PORFIRIO LOBO SUSTITUYE A ROBERTO MICHELETTI EN LA PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DE HONDURAS

Hoy tomó posesión del cargo de Presidente de la República de Honduras el ciudadano José Lobo; hoy dejó de ser el Presidente, Roberto Micheletti; hoy finalizaron las esperanzas de quienes veían a Manuel Zelaya, depuesto conforme a la Constitución de su país, en un impulso más ideológico que jurídico, como Presidente de ese país y, por ende, con posibilidad de regresar a ocupar dicho cargo, llevando una crisis política, que bien pudo terminar hace muchos meses sin la interferencia de la OEA, de los países miembros de la ALBA y de otros países que pretendían que los hondureños no aplicaran su Constitución y sus leyes, a prolongarse por varios meses más.

Ya no debería escribir sobre este tema pero me puse a pensar que hacerlo constituye algo así como un deber con las personas que han seguido mis comentarios alrededor de dicho tema, de manera que prefiero finalizar la serie de la crisis política hondureña con esta entrega.

Parto de la base de respetar las decisiones políticas que han sido tomadas por los hondureños. Si el Congreso Nacional resolvió, ayer lunes 26 de enero de 2010, decretar una amnistía general para todas las personas que, de una u otra manera, estuvieron involucrados en los hechos que, no tengo claro porque desconozco el texto, pero asumo que a partir del 28 de junio de 2009, reconozco que están en su derecho de hacerlo.

Por su parte, el primer acto del nuevo gobernante fue sancionar dicho decreto para que cobrara efecto inmediatamente, de modo que hoy mismo, por la tarde, el ex presidente Zelaya pudo abandonar tranquilamente Honduras, rumbo a República Dominicana, pero amenazando, por decirlo de alguna manera, con volver. Ojalá le caiga bien el sol de esa bella isla caribeña, hoy azotada en su parte occidental por uno de los terremotos más devastadores de las últimas décadas; y que la brisa marina, oxigenada, le ayude a aclarar sus pensamientos.

Son actos legales y legítimos, que son dos cosas distintas, efectuadas por dos de los organismos del Estado que vienen a calmar los ánimos de algunos líderes externos pero, pienso yo, a costa de un desgaste espantoso, a nivel interno, que si piensan como quien escribe, estarán sintiéndose un poco decepcionados y, posiblemente, habrá quienes duden del beneficio de caer bien con una comunidad internacional que, en los peores momentos de la crisis, no los doblegó, de forma que ahora, con menos razón estarían en capacidad de hacerlo.

Reconozco que los políticos hondureños, diputados y presidente, están en mejor capacidad que yo, que vivo en otro país, para percibir la necesidad o no de haber llevado a cabo esta medida. Ojalá les traiga, internamente, la paz que desde este ángulo sólo veo complaciente para los vociferantes de la comunidad internacional.

Sigo sosteniendo que era una oportunidad de oro para dejar establecidos precedentes muy serios acerca del comportamiento que todo mandatario debe tener para con su Constitución, la cual todos los funcionarios que asumen un puesto público juran cumplir y defender.

El mensaje que se le envía a la población, especialmente a las nuevas generaciones que vienen y vendrán a incorporarse al quehacer político, es que cualquier violación a la Constitución o a las leyes es válida, en la medida que la clase política es capaz de ponerse de acuerdo para taparse unos a otros.

No digo que ese sea el caso exactamente en esta oportunidad, sino que la percepción de los ciudadanos comunes y corrientes siempre ha sido esa, y este tipo de acuerdos, ante los ojos y sentidos cansados de los electores no se ve como un acuerdo político serio en beneficio del país, sino como una componenda más.

Encima, las declaraciones del hoy Presidente de la República en cuanto a la instalación de la Comisión de la Verdad me parecen contradictorias. ¿Qué sentido tiene, después de una amnistía general, hurgar en la herida? ¿Se tomó, realmente, esta medida, para pasar la página? Si dicha Comisión de la Verdad es instalada, sólo servirá para que exista más desgaste para el gobernante. En todo caso, habrá escritores de uno u otro bando que cuenten su verdad, y corresponderá a la historia esclarecer, con algún grado de balance, todos los sucesos previos que detonaron la crisis y los hechos que casi todos conocemos.

La Comisión de la Verdad es parte del Acuerdo Guaymuras que, por todo lo demás, está muerto o, por lo menos, sobrepasado por los hechos. No tiene sentido establecerla bajo las actuales circunstancias, a menos que se desee prolongar la zozobra de ese pueblo valiente, por demás, que supo escoger al líder apropiado y defender no sólo su soberanía sino los elementales principios de la democracia que se vieron amenazados.

Hondureños y hondureñas: se merecen paz, trabajo digno, buenos ingresos, concresión de proyectos, alcance de metas, estabilidad, respeto de todos. Desde esta tribuna se lo deseamos de todo corazón.