TODOS HIJOS O TODOS ENTENADOS. MANUEL ZELAYA NO DEBE EVADIR LA JUSTICIA.

Poco más de 5 meses después de la salida forzosa de Manuel Zelaya de Honduras, en un Golpe de Estado sui generis, la evolución de la crisis fue en aumento para entrar en un desvanecimiento aparente. Zelaya sigue en su jaula de oro, la embajada que él, con Gloria Oquelí, la entonces Coordinadora de Debates del PARLACÉN, escogieron aquél ya lejano 21 de septiembre de 2009.

Por su parte, el pueblo hondureño se pronunció acudiendo a las urnas masivamente, aunque cables de prensa que citan al presidente anterior, y algunos columnistas trasnochados, insistan en ir a contrapelo de la realidad, que al fin y al cabo es la única verdad que existe. No hay dos, así estén publicadas en los medios masivos de comunicación más grandes o más, también aparentemente, prestigiosos.

Yo sigo pensando que el Acuerdo Guaymuras, que no sé porqué le pusieron también Tegugigalpa/San José (especialmente porque la propuesta de Oscar Arias, que era integral, no por partes, ya estaba superada y no aprobada), sigue vigente.

Se ha cumplido gran parte de los puntos acordados, políticamente, por las partes. Se conformó la Comisión de Verificación, se hicieron las consultas no vinculantes a algunos organos del Estado, previo a que el Congreso Nacional se reuniera, por segunda vez, a decidir si se aprobaba una ficción jurídico-política que consisitía en retrotraer las cosas a como estaban el 28 de junio de 2009, lo cual ya sucedió en una sesión histórica que pudimos observar en parte, en directo, a través de internet, ocasión en la que Manuel Zelaya sumó algunos votos más de los 5 originales que obtuvo en la sesión del 29 de junio pasado, llegando ahora a 11 votos a su favor; y, finalmente, se apoyó y se llevó a cabo el proceso electoral, probablemente el más vigilado de la historia del mundo a excepción de la elección nicaragüense de febrero de 1989 que llevó a la Presidencia de la República a la señora Violeta Barrios de Chamorro.

El punto del Acuerdo que se refiere a la integración de un Gobierno de Reconciliación y Unidad es de los que no podrá llevarse a cabo por la terquedad de Manuel Zelaya de querer presidirlo a toda costa, asunto que no es parte de lo pactado, razón por la cual se emberrinchó y no propuoso, como sí se pactó, a personas allegadas a su pensamiento para integrar dicho gobierno. Eso ya es agua pasada.

Sin embargo, hay puntos que están pendientes de resolverse, tales como la instalación del nuevo gobierno constitucional que algunos países de la denominada comunidad internacional insisten en no reconocer, aunque en su momento sí aplaudieron el Acuerdo Guaymuras y éste es uno de los puntos pactados.

También está pendiente la integración de la Comisión de la Verdad, una vez el nuevo gobierno encabezado por Porfirio Lobo esté en funciones.

En estos días he leído algunas declaraciones, en los medios impresos (aunque felizmente cada vez son menos y de menor importancia por su tamaño), relacionadas con la opinión favorable del Presidente Electo (Lobo) de que el Presidente Interino, Roberto Micheletti, deje la Presidencia para favorecer la situación general del país con relación a esos países recalcitrantes que no quieren reconocer el mandato popular, como el caso del gobierno de Guatemala. En lo personal no esto de acuerdo con este tipo de declaraciones: en primer lugar porque creo que es ingrata luego del esfuerzo de Roberto Micheletti, primero como Presidente del Congreso, posición desde la cual vino actuando políticamente para blindar al Congreso Nacional frente a los embates que sabía se estaban fraguando para el país desde la Presidencia de la República, luego por haber representado con mucha dignidad el papel histórico que el mismo Congreso le confirió, razón por la cual deviene secundario señalar que, además, es una declaración que va en contra de los actos legales y legítimos del Organismo Legislativo de ese país.

También he leído que se está sometiendo a juicio a los militares para determinar responsabilidades, judicialmente, acerca de los hechos acaecidos aquel ya lejano 28 de junio de 2009, ante lo cual tengo sentimientos encontrados: En primer lugar, creo que finalmente sí debiera abrirse procesos judiciales a los militares, al igual que a todas aquellas personas que de una u otra manera violaron la Constitución hondureña, comenzando por Manuel Zelaya Rosales, pero no termino de entender, entonces, cuál será la materia de la Comisión de la Verdad o si esta servirá sólo para guardar un tomo de la historia de Honduras. En fin, tal como todo lo anterior, es también un asunto interno de ese país y no hay más que respetarlo y respaldarlo.

Además, paralelamente se viene hablando de la eventual salida de Manuel Zelaya a otro país, con lo cual debo expresar, categóricamente, que no estoy de acuerdo. Ni siquiera en calidad de exiliado político. Recordemos que dentro de los procesos abiertos en su contra no sólo hay delitos políticos y conexos; hay acusaciones de malversación de fondos, de narcotráfico, de enriquecimiento ilícito, entre otros, que no tienen que ver con temas políticos.

Además, todas las constituciones del mundo establecen la igualdad de las personas, y darle a Zelaya este tipo de tratamiento mientras que los tribunales de justicia tienen sujetos a proceso a otras personas, por los mismos hechos, es discriminatorio. El general del Ejército, el soldado que obedeció órdenes, cualquier diputado o el mismo ex-presidente, debieran enfrentar las consecuencias de sus respectivos actos desde un plano de igualdad.

Yo me enorgullezco de ser político, pero para serlo de verdad hay que estar dispuesto a afrontar las consecuencias de sus propios actos cuando se actúa en función pública o privada, y salir el mayor responsable por la cocina mientras en el frente se dan los debates para discutir la responsabilidad de otros más o menos implicados en el asunto, como que no es de justicia.

Si Manuel Zelaya sale absuelto de un juicio imparcial que se lleve a cabo públicamente con todas las garantías, pues que se quede en su país o que se vaya a vivir libremente a donde quiera, pero no puede evadir su responsabilidad ante la justicia de su país porque sería burlar nuevamente a los hondureños y dejar sentados unos pésimos antecedentes para el futuro, dañando por demás la imágen de toda la clase política, la cual, por el contrario, saldría fortalecida de todo este embrollo que, ya lo dije, el autoritarismo y la prepotencia causaron.

Finalmente, no se ha sometido el causante de tales embrollos a la justicia y ya se comienza a hablar de amnistía, razón por la cual también tengo que manifestar mi desacuerdo, ya que esa salida solamente vendría a dañar, sin dudas, a toda la clase política hondureña que, ante la crisis, ha manifestado madurez y que su país está por encima de intereses partidarios, sectarios o particulares.

Por lo menos faltan menos de tres semanas para que pasemos a otro capítulo dentro de todo el tema de la crisis política hondureña, la cual no finalizará del todo con el advenimiento del nuevo gobierno constitucional.