La primera vez que recuerdo haber intervenido, públicamente, en un debate acerca de la pena de muerte, fue, quizás, en la primera legislatura del Parlamento Centroamericano, que se dio entre 1991-1996 porque, en el mismo, los únicos dos diputados que, recuerdo, estábamos a favor de la misma, eramos el salvadoreño Sidney Mazzini y yo.
Surgió la discusión a raíz de una iniciativa que alguien presentó con la finalidad de que la pena de muerte se erradicara de Centroamérica, y si bien no fuimos muchos quienes intervenimos en su defensa, a la hora de la votación la iniciativa no pasó y fue descartada, según recuerdo, con la consiguiente y ahora acostumbrada palmada en el hombro, acompañada de una felicitación.
Es que ésa parece ser la costumbre de muchos diputados y de las personas de la calle, que sienten algún temor de defender sus ideas o quién sabe qué, y prefieren apoyar los argumentos de alguien más que salir a enarbolar bandera alguna. Pero este no es el tema.
Durante los últimos tiempos he venido escribiendo acerca del tema, defendiendo el derecho de la mayoría de guatemaltecos de aplicar sus propias leyes y no la de algún Tratado o Convenio que, por muy bien intencionado por haber sido enmarcado en la situación política y social de otra era, le hace más daño a la ciudadanía de bien, honrada y trabajadora, que lo que la protege.
Artículos acerca de los linchamientos, de lo que he identificado como el "Síndrome del Chucho" y otros más, están ligados al tema.
Ahora que la violencia se ha ensañado más con los guatemaltecos, que al haber ametrallamientos y lanzamiento de granadas podemos hablar de terrorismo en las calles y, por qué no decirlo, ahora que se acercan las elecciones, una bancada de diputados hace publicaciones en la prensa pidiendo que se revise el tema de la pena de muerte, que se denuncie el Pacto de San José y que se comience a aplicar. Hasta editoriales de la prensa escrita comentan el comunicado.
A mí me parece bien que cualquiera se vaya sumando a este orden de ideas. Con lo que no estoy de acuerdo es con que el tema se politice más de lo debido y se convierta en un asunto electorero.
Comprendo que es algo que deberá ser resuelto por los políticos, y yo soy uno de ellos, pero no comprendo cómo quienes hacen política y están en capacidad de cambiar las cosas han dejado que lleguemos a los niveles en que la violencia nos tiene sumidos y, por otro lado, hayan dejado pasar un tiempo valioso, el de los primeros años de gobierno y de legislatura en el Congreso de la República, y sea hasta ahora, con el proceso electoral en ciernes, que retomen un tema que debió haberse resuelto desde hace tiempo.
La pena de muerte es un tema delicado, objeto de todo mi respeto, que debe ser visto no como tema de campaña sino como parte de la agenda del país, la de comenzar a priorizar varias cosas: la jerarquía de las leyes, los derechos de las víctimas de los delincuentes, los de los deudos de las víctimas que fallecieron en manos de la delincuencia; valorizar ante la sociedad que quien la hace, la paga, como un ejemplo necesario para todas aquellas personas que, en el uso de su libre albedrío, optan por cometer fechorías.
Toda sociedad tiene derecho de encontrar las maneras de sanar cuando se encuentra enferma. Guatemala está enferma de tanta delicuencia, y una de las maneras de elimiar las partes enfermas de su sociedad es la pena de muerte.
Desde esta tribuna virtual felicitamos a la bancada que se ha sumado a la posición que hemos venido defendiendo y que es la de muchos guatemaltecos, quizás la gran mayoría que prefiere que funcione el sistema, como fue previsto, que recurrir a los linchamientos públicos.
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