, la mayoría de los casos, parecen no entender ni siquiera cómo se lee una certificación de dicho registro, razón por la cual he venido planteando la creación de los tribunales privativos de la tierra y los derechos de propiedad, pero eso será otro tema.

Esos cuatro años de relación con el sistema judicial, tratando de "meter al bote" a los mañosos y de proteger a la ciudadanía, fueron frustrantes, de manera que entendemos perfectamente cuando se habla de corrupción de jueces y de que no pase absolutamente nada al respecto. Especialmente frustrante fue lograr la captura del famoso "abuelo", un abogado líder de una banda de estafadores y usurpadores de propiedades, y que al día siguiente de su captura llegara a las instalaciones del RGP a preguntar si no había dejado ahí su carnet del Colegio de Abogados, como para que lo viéramos que ya andaba nuevamente en la calle.

Guatemala no puede seguir así. La labor de revisar los proyectos de las leyes que hay que cambiar, obligadamente, debería de ser iniciada por los grupos que se han organizado mejor, en estos últimos tiempos, alrededor de la elección de nuevos magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la CSJ, y aunque suene simplista de nuestra parte, deberían concretarse a dos cosas:
1. los jueces deben ser los responsables del tribunal, incluyendo la contratación y despido del personal a su cargo, dado que actualmente, los subalternos no tienen interés de hacer las cosas que su superior, el juez, manda, primero porque este no tiene capacidad de despedirlos, segundo porque la protección del sindicato, que debiera limitarse a conseguir mejoras gremiales, ha desvirtuado esta relación en perjuicio de la eficiencia del tribunal y, por ende, del público usuario en quien casi nadie piensa y se ha de imaginar que tiene paciencia de santo.
2. la capacidad de despedir a un mal empleado o funcionario, sea juez o magistrado, cuando no cumpla con los requisitos y conducta intachable que la misma ley debiera prever.

Luego, este proyecto de reformas a la ley, consensuada por los usuarios representados por la sociedad civil, debiera socializarse con los magistrados de la CSJ para que todos estén convencidos del beneficio de dichos cambios y luego, el Presidente de la CSJ debiera enviar dicha iniciativa al Congreso de la República para que sean aprobadas, con el acompañamiento de la sociedad civil, es decir, sin las aborrecidas componendas de casi siempre.

Guatemala no se merece jueces tachados de corrupción. Los ciudadanos que acuden a los tribunales a pedir justicia esperan que sus asuntos sean conocidos, valorados y juzgados por personas ecuánimes, de altos principios morales, que sean un ejemplo de una vida digna en las comunidades que sirven, no mercaderes con licencia para transar por un valor económico los derechos de un particular o la impunidad, cuando se trata de asuntos perseguibles de oficio.

Un traslado hoy, sin hacer nada al respecto, significa la contaminación de corrupción de otros lugares en donde pueda estar funcionando debidamente la administración de justicia. Un traslado hoy, sin más, significa comenzar a acumular denuncias de corrupción en otros lugares para justificar, en un par de años, otro traslado, y eso tiene visos de no terminar.

Por eso levanto mi voz, hoy, en nombre de todas esas personas que no la tienen, pero que son usuarios del sistema de justicia; en nombre de los más necesitados que no pueden ser atendidos porque funcionarios corruptos han malversado o se han robado los recursos de Estado y la justicia, en sus diferentes facetas, se presta a hacerles el juego; en nombre de las personas despojadas por cualquier transa que no hallan consuelo en ningún lado; por todos esos familiares que han perdido un ser querido debido a la violencia, que claman justicia, y por este tipo de jueces son capaces de no encontrarla; por todos esos jóvenes que en un futuro pueden ser víctimas de extorsionistas y sicarios que, por unos centavos, se procede a dejar en libertad con la posibilidad de seguir delinquiendo, de seguir produciendo más víctimas, más muertos.

No hay tiempo que perder. Hay que emprender los cambios pero, mientras estos se dan, dado que los jueces tachados de corruptos no van a renunciar porque no tienen dignidad, habría que hacer un esfuerzo por mantenerlos monitoreados constantemente. Son otra especie de colaboradores de la delincuencia que todos debemos ayudar a frenar.