La edición de mayo 2010 de la revista EL ECONOMISTA trae, en las páginas 26 y 27, un artículo ilustrativo de la manera en que algunos políticos que no entienden que sus actuaciones, tratando de componer algo, producen efectos posiblemente más devastadores de lo que están tratando de arreglar.
Se trata de una ley de apenas doce artículos que la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó recientemente, denominada “Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora”, nombre quizás más largo que la ley misma, la cual establece parámetros como limitar la tasa de interés, otorgar períodos de gracia, alargar los plazos de quienes, siendo deudores de microcréditos, se encuentran morosos, así como obligar a las empresas que confiaron en ellos y les dieron financiamiento que, a su vez, tienen que pagar a quienes proveen esos recursos, a asumir no sólo los intereses por mora sino los gastos de cobranza.
Nicaragua ha tenido, según mi experiencia, una larga historia cultural de endeudarse y, finalmente, no pagar. Hasta había un Ministro de Finanzas que, según cuentan, tenía una pluma para firmar los documentos en que comprometía al país con más deuda con garantía soberana, que llevaba grabada la leyenda “firmar me harás, pagar jamás”. Seguramente este es uno de los grandes impedimentos para el desarrollo.
Ahora que se vino la crisis financiera que ha golpeado las economías de todo el mundo, la nicaragüense no fue la excepción; y así como en Estados Unidos, en España o en Guatemala, empresarios y trabajadores estamos pasando penas, igual sucedió en el resto del mundo sin que Nicaragua fuese la excepción.
Lo malo es que una actividad de financiamiento a los pequeños productores urbanos, a los campesinos, a las mujeres, que generalmente no encuentran quién confíe en ellos y les preste el dinero necesario para levantar un negocio o hacerlo prosperar, que generalmente son buena paga y que se les suele otorgar esos préstamos sin garantía porque no tienen bien alguno que ofrecer para cumplir este requisito, se han visto damnificados por la intromisión de una decisión política en una actividad eminentemente privada.
Es loable que se quiera defender al débil, pero no es lógico que porque subió la tasa de préstamos en mora del 4% al 15%, se penalice al 100% de la cartera de clientes, es decir, al 85% restante que sí está al día y que lo menos que merece es que se crea en ellos y se les siga apoyando.
¿Cómo ha sucedido lo anterior?
Resulta que las entidades que se dedican a hacer préstamos a los pequeños productores a los cuales nos hemos referido, no trabajan con capital propio sino suelen fondearse con recursos de países e instituciones, generalmente de Europa y de Estados Unidos, en ese orden, que confían en la labor que vienen desempeñando.
Algunas instituciones que prestan para ese fin lo hacen con tasas de interés concesionales, pero no son la mayoría. La parte más grande de los fondos suele provenir de entidades que se dedican a prestar; ése es su negocio. Luego, las entidades prestamistas de primer piso efectúan una mezcla de recursos para poder ofrecer, a su cartera de clientes, sumas de dinero con la tasa más competitiva que puedan, cubriendo a través de la misma sus propios costos de intermediación y obteniendo una ganancia legítima.
Entendamos que no cualquiera se mete a prestarle a personas que no tienen bienes que hipotecar o que pignorar a cambio. Esta actividad, veámoslo bien, fluctúa entre las fronteras del lucro y de la labor social y, bien importante decirlo, suele atender, generalmente, a un substrato de personas a quienes el Estado no está en capacidad de hacerlo.
Luego, con la quizás bienintencionada intromisión política en la actividad, ahora resulta que las mocrofinanciadoras tienen dificultad para encontrar, en el mundo, capitales que puedan ser arriesgados en una actividad en donde existe el riesgo de no recuperarlos.
El artículo habla de alrededor de US$.70.0 millones los que, en 2010, dejarán de conseguir las financiadoras de primer piso, lo que significa que serán muchísimos buenos y hasta excelentes deudores, que han venido pagando al día sus créditos a pesar de la crisis económica global, los que no podrán renovar este año y el siguiente sus respectivos créditos, vedándoseles indirectamente el derecho a acceder a algo tan vital, el crédito, después de haberse abierto brecha no sólo con un gran esfuerzo personal sino con honradez.
La Ley comentada no surgió por generación espontánea. Es producto de un movimiento de unos pocos que ha venido dándose para no pagar, de modo que eso nos permite preguntarnos: ¿cuántos deudores, de ese 15% de quienes están morosos, está realmente en condiciones dificultosas para pagar?, ¿dentro de ese porcentaje hay muchos deudores que simplemente, ante la expectativa de ese perdón de deudas que ya anteriormente se ha visto en el país, simplemente se montaron sobre la ola para navegar a costillas de los demás?
La pérdida de credibilidad para invertir en el país, pero especialmente la pérdida de empleos que una ley de simples doce artículos producirá, sse calcula que será de más de 100,000, sin contar la zozobra que más de 100,000 clientes honrados, también, tendrán ante la certeza de quedarse sin crédito.
Bien dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
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